PRECEDENTES CONSTITUCIONALES

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Medidas cautelares / Medidas cautelares de carácter personal / Cesación de la detención preventiva / Celeridad en el tratamiento de la solicitud

0862/2005-R

Supuestos fácticos:

En un recurso de hábeas corpus, los recurrentes denunciaron que la Fiscal de Materia motivó que se restringiera indebidamente su derecho a la libertad física; porque dentro del proceso penal seguido en su contra, fueron beneficiados con la cesación de la detención preventiva bajo medidas sustitutivas, entre cuyas medidas, la Jueza cautelar dispuso la verificación de sus domicilios por el Investigador asignado al caso; no obstante que el funcionario elaboró el informe correspondiente y entregado a la Fiscal recurrida, ésta no envió dicho Informe, por cuya causa, pese a que cumplieron con las demás medidas impuestas, se encuentran detenidos preventivamente, cuando deberían estar en libertad. De la revisión de antecedentes, el Tribunal Constitucional constató que la autoridad recurrida incurrió en la omisión indebida dando lugar a que se prolongara la detención preventiva en contra de los recurrentes; por lo que aprobó la resolución revisada que declaró procedente el hábeas corpus.

Precedente obligatorio:     

"(..) el tratamiento que debe darse a las solicitudes en la que se encuentre de por medio el derecho a la libertad, entre ellas, la cesación de la detención preventiva, debe tener un trámite acelerado y oportuno, pues de no hacerlo podría provocarse una restricción indebida de este derecho, cuando, por un lado, exista una demora o dilación indebida en su tramitación y consideración, o en su caso, cuando existan acciones dilatorias que entorpezcan o impidan que el beneficio concedido pueda efectivizarse de inmediato, dando lugar a que la restricción de la libertad se prolongue o mantenga más de lo debido. Esto en los casos, en los que por razones ajenas al beneficiario, la cesación de la detención preventiva u otro beneficio, no puede concretarse debido a los actos de obstaculización o dilación innecesaria, que originan que el solicitante, no obstante de haber sido favorecido por un beneficio que le permite obtener su libertad, se ve impedido de accederla, permaneciendo indebidamente detenido, situación por la cual se abre la protección que brinda el hábeas corpus ante la ausencia de celeridad en efectivizarse el beneficio otorgado.

"En consecuencia, la celeridad en la tramitación, consideración y concreción de la cesación de la detención preventiva u otro beneficio que tenga que ver con la libertad personal no sólo le es exigible a la autoridad judicial encargada del control jurisdiccional, sino también a todo funcionario judicial o administrativo que intervenga o participe en dicha actuación y de quien dependa para que la libertad concedida se haga efectiva".

 

Medidas cautelares / Medidas cautelares de carácter personal / Cesación de la detención preventiva / Reglas para la realización de audiencia

0224/2004-R

Supuesto fáctico:

En un recurso de hábeas corpus, la recurrente denunció que la Jueza Cautelar restringió indebidamente el derecho a la libertad física de su representada, porque, ante su solicitud de  cesación de la detención preventiva señaló audiencia pública que no se realizó debido a la inconcurrencia del Fiscal asignado al caso, por lo que se fijó nuevo día y hora; empero también se suspendió la celebración porque se observó su certificado de trabajo extrañándose el sello del Ministerio de Trabajo, pese a que se acreditó que el trabajo se desarrollaba en el campo. Después de estas suspensiones, ocurrieron otras, por la inasistencia del Fiscal asignado, de modo que la recurrida ha supeditado un acto que involucra su derecho fundamental a la libertad física, a la presencia del Fiscal, quien por negligencia no ha asistido a la audiencia, por lo que, en su criterio, la detención de su representada se ha convertido en indebida. De la revisión de antecedentes, el Tribunal Constitucional verificó que la demora en el trámite de la cesación de la detención preventiva no fue imputable a la Juez recurrida; por lo que, revocando la resolución revisada, declaró improcedente el recurso de hábeas corpus.

Precedente obligatorio:

"(..) toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza, vale decir, que si la solicitud es negada de acuerdo a una compulsa conforme a Ley no es ilegal siempre que esa negativa se la resuelva con la celeridad que exige la solicitud.
(..)
Para resolver y compulsar si lo aseverado por la parte imputada es o no cierto y si corresponde otorgar o no la cesación, el juez encargado del control jurisdiccional, deberá fijar la audiencia dentro de un plazo razonable; empero, para el caso de ser imposible su realización por cuestiones no sólo de orden formal sino que involucren posibles lesiones a derechos fundamentales de la parte acusadora particular y del Ministerio Público, deberá asegurar que estén notificados con el acto, y si pese a dicha notificación no se hacen presentes a la celebración deberá desarrollarla indefectiblemente, pues la ausencia de los mismos importará su aceptación a la solicitud, más aún si se trata del Ministerio Público, ya que éste en razón del Principio de Unidad que le caracteriza puede asistir a la audiencia no siempre a través del Fiscal asignado al caso sino a través de otro, si no lo hace, implica que renuncia a su derecho a objetar la cesación, por lo mismo, el Juez deberá ser quien compulse si la parte imputada ha demostrado con suficiente prueba que los elementos de juicio que fundaron la detención preventiva ya no existen, pues de ser así deberá dar curso a la cesación, caso contrario deberá negarla.
Sin embargo, de lo expuesto cabe establecer que ese plazo razonable puede verse alterado no sólo por la autoridad quien conozca de la cesación, sino por la misma parte imputada, en cuyo caso, no se podrá alegar una dilación y menos indebida de la que sea responsable el Juez Cautelar".

