GUÍA DE SOLUCIONES DE PROBLEMAS PRÁCTICOS EN SALIDAS ALTERNATIVAS
(Artículo 301 NCPP)

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1. ¿Que son las salidas alternativas en términos simples y cuáles son así consideradas en la práctica forense boliviana?

De la manera más simple, una noción que acerca a la esencia del instituto indica que son formas o mecanismos de solución del conflicto penal adoptadas por el Estado distintas al juicio ordinario.

Si bien existe discusión doctrinal respecto de cuáles pueden ser consideradas en esencia salidas alternativas y cuáles no (1), la práctica procesal boliviana (2) considera como tales a: 1) los Criterios de Oportunidad reglada (Arts. 21; 22; 54 inc. 2º y 301 inc. 4º del CPP y arts. 45 inc. 11 y 64 de la LOMP), aunque gran parte de la doctrina los considera como excepciones al principio de legalidad procesal penal u oficiosidad o también de necesidad (3). 2) la Suspensión Condicional del Procedimiento (Arts. 23 al 25; 301 inc. 4º del CPP y 45 inc. 11 y 64 de la LOMP); 3) la Conciliación (Arts. 27 inc. 6 del CPP y arts. 45 inc. 11; 64 y 65 de la LOMP) y 4) el Procedimiento Abreviado (Arts. 301 inc. 4º; 373 y 374 del CPP y arts. 45 inc. 11 y 64 de la LOMP), aunque también en este caso la doctrina discute su tratamiento como salida alternativa, toda vez que en este instituto termina con la emisión de una sentencia.

(1) La doctrina discute este tema, sosteniendo que en el caso de los criterios de oportunidad, se tratan de excepciones al principio de legalidad procesal penal u obligatoriedad y, tratándose del procedimiento abreviado alegando que es no es una salida u opción al procedimiento ordinario, sino un procedimiento especial.

(2) SC 1665/2003-R “III.1 Que, este Tribunal en SC 1152/2002-R, de 23 de septiembre, estableció que: ‘la regla general del nuevo sistema procesal penal es el principio de legalidad o de obligatoriedad, según el cual corresponde al Ministerio Público instar la acción penal y dirigir la investigación, cuando tenga conocimiento de la perpetración de un delito y existan mínimas razones de su comisión, como se colige de las previsiones contenidas en los arts.73, 302 CPP. (…) Como excepción al principio de legalidad referido, se tiene el principio de oportunidad según el cual la Ley en determinados supuestos faculta al Fiscal abstenerse de promover la acción penal o de provocar el sobreseimiento de la causa si el proceso ya se ha instaurado, con la finalidad de facilitar el descongestionamiento del aparato judicial y de permitir a la víctima lograr la reparación del daño sufrido, como se desprende de los arts. 21-23, 72, 373 y 377 del CPP.’Como emergencia de la aplicación del principio de oportunidad referido, están las salidas alternativas, entre ellas: la suspensión condicional del proceso, la aplicación de un criterio de oportunidad, la sustanciación del procedimiento abreviado o la conciliación, la última que es un acuerdo por el cual las partes, de modo excepcional convienen en resolver un litigio de común acuerdo y en forma definitiva, antes o después de iniciado el proceso; acuerdo que en materia procedimental penal, se puede dar sólo cuando se reúnen ciertas condiciones, tales como: a) que se trate de delitos de contenido patrimonial o culposos; b) que no tengan por resultado la muerte y; c) no exista un interés público gravemente comprometido, como se establece en la norma del art. 65 LOMP.”

(3) Este principio -con algunos matices- sostiene todo hecho supuestamente delictivo debiera ser investigado y juzgado por la administración de justicia penal o, conforme VASQUEZ CASTRO cita en “Reflexiones sobre el Nuevo Proceso penal Boliviano” pág. 293, “se basa esencialmente en la obligación que le viene impuesta al Estado de perseguir toda conducta que revista características de delito según los elementos de tipicidad contenidos en la legislación penal vigente, de forma tal que no es dable dejar a la voluntad de ninguna institución o individuo los criterios de persecución, sino que ésta debe operar con carácter automático”. No obstante, este principio es fuertemente cuestionado ya que si bien antiguamente fue considerado como un enorme avance frente a las arbitrariedades cometidas por el poder que perseguía solamente a determinadas personas, en la actualidad se reconoce que omite considerar que la persecución penal de todos los hechos supuestamente delictivos es una ilusión completamente alejada de la realidad y que sólo contribuye a congestionar el sistema penal y penitenciario; disminuir el grado de eficiencia en la investigación y dificultar la investigación y persecución de delitos complejos, por lo que se aconseja establecer prioridades en la persecución penal, según la mayor o menos lesividad social del hecho. En esa línea DUCE Mauricio y RIEGO Cristian en “Introducción al Nuevo Sistema Procesal Penal” págs. 190-191 aclaran que en sistemas como el nuestro, el principio de legalidad se mantiene como regla general del sistema, pero a la vez, se introduce la permisión que los agentes u órganos de persecución penal puedan, por excepción, suspender, no continuar o poner término anticipado a la misma.

2. ¿Qué es lo que se pretende con el uso de las salidas alternativas?

Se pretende flexibilizar, economizar y descongestionar el sistema penal boliviano que desde antiguo está caracterizado por la imposibilidad de resolver oportunamente las causas penales y el hacinamiento carcelario.

Se parte del reconocimiento que ningún sistema, incluso aquellos que cuentan con mayores y mejores medios, será capaz de investigar y juzgar eficiente y oportunamente todos los hechos supuestamente delictivos que llegan a su conocimiento.

Además, acarrean beneficios para todos los que se encuentran inmersos en el sistema de administración de justicia penal, ya que el Estado puede optimizar el uso de sus escasos recursos sin utilizar la fuerza; la víctima tiene a su alcance alternativas ágiles y consensuadas de solución a su conflicto humano en la medida que ello es posible y el imputado puede resolver el problema que ha causado con su actuación, recurriendo a alternativas menos violentas y estigmatizantes que las tradicionales, mucho más efectivas en función a la resocialización del individuo y que contribuyen a desarrollar su capacidad de autodeterminación y responsabilidad.

3. ¿Cuáles son las ventajas en concreto para el sistema y las partes cuando los procesos son resueltos a través de salidas alternativas?.

Existen varias que pueden ser abordadas desde el propósito para el que han sido incorporadas en nuestra economía jurídica. Parte del reconocimiento que el verdadero fin del proceso penal es la resolución del conflicto humano que afecta principalmente a la víctima y su entorno (*).

Para ello, se pretende diversificar las respuestas que el Estado brinda al ciudadano, pero no de cualquier manera, sino recurriendo a soluciones ágiles, factibles y consensuadas que disminuyen notablemente el grado de violencia estatal que se ejerce sobre el imputado y la sociedad, priorizando la reparación por encima de la simple represión, de forma que se logre una adecuada racionalización en el uso de los recursos estatales destinados a la persecución.

Se pretende también lograr una mayor y mejor reinserción del individuo en la sociedad, pues más allá de que pueda conservar su libertad, seguir trabajando y mantener sus vínculos familiares, se evita su desarraigo familiar, social y laboral. Por tanto, el costo social y económico es mucho menor frente al internamiento e incluso, frente al juzgamiento ordinario, así sea en un sistema de corte acusatorio – oral. También, la resolución del conflicto mediante salidas alternativas le otorga a la víctima una efectiva participación en el trámite, poniendo en un lugar importante sus intereses, sean económicos, afectivos o de cualquier otra naturaleza. Finalmente, se identifican como mecanismos idóneos para lograr paz social.

El rol social de las salidas alternativas tiene una doble virtud, por un lado evita que el sistema penal genere una doble victimización y criminalización tanto de la víctima como del imputado y por lo tanto se convierta en un verdadero mecanismo de paz y control social, permitiendo al Estado resolver el conflicto.

En consecuencia, las ventajas del uso de salidas alternativas para el sistema, pueden resumirse de la siguiente manera:

1. Brindar a los Ciudadanos (victima e imputado) una solución pronta al conflicto que los enfrenta.

2. Permitir ahorro de tiempo, recursos materiales y humanos para el sistema.

3. Permitir la persecución e investigación eficaz de hechos delictivos más lesivos para la sociedad.

4. Lograr la paz social.

Las ventajas para la victima son:

1. Participar activamente en el trámite.

2. Conseguir la reparación oportuna del daño sufrido.

3. Satisfacción por el resultado

Las ventajas para el imputado son:

1. No ser sometido a Juicio Oral público, con todas las consecuencias que implica.

2. Minimizar el daño moral para él y su entorno familiar.

3. Facilitar su inserción social.

(*) Una de las consecuencias de la introducción de las salidas alternativas a la economía jurídica boliviana, se halla claramente plasmada en los Principios Generales de la Ley Orgánica del Ministerio Público de 13 de febrero de 2001(Ley Nº 2175), cuyo artículo 7 denominado precisamente Solución del Conflicto, prescribe que: “El Ministerio Público buscará prioritariamente, dentro del marco de la legalidad, la solución del conflicto penal, mediante la aplicación de los criterios de oportunidad y demás alternativas previstas en el Código de Procedimiento Penal. Asimismo, promoverá la paz social privilegiando la persecución de los hechos punibles que afecten gravemente el interés público”.

4. ¿Cuál es el la importancia que tiene una salida alternativa, frente a la resolución tradicional del conflicto jurídico penal a través del juicio oral?

La importancia se encuentra directamente vinculada con las ventajas para el sistema y las partes anteriormente mencionadas; pueden ser resumidas en que constituyen una respuesta de alta calidad del sistema que posibilita una solución diferente a la tradicional persecución penal; también con el descongestionamiento del sistema de administración de justicia mediante el uso de soluciones menos violentas y criminógenas.

Por otro lado, las partes solucionan o sientan las bases para la solución del conflicto –en la medida que puede ser solucionado- utilizando menos recursos económicos, temporales e incluso psicológicos, tomando en cuenta que todo proceso penal, genera tensiones para sus intervinientes (criminalización secundaria y victimización secundaria). Puede también sostenerse, acertadamente, que produce un efecto de ahorro de recursos, frecuentemente escasos del ciudadano, la sociedad y el Estado; ahorro que debe ser comprendido en términos de costo beneficio, es decir, no sólo lo que se gana sino los gastos en los que no se incurre (*).

(*) Puede ampliarse el tema consultando “El costo – beneficio de la reforma procesal penal” Daniel MANCILLA y Marcelo TORRES. En “Nuevo Código de Procedimiento Penal. Comentarios e Índices”. GTZ – MSD/USAID- Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 1ª edición, La Paz, 1999; páginas 85 a 99.

5. ¿El Nuevo Código de Procedimiento Penal las menciona con ese nombre? ¿Existe alguna norma de nuestro derecho interno que lo haga?

No, ninguna disposición del nuevo Código de Procedimiento Penal (Ley Nº 1970 de 31 de mayo de 1999) utiliza esa denominación. Esta, en el ámbito estrictamente normativo aparece mencionada posteriormente en la nueva Ley Orgánica del Ministerio Público (Ley Nº 2175 de 13 de febrero de 2001) sancionada precisamente como consecuencia de la reforma procesal penal boliviana, que contiene principios rectores al respecto, cuando sus arts. 5; 7 y 64 hacen referencia a los institutos.

Respecto de la objetividad, el art. 5 señala que en el ejercicio de la acción penal pública, el Ministerio Público tomará en cuenta, no sólo las circunstancias que permitan probar la acusación, sino también las que sirvan para disminuir o eximir de responsabilidad al imputado y que cuando deba solicitar la aplicación de los criterios de oportunidad y demás salidas alternativas previstas por Ley, lo hará en base a razones objetivas y generales. Luego su art. 7 contiene un principio rector en el tema denominado “Solución del Conflicto” establecido en los siguientes términos: “El Ministerio Público buscará prioritariamente, dentro del marco de la legalidad, la solución del conflicto penal, mediante la aplicación de los criterios de oportunidad y demás alternativas previstas en el Código de Procedimiento Penal.

Asimismo, promoverá la paz social privilegiando la persecución de los hechos punibles que afecten gravemente el interés público”.

Más adelante, su artículo 64º, titulado precisamente “Salidas Alternativas”, refiere que en aquellos casos en que sea procedente la aplicación de las salidas alternativas al juicio, previstas en el Código de Procedimiento Penal, los fiscales deberán solicitarlas sin demora, en cuanto concurran las condiciones legalmente exigidas.

6. El Fiscal está obligado a requerir una salida alternativa? ¿Qué clase de facultad es para el Fiscal el requerir la aplicación de una salida alternativa?

El principio rector se encuentra previsto en el art. 6 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, cuya regla está formulada en sentido que este organismo, incluso bajo responsabilidad, promoverá de oficio la acción penal pública, la que no se puede suspender, interrumpir o hacer cesar, salvo en los casos y bajo las formas expresamente previstas por Ley.

Es entonces a partir de esa regla que se construyen las excepciones legales, teniendo al respecto el art. 7 establece que este organismo buscará prioritariamente, dentro del marco de la legalidad, la solución del conflicto penal, mediante la aplicación de los criterios de oportunidad y demás alternativas previstas en el Código de Procedimiento Penal y su art. 7 que impone que cuando deba solicitar la aplicación de las salidas alternativas previstas por Ley, lo hará en base a razones objetivas y generales.

Por tanto, no es obligatorio para el Ministerio Público pedir en todos los casos la aplicación de salidas alternativas sino en los casos y bajo las formas que la ley se lo permite, lo que nos remite a las exigencias que el CPP contempla para la procedencia de las salidas alternativas.

Con respecto a la clase de facultad que tiene el Fiscal para requerir por una salida alternativa, el Tribunal Constitucional mediante la SC Nº 1814/04-R de 29 de noviembre, ha resuelto que:”…la solicitud de una salida alternativa es una privativa potestad del Fiscal -no una obligaciónque también puede ser adoptada a solicitud del interesado, siempre que a criterio del representante del Ministerio Público se presente una de las situaciones que el artículo mencionado prevé y se hayan cumplido las condiciones que determina en la última parte esa norma. Dicho de otro modo, corresponde al Fiscal decidir una salida alternativa y pedirla al Juez, potestad que podrá también ejercerla cuando el imputado se lo pida y a su juicio éste haya cumplido los requisitos que la ley refiere…”.

7. El Fiscal deberá esperar el vencimiento del plazo máximo de duración de la etapa preparatoria o la conminatoria del Juez para requerir la aplicación de una salida alternativa? ¿esto es lo recomendable?

Todo lo contrario, las Salidas alternativas, salvo el procedimiento abreviado, pueden solicitarse en cualquier momento de la etapa preparatoria, es decir: después de la investigación preliminar, durante la etapa preparatoria o al concluir la misma mediante requerimiento conclusivo del Fiscal. En lo que respecta a la solicitud de procedimiento abreviado, el Código de Procedimiento Penal, determina que la investigación tiene que haber concluido, que el hecho y la responsabilidad del imputado hayan sido totalmente esclarecidos, no importando si la investigación concluye antes de los 6 meses. (Arts. 301. inc. 4 y 323 inc. 2 del CPP; Arts.5, 7, 45 inc. 11) y 64 de la LOMP.) Es decir que, una buena y sobre todo prudente práctica procesal fiscal aconseja que la salida alternativa sea requerida lo antes posible, de forma que, entre otras cosas, el Fiscal disponga de tiempo para asumir otra estrategia o subsanar la asumida si fuera posible (*).

Así, las SSCC Nº s. 103/2004-R de 21 de enero y 1014/2004-R de 2 de julio; reiteraron que el plazo de 6 meses de duración de la etapa preparatoria es máximo, y que el fiscal “…puede antes de su vencimiento presentar acusación formal si estima que la investigación proporcionó fundamentos para el enjuiciamiento del imputado, decretar sobreseimiento o requerir ante el Juez de Instrucción, la suspensión condicional del proceso, la aplicación de un procedimiento abreviado, de un criterio de oportunidad o se promueva la conciliación”, de lo que se colige, que no es necesario que se cumplan los seis meses de plazo de la etapa preparatoria para que el fiscal emita requerimiento conclusivo, pues, si la investigación proporcionó suficientes elementos de juicio, el Fiscal debe pronunciar la resolución respectiva, pues el límite para continuar con la etapa preparatoria es la necesidad o no de proseguir la investigación…”.(**)

(*) “Artículo 64º .Salidas Alternativas. En aquellos casos en que sea procedente la aplicación de las salidas alternativas al juicio, previstas en el Código de Procedimiento Penal, los fiscales deberán solicitarlas sin demora, en cuanto concurran las condiciones legalmente exigidas”.(Ley Orgánica del Ministerio Público).

(**) Un ejemplo rescatado del Distrito de La Paz muestra que el Comité Departamental de Implementación la Reforma Procesal Penal, convino un acuerdo entre los jueces de Instrucción en lo Penal y fiscales de ese Distrito, para recibir el aviso de inicio de investigación, la imputación y la salida alternativa en delitos flagrantes; y aquellos no flagrantes pero también de competencia de la Unidad de Solución Temprana en un primer momento, convocándose audiencia conclusiva en el primer caso en plazo de 24 hrs., o sea concluir la investigación en menos tiempo. En el segundo caso, la convocatoria a la audiencia conclusiva no debe exceder el plazo de 6 días.

El acuerdo posibilita que en el día de la elaboración del acuerdo de reparación de daño y la respectiva presentación de la imputación seguida de Salida Alternativa, las partes con el Fiscal y los abogados se apersonen al Juzgado de Instrucción para que se les notifique de manera inmediata con la imputación seguida de Salida Alternativa, así como con el señalamiento de audiencia y a la finalización de la audiencia también se entregue el acta respectiva toda vez que no se precisa que se transcriba todo lo que se dice sino únicamente se haga constar la presencia de las partes, que el fiscal fundamentó la imputación seguida de salida alternativa a la que se adhirió en su caso la parte querellante y la parte imputada, para finalmente se transcriba la parte resolutiva correspondiente a la redacción del juez, evitando de esta forma la continua grabación de audiencias, la demora en la elaboración de las actas y probables pérdidas de cassettes y devolución de cuadernos de investigación sin ninguna resolución.Asimismo, se determinó que el mecanismo de comunicación seria vía teléfono o coordinación con el personal de apoyo (secretario).

8. Qué ocurre cuando la Salida Alternativa solicitada por el Fiscal es rechazada por el Juez? ¿El Fiscal deberá continuar la investigación?.

Depende del momento procesal y del tiempo disponible. Si se encuentra en los actos conclusivos de la etapa preparatoria (arts. 323 del CPP) y el Fiscal ha sido conminado para concluir la etapa ante el vencimiento de su plazo máximo, obviamente que al Fiscal no le queda mayor plazo para continuar la investigación.

Si se encuentra al final de la etapa más no fue conminado puesto que tomó su decisión antes del vencimiento del término, se presume que tendría todavía algún lapso para continuar la investigación, si es estrictamente necesaria.

En cambio, si la decisión se ha producido al inicio de la etapa, es decir con las actuaciones policiales producidas como consecuencia de la etapa preliminar (arts. 301 y siguientes del CPP), obviamente le queda al Fiscal mayor tiempo para –si es estrictamente necesario- para investigar algunos otros elementos.

11. ¿Qué se puede hacer si las partes quieren evitar la imputación formal para tramitar una salida alternativa ya que temen los efectos de la imputación?

Para la aplicación de criterios de oportunidad, de una comprensión literal de los arts. 301 y 323, se entenderá que el Fiscal puede requerir la aplicación de un criterio de oportunidad y alternativamente imputar, No obstante, haciendo una lectura y comprensión integral del procedimiento se puede concluir razonablemente que para plantear criterios de oportunidad es necesario imputar, oportunidad en la que se puede requerir conjuntamente la aplicación del criterio.

Este razonamiento se basa en que la imputación implica atribuir el hecho investigado a una determinada persona y es, a partir de esa decisión, que el Fiscal puede prescindir de la persecución penal mediante un criterio de oportunidad.

En el caso del procedimiento abreviado, no sólo es necesario imputar sino también acusar (SC Nº 1659/04-R de 11 de octubre) toda vez que no se podría emitir la sentencia que se pronunciará luego.

Tratándose de la conciliación (como instituto de salida alternativa y por tanto diferente del mecanismo conciliatorio que mediante acuerdos reparatorios posibilitan la reparación del daño) como se trata de una forma de extinción de la acción penal, resulta imprescindible que primero haya nacido para que luego pueda sea extinguida.

Finalmente, en la suspensión condicional del proceso, resulta de aplicación el anterior razonamiento, toda vez que el proceso a ser suspendido debe haberse iniciado, lo cual se realiza mediante la imputación.

12. ¿Para que el Fiscal opte por la aplicación de una salida alternativa al juicio oral, será de utilidad realizar alguna mínima actividad investigativa que convenza a las partes de la conveniencia de una Salida Alternativa al juicio oral en el caso concreto?.

Salvo delitos flagrantes en los cuales generalmente no existe nada más que investigar para optar por alguna salida alternativa, en el resto de los hechos, es aconsejable realizar por lo menos alguna actividad investigativa que asegure la salida alternativa, evitando así, se pierdan elementos probatorios que podrían ser necesarios en el caso de recurrir al procedimiento ordinario.

Al respecto, es útil resaltar la importancia que tiene pedir la salida alternativa de manera oportuna, mejor si al término de la investigación preliminar, ya que en caso que sea rechazada o se advierta que no será posible tramitarla, le quede al Fiscal el tiempo suficiente para ampliar las investigaciones tendientes al proceso ordinario y/o posibilitar la aplicación exitosa de la salida al término de la etapa preparatoria.

14. Habiéndose reparado el daño y ante la imposibilidad de notificar a la(s) parte(s) para concluir la investigación con una salida alternativa, ¿esa situación constituirá causal para que el Fiscal no solicite la salida alegando que existiría obstáculo legal?.

No, toda vez que la falta de notificación no constituye obstáculo legal que le impida solicitar cualquier salida alternativa.

Es recomendable que en los casos, en los que se proceda a la reparación del daño, se puede inmediatamente suscribir un documento, acta o formulario en el que se haga conocer la decisión de las partes autorizando a ser notificadas en estrados judiciales, no asistir a la audiencia conclusiva y su conformidad con la reparación del daño, ante esta circunstancia, el juez no podría rechazar la aplicación de una salida alternativa.

17. ¿Podrá la salida alternativa quedar sin definición ante la imposibilidad de notificación al imputado y/o víctima?.

La resolución de la Salida alternativa no puede quedar indefinidamente sin resolución o ser rechazada ante las dificultades que surjan para notificar a la víctima o las partes con las decisiones asumidas y/o convocatorias a audiencias. Estas dificultades deben ser resueltas conforme prevé el propio procedimiento en sus previsiones sobre las notificaciones (arts. 160 y siguientes del CPP) debiéndose en todos los casos terminar la tramitación de la salida alternativa.

En todo caso el juez debe velar porque la víctima sea informada sobre la medida a aplicarse, sus alcances, consecuencias y en su caso su derecho a ser oída y oponerse a la decisión que implique extinción de la acción, ahora esto quiere decir que la notificación correspondiente sea realizada conforme al CPP.

Adviértase además que por expresa disposición del art. 62 de la Ley Orgánica del Ministerio Público las notificaciones y citaciones que deba realizar el Ministerio Público, se practicarán dentro de las veinticuatro horas de emitido el requerimiento o resolución y por cualquier medio legal de comunicación que asegure su recepción, o por el medio que el interesado expresamente haya aceptado o propuesto.

36. Para cerrar una investigación con una salida alternativa al juicio oral, ¿será indispensable imputar formalmente 25 (*)?.

Sobre el particular, existen dos posturas doctrinales que es menester analizar:

a) Quienes sostienen que la imputación formal no es requisito previo para la procedencia de la salida alternativa, sostienen que el Art. 301 del CPP, constituye una de las cuatro opciones que establece dicha norma legal, toda vez que concluida la investigación preliminar y presentado por el Investigador asignado al caso, el informe correspondiente, al Fiscal que ejerce la dirección funcional de esa investigación, el Fiscal, amparado en dicha norma legal tiene varias opciones y puede en virtud a ello, imputar formalmente el delito atribuido, si reúne los requisitos legales, o podrá optar por ordenar la complementación de diligencias policiales, el rechazo de la denuncia, la querella o las actuaciones policiales o en su caso, solicitar una salida alternativa al juicio oral.

Consideran que esta afirmación, está respaldada por la Sentencia Constitucional No 1036/02 de 29 de agosto de 2002, que refiriéndose a la segunda fase de la etapa preparatoria -desarrollo de la etapa preparatoriaseñala que empieza con la imputación formal (art. 301.1 y 302 CPP), y representa el inicio del proceso penal y que los supuestos 2), 3) y 4), que acoge el art. 301 entre ellos las salidas alternativas, no hacen al desarrollo de la Etapa Preparatoria, pues son opciones alternativas a la imputación formal.

Cabe analizar sin embargo que los alcances de la citada Sentencia Constitucional tienen que ver con las opciones alternativas a la imputación, según los incisos 2), 3) y 4) del Art. 301 del CPP, constituye tan solo uno de los obiter dicta de la sentencia, no así la ratio decidendi, situación última que configura el carácter vinculante de toda Sentencia Constitucional.

Por otra parte, el inciso 4) del Art. 301, también se refiere a la posibilitad de solicitar la sustanciación del procedimiento abreviado, siendo preciso puntualizar que debe ser tramitado a la conclusión de toda la investigación, toda vez que por imperio del Art. 374 del rito procesal penal, se debe acreditar entre otras exigencias la existencia del hecho y la participación del imputado en el mismo, lo que significa que para recoger todos los elementos que sustenten tal afirmación, se ha desarrollado necesariamente la etapa preparatoria, vale decir, la segunda fase de la etapa preparatoria a que hace referencia la citada sentencia constitucional, es más, la aplicación del procedimiento abreviado requiere la presentación de la acusación formal, pues no olvidemos que este concluirá -de ser aceptado - con sentencia condenatoria susceptible de ser impugnada mediante recurso de apelación restringida, merced a ello, se infiere que la sentencia debe observar el principio de congruencia, entre la acusación y la parte resolutiva de la sentencia, consecuentemente, no podrá presentarse una acusación para la sustanciación del procedimiento abreviado sin haber antes imputado formalmente.

b) Quienes sostienen la necesidad de imputar formalmente antes de solicitar la aplicación de una salida alternativa, fundamentan su postura en el hecho de que, sólo a través de la imputación formal, se puede concretizar con precisión la calificación de un hecho –calificación provisional- primero para sustentar la vigencia del non bis in idem y evitar que por cualquier circunstancia se pretenda reabrir el caso en el futuro contra el mismo imputado y sobre el mismo hecho delictivo.

Desde otra óptica, permite objetivar el principio de materialidad del derecho penal y desde otro punto de vista permite efectivizar la garantía de persecución penal única; aclarando además, que el non bis in idem establece la prohibición de seguir un segundo proceso por un mismo hecho, siendo irrelevante para este instituto, que se califique en cualquier tipo penal el hecho que motiva la investigación o el proceso penal.

Ahora bien, si no se llega a concretizar el hecho, con la imputación formal que permite la calificación provisional de la conducta del imputado como se tiene señalado, estamos frente a un hecho genérico que puede ser calificado en forma discrecional y arbitraria por el titular de la acción penal, a más de que para establecer si procede o no la aplicación de un criterio de oportunidad el mismo tendrá que estar concretizado en un tipo penal que haga procedente su aplicación ya que un hecho por ejemplo, de apoderamiento de una cosa mueble ajena podría configurar dependiendo de las circunstancias del hecho, un hurto simple o agravado, o un robo simple o agravado, por lo que en la hipótesis de las tres últimas circunstancias por ejemplo, no podríamos hablar de la escasa relevancia del hecho o afectación mínima del bien jurídico protegido para sustentar la aplicación de un criterio de oportunidad fundado en el primer criterio reglado por el inciso 1) del Art. 21 del CPP.

Por otra parte no debemos olvidar que el efecto de la aplicación de criterios de oportunidad es extintivo de la acción, puesto que su aplicación implica el archivo definitivo de la causa.

Ahora bien el Fiscal puede imputar formalmente la comisión del hecho delictivo y paralelamente solicitar la aplicación de un criterio de oportunidad y con ello no se está violando ninguno de los derechos del imputado, menos aún vulnerando garantías constitucionales, sino más bien, esa imputación formal, permite al titular de la acción penal concretizar el hecho a través de su calificación para cerrar la posibilidad de la apertura de nueva causa por el mismo hecho y contra el mismo imputado, atendiendo los intereses del imputado.

Finalmente, asumiendo la línea jurisprudencial sentada por el Tribunal Constitucional, el proceso penal se abre formalmente a partir de la notificación con la imputación formal, consecuentemente no podríamos cerrar la investigación de un hecho que no ha sido abierto formalmente.

(*) La SC Nº 760/03-R de 4 de junio, indica: “…Sobre las exigencias de fundamentación de la imputación formal.- Por su relevancia jurídica, corresponde hacer algunas precisiones conceptuales vinculadas al instituto procesal en análisis, esto es, la imputación formal: III.2.1 Imputar es: «atribuir a otro una culpa, acción o delito» (Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española), expresión que guarda similitud con el contenido normativo establecido por el art. 5 del Código procesal de la materia, cuando expresa que "Se considera imputado a toda persona a quien se atribuya la comisión de un delito ante los órganos encargados de la persecución penal". Conforme a esto, desde que se comunica la admisión de una querella, denuncia o información fehaciente de la comisión de un delito (art. 289 CPP), la persona a quien se atribuye tal conducta adquiere el status de imputado (queda claro que no se puede considerar imputado al destinatario de una burda atribución de un delito, que de lógico no va ameritar el inicio de investigación alguna). Ante esta imputación genérica, el Fiscal, conforme al art. 304 CPP, tiene la facultad de rechazar la denuncia, querella o de las actuaciones policiales. Esto supone que el Fiscal tiene el deber jurídico de hacer una ponderación provisional sobre la atribución del hecho punible a una persona determinada, y si la encuentra sustentable, debe instruir su investigación bajo su dirección funcional, haciendo conocer tal determinación tanto al juez cautelar como al imputado, salvo los casos de reserva previstos por ley; desde este momento, el imputado adquiere la condición de parte, y consiguientemente, ejercita el derecho a la defensa, en los términos establecidos por el art. 16 CPE, arts. 8 y 9 CPP. III.2.2 Imputación formal.- La imputación formal ya no es la simple atribución de un hecho punible a una persona, sino que la misma debe sustentarse en la existencia de indicios suficientes sobre la existencia del hecho y la participación del imputado en el mismo, en alguno de los grados de participación criminal establecidos por la ley penal sustantiva; o lo que es lo mismo, deben apreciarse indicios racionales sobre su participación en el hecho que se le imputa”.

52. ¿Cuáles serán las ventajas de tramitar oportunamente la aplicación de salidas alternativas al juicio oral (a la conclusión de la investigación preliminar) y cuáles las desventajas de hacerlo (al cerrar la etapa preparatoria).

Entre las ventajas de solicitar salidas alternativas (criterios, suspensión y conciliación) a la conclusión de la investigación preliminar:

a) Que las partes tanto imputado como víctima están disponibles ante las autoridades.

b) Se los puede ubicar con mayor facilidad para asumir alguna determinación en su caso.

c) Las partes se encuentran pendientes ante cualquier convocatoria para solucionar su conflicto.

Respecto de las desventajas que podemos advertir ante una decisión tardía del Fiscal de cerrar el caso con una salida alternativa son precisamente las circunstancias opuestas a las señaladas en las ventajas.

56. Estando el imputado detenido, ¿será aconsejable pedir la salida alternativa a la conclusión del término de la etapa preparatoria?

Si existen casos con detenido y existe la posibilidad de aplicar una salida alternativa, es menester en concordancia con el punto anterior, asumir dicha decisión a la conclusión de la investigación preliminar, debiendo sin embargo tomar en cuenta en el caso del procedimiento abreviado que la investigación debe concluir en su integridad.

59. ¿Será factible que ante la imposibilidad de realizar la audiencia conclusiva por falta de notificación a la víctima o imputado, el Fiscal tenga luego que rechazar, sobreseer o incluso acusar al imputado en juicio oral.

En primer lugar debe precisarse que existiendo imputación formal no procede la resolución de rechazo, en ningún caso.

Por otra parte, se ha recomendado que la aplicación de una salida alternativa sea una decisión oportuna adoptada por el titular de la acción penal a la conclusión de la investigación preliminar, por las ventajas que representa su realización efectiva conforme se tiene anotado en el punto de las ventajas. De no ser una decisión oportuna en tiempos, el Fiscal tropezará con múltiples problemas para la conclusión de la investigación a través de una salida alternativa y uno de los mayores inconvenientes es precisamente la dificultad de notificar a las partes para el verificativo de la audiencia conclusiva, en tal sentido no es coherente que luego de haber asumido una decisión que importa la aplicación de una salida alternativa, concluya, por problemas de notificación, en un sobreseimiento.

60. ¿En la práctica existirá algún tipo de preferencia en el trámite de una Salida Alternativa al Juicio Oral cuando exista detenido con referencia al mismo trámite pero sin detenido? ¿Cuál es el riesgo de postergar indefinidamente una audiencia?

No debería existir ninguna preferencia a la hora de tomar decisiones respecto a un caso concreto, pero evidentemente el Fiscal deberá priorizar los casos con detenido respecto a aquellas investigaciones sin detenido, no obstante es recomendable que la decisión que vaya a tomar, en todos los casos, sea razonablemente oportuna.

El riesgo de postergar indefinidamente una audiencia, conlleva: 1) Aumenta la probabilidad de impunidad por la extinción por duración máxima de la etapa preparatoria y consiguientemente del proceso; 2) Provoca retardación de justicia; 3) Desnaturaliza y desacredita el sistema penal.

Al respecto, la SC Nº 0205/05 de 10 de marzo refiere que: “la situación fáctica descrita, permite concluir que el Juez responsable del control jurisdiccional de la investigación ante la falta de consideración de la suspensión condicional del proceso requerida por el Fiscal, debió de oficio o a pedido de parte, conminar al Fiscal del Distrito, para que en el plazo establecido por el referido art. 134 del CPP, emita otro requerimiento conclusivo, ante la constancia del vencimiento de los seis meses previstos para la duración de la etapa preparatoria”.

Por su parte, la SC Nº 1244/2006-R de 8 de diciembre, que: “….conforme a lo anotado es posible concluir que si la proposición de una salida alternativa, presentada como requerimiento conclusivo, es formulada en vigencia de la etapa preparatoria, el Juez de Instrucción al rechazar el requerimiento conclusivo presentado por no reunir las condiciones de validez, puede otorgar una plazo adicional razonable a efectos de que la autoridad fiscal corrija o rectifique los errores detectados y formule otro requerimiento conclusivo que cumpla con las exigencias legales establecidos, razonamiento que no es aplicable en los casos en los cuales el requerimiento es presentado como consecuencia de la conminatoria efectuada por la autoridad judicial, a raíz del vencimiento del plazo de la etapa preparatoria; en cuyo caso, el juez se ve impedido de conceder otro plazo adicional, debiendo sujetar el procedimiento a lo establecido en la parte in fine del art. 134 del CPP, dando lugar a que previo a declarar la extinción de la acción penal, la víctima sea notificada para que el proceso pueda continuar sobre la base de su actuación si acaso ella así lo decide…”.

70. ¿Cómo posibilitar la aplicación temprana del criterio de oportunidad?

El razonamiento por reglas nos diría que, según el CPP el criterio de oportunidad puede ser presentado en cualquier momento de la etapa preparatoria, después del estudio de las actuaciones policiales (5 días, Arts. 300 y 301), durante el transcurso de la etapa preparatoria o hasta la presentación del requerimiento conclusivo (Arts. 323, 326 y 134) y se podrá hacer toda una exégesis de la audiencia conclusiva. Sin embargo, si el criterio se lo presenta a los 4, 5 o 6 meses de iniciada la investigación pierde todo su sentido, deja de ser oportuno y se convierte en un derroche de tiempo y recursos. Excepcionalmente se podrá admitir que un caso sea desestimado al concluir la investigación por un criterio de oportunidad.

La dificultad central es la lógica de trabajo basada en el agotamiento de las etapas procesales, es decir, la práctica de trabajo de guardar los casos o realizar actividades sin ningún objetivo definido (como la toma de declaraciones) hasta que se cumplan los 6 meses de la investigación, para recién tomar una decisión sobre su futuro, cuando se sabe desde el inicio que, estos casos son candidatos seguros para la aplicación de un criterio de oportunidad. El razonamiento en un sistema adversarial es diametralmente opuesto: resolver los casos en el menor tiempo posible.

En nuestro criterio, la respuesta a la pregunta formulada, guarda relación directa con la pregunta anterior. La gran mayoría de los casos que pueden ser resueltos por criterios de oportunidad se presentan de manera muy temprana (Ej. hurtos, robos, lesiones y estafas menores con detenido). La posibilidad de su identificación es inmediata porque se da paralelamente a la presentación de la denuncia, la querella o el informe policial. El mecanismo para aprovechar oportunamente estas situaciones son las Unidades de Decisión Temprana, por los mismos motivos expuestos en la respuesta anterior: el equipo especializado de trabajo permite evaluar y decidir durante los primeros actos del proceso si el caso puede ser resuelto vía criterio de oportunidad, reduciendo significativamente el tiempo para su aplicación efectiva.

Las Unidades, al conocer estos casos en las primeras diligencias de la etapa preparatoria, generan las condiciones necesarias para que las partes (imputado y víctima) estén disponibles y ponen en conocimiento del juez lo antes posible, la decisión de aplicar el criterio de oportunidad.

95. ¿Le corresponderá al Fiscal promover un acuerdo de reparación del daño al imputado y víctima para prescindir la persecución penal y solicitar la aplicación de un criterio de oportunidad?.

Si, por cuanto el Fiscal al ser titular de la acción penal, le corresponde analizar el informe de investigación preliminar y decidir por una de las opciones establecidas por el Art. 301 del CPP; de ser procedente la aplicación de una salida alternativa en general o criterio de oportunidad en particular, debe promover un acuerdo reparatorio entre las partes y lograr la reparación del daño en favor de la víctima o en su caso verificar la existencia de elementos de convicción que acrediten suficientemente la reparación o afianzamiento del daño, para estar en posibilidad de cerrar el caso a través de un criterio de oportunidad.

108. ¿En qué casos es recomendable la aplicación de la suspensión condicional del proceso?

La ley exige únicamente que la pena previsible a aplicarse no exceda los tres años. En principio, es aplicable a todos los delitos que cumplan dicho requisito, sean dolosos o culposos. La doctrina manifiesta que la suspensión del proceso está dirigida a delitos leves, de gravedad media y en general a los delitos culposos; de igual forma si la contribución del sujeto (cómplice) ha sido mínima en el hecho delictivo. Por otra parte, es un requisito lógico que en el caso exista un imputado conocido y posibilidades de realizar una investigación conducente.

La dificultad se presenta en delitos cuyo resultado es la muerte de una persona. De inicio, no existe una prohibición legal para aplicar la suspensión a este tipo de casos siempre que la pena previsible no exceda los tres años. Adicionalmente debe considerarse las otras exigencias legales que señala el Art. 366 en su primer párrafo, esto es, evaluar los informes y declaraciones sobre el hecho, sus móviles o causas, su naturaleza o características.

Puede tratarse de un homicidio culposo (mala práctica médica), de un homicidio por emoción violenta (el esposo que mata al amante de su cónyuge), de un homicidio en accidente de tránsito (el conductor en estado de ebriedad) o de un homicidio en riñas o agresiones. Habrá que evaluar el contexto y los motivos del caso concreto para determinar si amerita o no la suspensión. No es lo mismo suspender el proceso a un sujeto que atropella a una persona, la socorre pero llega a morir; que suspender el proceso a un sujeto que en la misma situación se fuga del lugar del hecho. No es lo mismo suspender el proceso del esposo que mata a su cónyuge en el ejemplo anterior, donde la cárcel significaría dejar en el desamparo a sus hijos; que suspender el caso del médico negligente que produjo la muerte de una persona pobre por un tratamiento sin el cuidado mínimo exigido.

Asimismo, no existe ninguna prohibición legal para utilizar la suspensión a un imputado con antecedentes policiales, ya que se exige que no tenga antecedentes penales en los últimos 5 años (condena ejecutoriada). A nuestro criterio, la suspensión condicional del proceso es una herramienta útil para aquellos sujetos que reinciden en delitos leves o de mediana gravedad (hurtos, robos, estafas y lesiones menores) que por diversas razones no llegan a ser juzgados (arreglo extrajudicial, rechazo de la denuncia) o incluso son beneficiados con criterios de oportunidad. Por otro lado, si bien no está prohibido, no es recomendable aplicar la suspensión del proceso a personas que ya fueron beneficiadas con esta medida por el mismo delito.

En la medida en que se optimice el uso de la suspensión del proceso, los beneficios que el sistema penal puede reportar son enormes, principalmente respecto a la reducción de la criminalidad convencional, ya que el imputado al estar bajo la amenaza real de una posible pena, tiene claro que es la última oportunidad de rectificar su comportamiento.

Finalmente, para avanzar en la estandarización de criterios que faciliten una aplicación racional de la suspensión condicional del proceso, es necesario centralizar su análisis y decisión en unidades especializadas de trabajo en las fiscalías. Nos referimos a las Unidades de Decisión Temprana o Post Plataforma que adicionalmente deben ir acompañadas con otros requerimientos específicos que los detallaremos más adelante.

109. ¿Cómo incrementar la utilización de la suspensión condicional del proceso?

Está claro que la suspensión del proceso puede ser solicitada por cualquiera de las partes, sin embargo consideramos que es el Ministerio Público el que está en condiciones reales de optimizar su aplicación, ya que generalmente es la institución que tiene el primer contacto con este tipo de casos. La suspensión condicional del proceso a diferencia de los criterios de oportunidad, exige de los fiscales un despliegue de actividades de mayor complejidad, como por ejemplo escuchar a la víctima, persuadirla para que concilie con el imputado, obtener los antecedentes penales del imputado, persuadirlo de que acepte la suspensión, buscar más información sobre el caso para tomar una decisión definitiva, etc.

La posibilidad de resolver los conflictos penales, utilizando la mayor cantidad de suspensiones, depende en gran medida de las condiciones logísticas que permitan hacerlo en los primeros momentos de la etapa preparatoria y pongan al fiscal en condiciones de contar con la información requerida para el caso desde el inicio. Por tal motivo, es recomendable seguir los siguientes pasos:

a) Optimización de las primeras actuaciones. Obtener información sobre el caso en los primeros momentos posteriores a la comisión del delito es determinante para decidir si el caso es candidato a la suspensión del proceso. Por lo general, es la policía quien tiene contacto directo con la víctima y el imputado, estando en condiciones de conseguir la información puntual sobre el hecho, sus antecedentes, posibles móviles y los datos personales necesarios para contactarlos. En consecuencia se requiere de una coordinación fina entre el fiscal y el policía, con procedimientos de trabajo expeditos y poco formales.

La información preliminar que se necesita para la suspensión condicional del proceso comprende: 1) Las características del hecho, para evaluar si se adecua a un delito leve o de mediana gravedad cuya pena minima previsible no sobrepase los tres años; 2) La predisposición del imputado para aceptar la suspensión, si está en condiciones de reparar el daño causado y si cuenta con antecedentes policiales y/o penales; 3) El interés concreto de la víctima respecto al hecho (sanción, reparación, protección, etc.).

Conseguir ésta información preliminar exige que el Ministerio Público pueda hacer conocer a los policías los criterios concretos que utiliza para seleccionar los casos que van a suspensión, esto es, que comprendan la lógica y el modo en que opera esta salida alternativa. En este entendido, la información preliminar se la puede obtener en una entrevista informal que haga el policía con la víctima en el lugar de los hechos (acción directa) o en el momento que sienta la denuncia; algo similar puede hacerse en el caso del imputado. Las particularidades las veremos con calma más adelante. En el caso del Ministerio Público estas posibilidades se reducen pues el fiscal debe examinar documentos escritos (denuncia y querella).

b) Obtener información de la víctima: persigue tres objetivos básicos:

1) Indagar si las características del hecho hacen pensar que sea previsible la suspensión de la pena (Ej. el esposo que golpea a su mujer ocasionándole lesiones graves; el accidente de tránsito con herido leve);

2) Conocer el interés concreto de la víctima y averiguar si existe predisposición para llegar a un acuerdo con el imputado (Ej. la mujer no quiere que su marido vaya a la cárcel, o no desea que vuelva al hogar, que no la golpee más, que deje de tomar, etc.; en el accidente de tránsito, que se le pague la reparación del automóvil, o que le suspendan la licencia, etc.);

3) Averiguar si la víctima conoce los antecedentes del imputado (Ej. El esposo ya fue detenido anteriormente; que no ha sido condenado por este u otro delito).

Como vemos, estas tareas son más fáciles para el policía por la situación en que se presentan, en cambio al fiscal se le hace más dificultoso porque la información en las denuncias y querellas escritas es limitada. En este sentido, se podría generar una instrucción a los miembros de la Policía para que se pueda ampliar los informes de acción directa en este sentido o también, los Fiscales encargados de atender plataforma y de solución temprana deben efectuar estas averiguaciones, aplicando ambos para tal efecto los Formularios MP – FELCC diseñados para el cuaderno de investigaciones (*)

Proporcionar estas instrucciones al policía es decirle que investigue de manera concreta la información que pueda ofrecer la víctima. En el primer objetivo, por ejemplo, el fiscal puede solicitar al policía que en casos de violencia familiar verifiquen si las lesiones han originado la internación de la víctima. En realidad, el fiscal le está señalando que si las lesiones son de consideración lo más probable es que el caso vaya a juicio, existe más tiempo para contactarse con la víctima y que le envíe los casos que puedan ir a suspensión.

En el segundo objetivo, el fiscal le está diciendo al policía que averigüe si la víctima está predispuesta a llegar a un acuerdo con el imputado (Ej. quiere que le pague los daños; no le interesa que vaya a la cárcel, etc.). En el tercer objetivo, el fiscal le pide al policía que trate de averiguar informalmente si la víctima conoce los antecedentes del imputado (Ej. es un estafador de poca monta que está siendo procesado por otras personas; el esposo golpeador no tiene condena anterior).

c) Obtener información del imputado: Lo más importante es averiguar si está predispuesto aceptar la suspensión y las posibles reglas que se le impongan (no conducir durante 6 meses, abandonar el hogar familiar, etc.).

La clave de esto radica en hacerlo después de ocurrido el hecho o mientras está detenido. Actualmente, entre el hecho y la solicitud del imputado de suspensión al fiscal transcurre por lo menos un mes.

d) Análisis de la denuncia o querella: En el supuesto de que la información preliminar llegue al fiscal vía denuncia o querella escrita, los pasos a seguir son distintos y llevan un poco más de tiempo. Primero, se debe leer los antecedentes y determinar si el caso es candidato a la suspensión condicional del proceso (caso contrario podrá optarse por el rechazo, otra salida alternativa o la investigación). Para este punto se deben considerar los hechos y no la óptica del denunciante o querellante que en algunos casos mencionan tipos penales graves cuando en realidad corresponden a tipos más leves. Segundo, si se define que el caso es candidato potencial a la suspensión, debe ser marcado y registrado con esta especificación, clasificado por tipo de delito, realizar un listado de la información faltante para tomar la decisión definitiva y remitir el caso a la unidad (división) correspondiente. Todo este trabajo podría ser simplificado si fuese tarea de un grupo especializado como la Unidad de Solución Temprana.

Una vez definido que el caso es candidato a la suspensión es altamente recomendable remitirlo a otra unidad especializada para efectuar las gestiones necesarias, es decir, que se envíe a otro grupo de trabajo que se encargue de materializar la suspensión del proceso.

La especialización del trabajo se apoya en la idea central de que el fiscal de la Unidad de Solución Temprana que examina un caso durante 20 o 30 minutos para definir si le es aplicable o no la suspensión del proceso, pase a analizar al siguiente caso para efectuar la misma evaluación y así sucesivamente.

e) Comunicación y negociación con el imputado: remitido el caso a la unidad respectiva, lo más probable es que falte alguna información para que el fiscal ratifique la decisión de ir por la suspensión condicional del proceso. Por ejemplo, los antecedentes policiales del imputado, si ya ha sido beneficiado con alguna salida alternativa anteriormente (criterio de oportunidad, conciliación, reparación integral del daño) o las características del hecho (el robo de una garrafa en un lugar donde existen varias denuncias por el mismo hecho, que fueron rechazadas porque el autor era desconocido). Conseguir los antecedentes penales actualmente demora una semana como promedio desde que se realiza la solicitud al REJAP. El Consejo de la Judicatura podría implementar una base informática de datos de las condenas ejecutoriadas que estén a disposición de las fiscalías y los tribunales, utilizando los sistemas ya existentes (Ianus e Inspector).

Si el imputado está detenido el fiscal puede negociar con él directa e informalmente. Incluso, es posible hacerlo por teléfono si el fiscal tiene la información preliminar suficiente. Si no está detenido, las diligencias requieren mayor trabajo, que también puede ser optimizado por un grupo de fiscales. Cualquiera sea la forma, debemos considerar que en muchos casos obtener la conformidad del imputado no requiere una entrevista larga y formal.

f) Comunicación y negociación con el abogado defensor: Es necesaria, principalmente para confirmar el acuerdo y comprometer su asistencia y la del imputado a la audiencia de suspensión.

g) Comunicación y negociación con la víctima: lo fundamental es que el Ministerio Público y la Policía coordinen procedimientos ágiles para ubicar a la víctima horas después de ocurrido el hecho. Si se obtuvo la información preliminar en los primeros momentos, el fiscal está en condiciones de recomendar a la víctima que acepte el acuerdo.

Contactarse directamente con la víctima es de gran utilidad para explicarle la posibilidad de resolver el caso mediante la suspensión condicional del proceso, sus alcances y ventajas.

h) Acciones inmediatas. El Fiscal de la Unidad de Solución Temprana, no se debe limitar al análisis del caso, sino que debe convocar a una audiencia para la aplicación de una posible Salida Alternativa después de haber recibido la declaración de testigos de la victima cuando se necesite y la declaración o abstención del imputado, esta audiencia en lo posible deberá efectuarse inmediatamente después la recepción de la declaración de este ultimo.

(*) Los Formularios MP- FELCC de uso obligatorio en todas las investigaciones y que contienen esa información son: Informe de intervención policial preventiva (Nº 1); Acta de registro del lugar del hecho (Nº 3); Acta de denuncia verbal (Nº 5); Formulario de entrevista (Nº 012); Actas de declaraciones (Nº s. 015 y 021), por ejemplo.

110. ¿Cómo agilizar la judicialización de la suspensión condicional del proceso?

En las anteriores respuestas dejamos claro que contactarse personalmente con la víctima y el imputado en los primeros momentos del proceso permite obtener la información necesaria para que el fiscal pueda resolver el caso en poco tiempo. Nuevas formas de organización en las fiscalías como las Unidades de solución temprana pueden generar procesos de trabajo más sofisticados y alcanzar mejores resultados.

Lo importante es presentar la solicitud al juez en un plazo razonable; unidades especializadas en este sentido pueden coadyuvar en gran medida a que esto sea factible. Hacerlo a los 4 ó 6 meses no tiene mucho sentido. Por otra parte, mientras más expedita sea la presentación de la solicitud, mayores son las posibilidades de que la audiencia se lleve a cabo exitosamente. Por ejemplo, si la solicitud es más informal pero sustancial en su contenido (Nº de caso, nombres de las partes, delito a imputar y mención de la solicitud de suspensión) cumple cabalmente su objetivo. Los fundamentos de la solicitud de la suspensión del proceso, el cumplimiento de los requisitos exigidos y cualquier otra información necesaria pueden ser expuestos y analizados en la audiencia oralmente.

Asimismo, es recomendable que la suspensión condicional del proceso se considere en la primera audiencia y que en una sola actuación se agoten todos los aspectos relacionados al caso.

111. ¿Cómo posibilitar la celebración de la audiencia en un plazo oportuno?

La posibilidad real de que la audiencia se celebre exitosamente está condicionada por la inmediatez en la que se realiza. Los problemas de notificaciones, la ausencia de algunos de los actores y las suspensiones frecuentes de las audiencias se deben por lo general al destiempo con que se realizan. Después de 3 ó 6 meses de la comisión del hecho es muy difícil que todos los actores estén presentes en la audiencia de consideración de la suspensión condicional del proceso. Consignar y verificar los datos correctamente en las primeras actuaciones policiales en los formularios respectivos diseñados para el cuaderno de investigaciones(*), los que incluyen croquis de ubicación del domicilio del imputado y víctima.

(*) Los Formularios Ministerio Público – Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen para el cuaderno de investigaciones, son de uso obligatorio en todas las investigaciones realizadas por esas instituciones a partir del 1 de junio de 2006, según Resolución Conjunta del Fiscal General de la República y Comandante General de la Policía Nacional de 4 de mayo de 2006; Instructivo 205/07 del Fiscal General de la República de 18 de abril de 2007 e Instrucción 02/2007 de 11 de julio de 2007 de la Dirección Nacional de la FELCC.

116. ¿Cuáles son los presupuestos de procedencia de la salida alternativa de suspensión condicional del proceso?

La salida alternativa de suspensión condicional del proceso requiere la acreditación de los siguientes presupuestos:

a) Cuando sea previsible la suspensión condicional de la pena (Que la persona haya sido condenada a pena privativa de libertad que no exceda de tres años de duración; y. Que el condenado no haya sido objeto de condena anterior, por delito doloso en los últimos cinco años).

b) Se haya reparado el daño causado con el delito, firmado un acuerdo en tal sentido o afianzado suficientemente la reparación.

c) El imputado preste su conformidad con la salida alternativa.

d) No tenga antecedentes judiciales por delito doloso.

117. Para la procedencia de la Salida Alternativa de Suspensión del Proceso a Prueba, ¿Deberá considerarse la pena máxima o la mínima? ¿Habrá algunos otros aspectos a considerar?

El requisito de procedencia imprescindible para esta salida alternativa es la previsibilidad de aplicarse la suspensión condicional de la pena, cuando la sanción de privación de libertad no exceda de los tres años; en tal sentido debemos realizar un ejercicio de dosimetría penal para cada caso en particular, tomando como punto de partida la pena mínima del delito imputado, que no puede ser superior a los tres años; en tal sentido si la pena mínima es superior a los tres años descartamos por completo la posibilidad de aplicar esta salida alternativa.

El problema surge cuando estamos frente a hechos sancionados con una pena mínima inferior a los tres años, pero superior en su máximo a tres, por ejemplo cuando estamos frente a un hecho calificado como robo cuya pena mínima es de 1 año y la máxima de 5 años de privación de libertad; en estos casos, si bien la pena máxima supera el límite de tres años, se debe tomar en cuenta siempre la pena mínima para realizar el ejercicio de dosimetría penal, estableciendo para el caso concreto la probabilidad de la existencia de atenuantes y/o agravantes que permitan fijar con probabilidad la pena que podría aplicarse, analizando atenuantes y agravantes en una caso particular, concluiremos a prima facie si en el caso concreto la pena a imponerse superaría o no el límite de los tres años que hace posible la aplicación de la suspensión del proceso a prueba.

Por otra parte a más de acreditar este extremo, también se deberá acreditar los demás presupuestos definidos en el punto anterior.

118. ¿Podrá la víctima oponerse a la concesión de la Suspensión Condicional del proceso? ¿En qué casos?

El instituto de la oposición que faculta a la víctima impedir la aplicación de una salida alternativa, constituye un derecho consagrado por el CPP en tal sentido la víctima sí puede oponerse a la aplicación de esta salida alternativa, pero tal oposición deberá ser debidamente fundada en el incumplimiento de uno de los presupuestos que la ley exige para su procedencia. Una oposición que no esté fundamentada en el cumplimiento de los requisitos de procedencia de la salida alternativa, constituye oposición sin fundamento que debe ser rechazada por la autoridad jurisdiccional.

119. ¿Podrá la víctima oponerse a la concesión de esta salida por falta de resarcimiento o afianzamiento del daño? ¿Qué aspectos debiera incluir el daño a ser reparado?

Sí, la falta del resarcimiento o afianzamiento del daño es uno de los casos que motivan una oposición fundamentada, toda vez que uno de los presupuestos que exige la procedencia de esta salida alternativa es la reparación previa del daño causado con el delito; en tal sentido si no se ha cumplido con este requisito, la víctima puede suscitar oposición fundada en el incumplimiento de este presupuesto, lo que dará lugar al rechazo de la salida alternativa.

Ahora bien la reparación del daño comprende en la generalidad de los casos el daño integral que la parte afectada deberá acreditar en cuanto a montos en la audiencia promovida por el fiscal.

120. ¿Podrá el Fiscal modificar la calificación inicial de los hechos realizada en el informe de inicio de investigación para hacer posteriormente procedente la suspensión condicional del proceso, dada la exigencia de la previsibilidad de la pena?

Al respecto corresponde resaltar que nuestro sistema procesal penal actual, no permite al fiscal en ningún momento cambiar los hechos para forzar una calificación legal que posibilite la aplicación de una salida alternativa.

Sobre el particular se debe tener presente dos hipótesis que permiten resolver el problema planteado:

a) Si el inicio de la investigación fue comunicada a la autoridad jurisdiccional, la investigación aún se sitúa en la etapa de los actos iníciales, pues aún no se ha procedido a la imputación formal, de tal manera que no obstante el aviso de inicio de investigación, por ejemplo de un hecho de robo agravado, la imputación formal que presente el fiscal precisará el hecho que permita calificar adecuadamente la conducta del infractor de la norma, por ejemplo en el caso que nos ocupa el fiscal una vez analizado el informe de investigación preliminar podrá optar por formular la imputación por robo simple, en tal sentido, hasta este momento no hay problema alguno en que el fiscal modifique la calificación preliminar del hecho que se investiga.

b) Si en el caso particular ya se formuló la imputación formal por ejemplo por robo agravado, se debe entender que la formulación de cargos responde a los resultados de la investigación preliminar, pero que sin embargo la calificación realizada hasta ese momento no deja de ser provisional pues lo que se investiga es un hecho ilícito no un determinado tipo penal; ello implica que la decisión adoptada por el Fiscal puede sufrir cambios a la conclusión de la investigación, es decir después del desarrollo de la etapa preparatoria, consecuentemente para que la inicial hipótesis contenida en la imputación formal sufra variación deberá existir elementos de convicción que sustenten dicha modificación pues en los hechos implicará modificaciones a la imputación formal y posterior pedido de salida alternativa.

123. Qué ocurre para analizar la previsibilidad de la pena si la calificación provisional del Fiscal hecha mediante la imputación incluye concurso de delitos (real o ideal), ¿procederá bajo estas circunstancias la suspensión condicional del proceso?.

Si estamos frente a una investigación abierta por concurso de delitos, la suspensión condicional del proceso procede siempre que sea previsible que la pena no supere los tres años, en tal sentido deberá realizarse también el ejercicio de dosimetría penal antes señalado.

Por ejemplo si se ha imputado formalmente por los delitos de robo y amenazas, el ejercicio de dosimetría penal permitirá en principio analizar el delito más grave que en este caso es el de robo y tomando en cuenta atenuantes y agravantes en el caso concreto por ejemplo hace concluir que la pena que correspondería al caso será de dos años; es sobre esta base que recién se añadirá la pena correspondiente al concurso de delitos, vale decir, tomar en cuenta recién la pena prevista para el delito de amenazas pudiendo añadir de acuerdo a la norma penal hasta el quantum permitido por el concurso, cuyo resultado final será la pena previsible para el hecho que se investiga. (*)

(*) Para graduar el quantum de la pena la doctrina señala que es necesario siempre sacar primero la media y de ahí puede ir hasta lo mínimo con atenuante o de la mitad hasta lo máximo cuando se aplica agravantes. Respecto a las agravantes nuestro Código reconoce agravantes específicas, vale decir, que necesariamente las agravantes tienen que estar reconocidas para cada delito y si el delito no contempla agravantes entonces se aplica las circunstancias señaladas por el artículo 38 del C.P.

129. Podrá el Juez rechazar la suspensión condicional del proceso al estar simultáneamente presentada junto a la imputación formal?

Se ha concluido que toda salida alternativa al juicio oral, necesariamente debe ser realizada previa imputación formal, en tal sentido no existe prohibición legal que impida realizar o formular de manera simultánea la imputación formal y la solicitud de salida alternativa al juicio oral, es más esta posibilidad es la más aconsejable.

131. ¿Podrá el Fiscal de oficio pedir la Suspensión Condicional del Proceso sin previa consulta al imputado? ¿Es necesario hacer una audiencia previa ante el Fiscal para lograr el acuerdo para la tramitación de la suspensión condicional del proceso?

La decisión respecto a la forma de cómo cerrar una investigación es una facultad del titular de la acción penal; sin embargo para el éxito de la decisión asumida por el Fiscal en todos los casos corresponderá una consulta previa con el imputado y la defensa. En el caso específico de la suspensión condicional del proceso, necesariamente el Fiscal deberá consultar y lograr el consentimiento del imputado para cerrar la investigación con esta salida alternativa, toda vez que si se han cumplido con los presupuestos de procedencia, el imputado deberá estar de acuerdo con la salida alternativa pues deberá someterse al cumplimiento de determinadas reglas y condiciones dentro del período de prueba que establecerá el Juez de Instrucción. Si el imputado no está de acuerdo a someterse a control y cumplimiento de condiciones, la salida alternativa será rechazada por el Juez de Instrucción.

144. ¿Quiénes deben promover la conciliación?

Conforme a ley los fiscales están facultados para promover la conciliación entre las partes cuando ello sea posible. En los hechos, lo recomendable es que el fiscal procure el acercamiento y negociación entre las partes debido a la frecuencia y proximidad de contacto que tiene con las mismas.

Asimismo, es necesario recordar que en delitos de acción penal pública el fiscal como titular de la acción penal está en la obligación de promover la conciliación en todos los casos que sea aplicable.

No es recomendable que el juez sea el encargado de promover la conciliación ya que posteriormente este debe verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos para su procedencia, situación que puede comprometer su imparcialidad. Por otra parte, traslada al tribunal todo el costo asociado a lo que es la negociación, de manera que genera importante gasto de tiempo para el juez, quien además no está preparado para ello, sino para una función de control.

El juez es el encargado del control de legalidad de la conciliación, que es la verificación de los requisitos que hemos señalado anteriormente.

Particularmente deberá constatar la voluntad de la víctima cuando ésta sea altamente vulnerable. En este sentido, el juez debe asegurarse que la víctima accede al acuerdo libre y voluntariamente y que su decisión es informada en relación a sus derechos y deberes respecto al acuerdo.

Finalmente, cabe considerar que si bien la conciliación será substanciada por el juez, esto no significa que sea también este quien la promueva, más por el contrario procede cuando las partes la soliciten expresamente al juez. (art. 326 inc. 8º del CPP).

158. ¿Podrá el Fiscal convocar a una audiencia para promover acuerdos reparatorios y luego con ese resultado, acudir ante el Juez pidiendo la homologación o alguna otra salida alternativa?

Conforme al Art. 65 LOMP es obligación del fiscal promover la conciliación en los casos de delitos de contenido patrimonial o delitos culposos que no tengan como resultado la muerte.

Por tanto, el Fiscal no puede en esencia convocar a una audiencia de conciliación, sino lo que hace es convocar a una audiencia o reunión para promover acuerdos reparatorios (*) y, con ese resultado, debiera pedir al Juez la homologación del acuerdo, con la consecuente extinción de la acción penal o en su caso, alguna otra salida alternativa, aunque la de conciliación fuera la más pertinente.

Como se sostiene en la presente guía, con el acuerdo logrado puede pedir la homologación de la conciliación –lo que sería lo más apropiado cuando se trate de delitos de contenido patrimonial o culposos que non tengan por resultado la muerte- aunque también podría usar el acuerdo para acreditar la exigencia de reparación o afianzamiento del daño, para otras salidas alternativas.

(*) Artículo 65º (Ley Orgánica del Ministerio Público).Conciliación. “Cuando el Ministerio Público persiga delitos de contenido patrimonial o culposos que no tengan por resultado la muerte, y siempre que no exista un interés público gravemente comprometido, el fiscal de oficio o a petición de parte, deberá exhortarlas para que manifiesten cuales son las condiciones en que aceptarían conciliarse. Para facilitar el acuerdo de las partes, el fiscal podrá solicitar el asesoramiento y el auxilio de personas o entidades especializadas en conciliación, disponer que la conciliación se realice en centros especializados o solicitar al juez de la instrucción que convoque a las partes a una audiencia de conciliación. Si en esta oportunidad o en cualquier estado posterior del proceso hasta antes de iniciarse la audiencia del juicio, las partes se concilian, se declarará extinguida la acción, previa constatación en audiencia pública del cumplimiento de los acuerdos a los que hayan arribado las partes”.

166. ¿Podrán la (s) parte(s) pedir directamente una audiencia de conciliación ante el Juez?

Sí, pero en este caso no se trataría de la homologación del acuerdo conciliatorio ya arribado sino de pedir que el Juez Instructor promueva la conciliación convocando a las partes a una audiencia donde se intente lograr un acuerdo conciliatorio, sea directamente o mediante el Fiscal.

Esta competencia del Juez Instructor está prevista en la audiencia conclusiva a la que se refieren los arts. 301 inc. 4º) (*) y 323 inc. 2º) (**) en relación con el inc. 8) del art. 326 (***), todos del CPP. Cabe precisar que si bien la norma pareciera que encarga sólo al Fiscal formular el pedido, no existe una prohibición expresa para que la parte pueda pedirle directamente al Juez o hacerlo ante el Fiscal para que lo haga (****). Además, el derecho a la petición se encuentra previsto en la CPE, artículo 7 inc. h) que entre los derechos fundamentales de la persona, consagra el de formular peticiones individual o colectivamente.

(*) Artículo 301º.-(Estudio de las actuaciones policiales). Recibidas las actuaciones policiales, el fiscal analizará su contenido para: (…) Solicitar al juez de la instrucción la suspensión condicional del proceso, la aplicación de un criterio de oportunidad, la sustanciación del procedimiento abreviado o la conciliación”.

(**) Artículo 323º.-(Actos conclusivos). Cuando el fiscal concluya la investigación: (…) 2) Requerirá ante el juez de la instrucción, la suspensión condicional del proceso, la aplicación del procedimiento abreviado, de un criterio de oportunidad o que se promueva la conciliación”.

(***) Artículo 326º.-(Facultades de las partes). En la audiencia conclusiva las partes podrán: (…) “Promover la conciliación proponiendo la reparación integral del daño”.

(****) El art. 64 de la LOMP faculta expresamente a los Fiscales que cuando sean procedentes las salidas alternativas al juicio, las deberán solicitar sin demora.

208. ¿Es aplicable el Procedimiento Abreviado tratándose de delitos cuya pena es fija o determinada?

No existe en nuestra legislación ninguna prohibición taxativa en sentido que este procedimiento no sea aplicable, por lo que se concluye que también en este caso podría ser utilizado, pudiendo la negociación en estos casos abarcar aspectos colaterales emergentes de la condena.

209. ¿Cuáles son los aspectos que el Fiscal debe observar en relación a los elementos probatorios acompañados al requerimiento de procedimiento abreviado?

Al margen de las consideraciones obvias respecto de la legalidad de los elementos probatorios en general, en el caso que nos ocupa, debe tratarse de elementos probatorios idóneos para acreditar los extremos antes citados, es decir: a) la existencia del hecho; b) la participación del imputado; c) que el imputado renunció de manera voluntaria al procedimiento ordinario; y d) que el reconocimiento de culpabilidad realizado mediante la admisión de los hechos y su participación, fue libre y voluntario.

Al respecto, la SC Nº 1659/04-R de 11 de octubre, enseña que: “…la solicitud de procedimiento abreviado, contiene implícitamente una acusación formal, en la que se solicita la pena requerida; por ello, es necesario presentar junto a la misma, todos los elementos probatorios, expresando lo que se pretende demostrar con cada uno de éstos; por lo que no es suficiente contar con el acuerdo del imputado y su defensor, fundado en la admisión del hecho y su participación en él a que hace referencia el art. 373 del CPP; en razón de que este procedimiento está sustentado en el principio de legalidad y de la verdad real, no pudiendo esta última ser reemplazada por la verdad consensuada entre las partes; consiguientemente, es imprescindible generar en el Juez la plena convicción de que los hechos se suscitaron tal y como presentó o relacionó el Fiscal encargado de la investigación y fueron demostrados en audiencia, porque ello determina que esta autoridad acepte el procedimiento abreviado, en cuyo caso, la Sentencia se fundará en el hecho admitido por el imputado”.

213. ¿Será necesario que el Fiscal acompañe como elementos probatorios fotocopias legalizadas o simples?

En lo que hace a la valoración de la prueba, nuestro CPP está regido bajo el principio de la sana crítica;(*) por tanto, no es necesario que el Fiscal acompañe en su requerimiento conclusivo para procedimiento abreviado fotocopias legalizadas, toda vez que cada medio probatorio será valorado sin estar sometido a cánones preestablecidos (arts. 173 y 359 (**) del CPP).

(*) “Artículo 173º.- (Valoración). El juez o tribunal asignará el valor correspondiente a cada uno de los elementos de prueba, con aplicación de las reglas de la sana crítica, justificando y fundamentando adecuadamente las razones por las cuales les otorga determinado valor, en base a la apreciación conjunta y armónica de toda la prueba esencial producida”.

El sistema de valoración de sana crítica exige suficiente motivación de la decisión materializada en la expresión de los motivos por los cuales se decide de una u otra manera y mención de los elementos de prueba que sirvieron para arribar a la decisión, encontrando límite en las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común.

(**) “Artículo 359º.- (Normas para la deliberación y votación). El tribunal valorará las pruebas producidas durante el juicio de un modo integral conforme a las reglas de la sana crítica y expondrá los razonamientos en que fundamenta su decisión...”.

214. ¿Es necesario que el Fiscal fundamente su pedido de Procedimiento Abreviado? ¿Bastará hacer la relación de los hechos?

Como todo requerimiento Fiscal, también el requerimiento en conclusiones pidiendo procedimiento abreviado debe ser necesariamente fundamentado, teniendo en cuenta en este caso que se trata de una acusación formal, puesto que de lo contrario, por efecto del principio acusatorio fuera imposible imponer una condena al imputado.

Incluso al respecto, el Tribunal Constitucional ha señalado reiteradas veces que: “…Con relación a la aplicación de esta salida alternativa, es necesario señalar, que la solicitud de procedimiento abreviado, contiene implícitamente una acusación formal en la que se solicita la pena requerida; por ello, es necesario presentar junto a la misma, todos los elementos probatorios, expresando lo que se pretende demostrar con cada uno de éstos; por lo que no es suficiente contar con el acuerdo del imputado y su defensor…” (SSCC Nº s. 1659/04-R de 11 de octubre; 463/05-R de 28 de abril; 1075/05-R de 12 de septiembre y 1162/06-R de 20 de noviembre).

En relación con la actividad estricta del Fiscal, nuestra actual legislación penal permite deducir que la fundamentación consiste en la obligación de expresar los motivos de hecho y derecho en los que el Fiscal basa su requerimiento. Además, se aclara que la fundamentación no puede ser reemplazada por la simple relación de los documentos o la mención de los pedidos de las partes.

Finalmente habrá también que considerar que según el inc. 14) del art. 108 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, constituye falta grave formular requerimientos y emitir resoluciones que no se hallen debidamente fundamentados.

215. ¿Deberá también fundamentar respecto de la pena que requiere?

De la misma manera que en el anterior caso, el Fiscal en su requerimiento está obligado no sólo a fundamentar su pedido, sino también los motivos por los cuales impetra una pena determinada en el procedimiento abreviado que se trate. Por ejemplo, fundamentar las circunstancias atenuantes y agravantes respecto de la pena solicitada (arts. 37 y subsiguientes del CP).

218. ¿Cuando se rechaza el procedimiento abreviado, corresponde dictar sentencia o un auto interlocutorio?

Corresponde emitir un Auto interlocutorio puesto que la sentencia solamente será emitida cuando se admita el procedimiento y en consecuencia se condene al imputado.

En ambos casos, las resoluciones deben ser fundamentadas conforme la regla del art. 124 del CPP.

224. ¿Rechazado el procedimiento abreviado, el Fiscal podrá requerir alguna otra salida alternativa?.

En principio el rechazo es a la salida alternativa de procedimiento abreviado como tal, por lo que observando estrictamente el plazo respectivo, podría proponer alguna otra salida alternativa.

Para el efecto es importante considerar que cuanto antes haya sido requerida la salida, más tiempo y por tanto mayores posibilidades existirán para realizar acciones tendientes a justificar el pedido de otra salida alternativa, pues si el pedido del procedimiento abreviado ha sido aceptado como consecuencia de una conminatoria o estando por vencer el plazo de la etapa preparatoria, se dispondrá de menores oportunidades para optar responsablemente por alguna otra salida alternativa.

225. Rechazado por el Juez el procedimiento abreviado ¿El Fiscal podrá sobreseer o queda obligado a acusar necesariamente?

El que el Fiscal haya decidido requerir por un procedimiento abreviado implica necesariamente que la investigación realizada proporcionó elementos suficientes para establecer responsabilidad del imputado.

En consecuencia, sería absurdo que el Fiscal como consecuencia del rechazo del Procedimiento Abreviado luego requiera precisamente por una medida absolutamente contraria y excluyente como es el sobreseimiento, que se justifica solamente cuando se evidencie que el hecho no existió; no constituye delito; que el imputado no participó en los hechos o que los elementos probatorios son insuficientes para deducir la acusación.

Por tanto, tratándose de decisiones excluyentes entre sí, en un mismo caso no podría admitirse el sobreseimiento como alternativa al rechazo del procedimiento abreviado.

Siempre partiendo del supuesto de rechazo del procedimiento abreviado, no significa que necesariamente el Fiscal tenga que acusar en el mismo caso con miras a un juicio ordinario y menos que el Juez pueda obligarle a hacerlo, toda vez que ante ese supuesto el Fiscal puede solicitar cualquier otra de las salidas alternativas disponibles, siempre observando el plazo disponible para el efecto.

236. ¿Será requisito de admisibilidad del Procedimiento abreviado la presentación ante el Juez -con el requerimiento conclusivo- del acuerdo escrito entre imputado, su abogado defensor y el Fiscal?

No, toda vez que será en la audiencia conclusiva o de consideración del procedimiento, donde el imputado verbalmente acepte su admisión y participación en los hechos.

No obstante, conforme se sostuvo es aconsejable -pero no obligatorio al extremo de tomarlo como un requisito de admisibilidad indispensable- que existiendo un acuerdo escrito sea presentado junto con el requerimiento conclusivo.

245. ¿Qué debe hacer el Juez cuando advierte una diferencia en la calificación jurídica del hecho imputado, con la calificación realizada en el requerimiento conclusivo?

Antes que rechazar el procedimiento inmediatamente, debiera con carácter previo dar una oportunidad a las partes, para que fundamenten los motivos por los cuales se presenta esa situación. En caso que la explicación de las partes no sea convincente en función a los requisitos de procedencia del instituto (*) no le queda otra alternativa al Juez que rechazar el procedimiento dado que el ordinario le permitiría un mejor conocimiento de los hechos.

(*) “…Para que sea procedente deberá contar con el acuerdo del imputado y su defensor, el que deberá estar fundado en la admisión del hecho y su participación en él…”.

251. El acuerdo respecto de la admisión del hecho y la participación del imputado que deben presentar el imputado y su defensor ¿deberá hacerse en documento aparte o podrá cursar en un memorial?

No importa el medio por el cual se adjunte el acuerdo o admisión, lo que importa es que este se haya prestado, por lo que puede ser en un documento especialmente redactado para el efecto o, también en el memorial respectivo suscrito por el imputado y su abogado defensor.

Sobre el particular, la SC Nº 1297/03-R de 9 de septiembre considera que:

“…el Juez demandado, sin tomar en cuenta todo lo actuado conforme a derecho, rechazó el procedimiento abreviado aduciendo erróneamente y en vulneración del art. 173 CPP, que no se hubiera adjuntado el acuerdo exigido por el art. 373 segundo párrafo CPP, sino únicamente el memorial de fs. 2, cuando precisamente en ese memorial, suscrito por el recurrente y su abogado defensor, están aceptando ambas partes estar de acuerdo con el procedimiento abreviado, al que se someten libre y voluntariamente,lo que demuestra que su afirmación carece de respaldo legal…”.



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