0570/2006-R

Supuestos fácticos:

En un recurso de hábeas corpus, el recurrente denunció que el Juez Cautelar restringió indebidamente el derecho a la libertad física de su representado; porque ante sus reiteradas solicitudes para que se señale audiencia para la consideración de su solicitud de cesación de la detención preventiva, la autoridad recurrida no dio respuesta positiva, pues no señaló audiencia con el argumento de que tiene reunión con el Presidente de la corte Superior, con lo que ocasiona retardación de justicia y se prolongue la detención preventiva. De la revisión de antecedentes, el Tribunal Constitucional constató que la autoridad recurrida incurrió en una dilación indebida en el señalamiento de la audiencia y en el trámite de la cesación de detención preventiva; por lo que aprobó la revisión revisada que declaró procedente el hábeas corpus.

Precedente obligatorio:

"(..) para resolver y compulsar cualquier solicitud que se encuentre vinculada con el derecho a la libertad, el juez encargado del control jurisdiccional o el juez o tribunal del juicio, deberá fijar la audiencia con la prontitud que el caso aconseja, o en su caso, dadas las circunstancias que puedan presentarse, dentro de un plazo razonable. En ese contexto, tanto autoridades judiciales, fiscales u otras autoridades administrativas, deben atender las solicitudes y trámites en los que esté de por medio el derecho a la libertad, con la mayor celeridad posible, con la finalidad de que la situación jurídica de las personas, dado el derecho primario que se encuentra amenazado o restringido, pueda ser definida sin dilaciones indebidas".

1236/2005-R

Supuestos fácticos:

En un recurso de hábeas corpus, la recurrente denunció que el Juez Cautelar restringió indebidamente su derecho a la libertad física; porque la solicitud que presentó para el señalamiento de audiencia destinada a la consideración de la cesación de detención preventiva no mereció providencia alguna; pues a pesar de haber transcurrido once días desde la presentación de la solicitud la autoridad recurrida no ha providenciado. De la revisión de antecedentes el Tribunal Constitucional constató que la autoridad recurrida incurrió en una omisión indebida que restringió indebidamente el derecho a la libertad física de la recurrente, por lo que aprobó la resolución revisada que declaró procedente el hábeas corpus.

Precedente obligatorio:

"Bajo esa premisa fundamental [lo previsto por el art. 6.II de la CPE], debe entenderse que toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso concreto, vale decir, que si la solicitud es negada de acuerdo a una compulsa conforme a Ley no es ilegal; siempre que esa negativa se la resuelva con la celeridad que exige la naturaleza de la solicitud.

"Para resolver y compulsar si lo aseverado por la parte imputada es o no cierto y si corresponde otorgar o no la cesación, el juez encargado del control jurisdiccional, con respeto y protección de ese derecho primordial, deberá fijar la audiencia dentro de un plazo razonable; teniendo en cuenta que de acuerdo a las SSCC 758/2000-R y 1070/2001-R entre otras, el principio de celeridad procesal consagrado por el art. 116.X de la CPE, impone a quien administra justicia el deber jurídico de despachar los asuntos sometidos a su conocimiento sin dilaciones indebidas; exigencia que se hace más apremiante en aquellos casos vinculados a la libertad personal, toda vez que tales peticiones deben ser atendidas de forma inmediata si no existe una norma que establezca un plazo, y si existe, debe ser cumplido estrictamente".

1584/2005-R

Precedente obligatorio:

"debe rescatarse que la solicitud de cesación no deja de tener la misma naturaleza en todos los procesos, es más dicha solicitud debe recibir el mismo tratamiento que la solicitud de detención preventiva que atiende el Ministerio Público al inicio de la investigación, por lo que en observancia del principio de igualdad procesal, el procesado ante una situación similar debe ser también escuchado en su solicitud de cesación de dicha medida, lo que significa que cuando el imputado presenta una solicitud de cesación ante un juez y éste se considera incompetente para asumir el control jurisdiccional o el conocimiento en el fondo de la causa, deberá primero analizar el caso concreto y resolver la solicitud siempre que ello no importe lesionar los derechos de la parte acusadora o del Ministerio Público; y luego remitir el expediente a quien considere competente, pues razonar de forma contraria importaría someter al recurrente una posible dilación, dado que puede ocurrir que el Juez a quien se considera competente no lo sea o que se excuse de la causa, con lo cual se impediría que la solicitud sea considerada oportunamente y con la celeridad que amerita".

 

ASISTENCIA TECNICA DEL PROYECTO DE APOYO A LA REFORMA PROCESAL PENAL DE LA GTZ AL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE BOLIVIA, SISTEMATIZACION DE LA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL EN MATERIA PROCESAL PENAL. CONSULTOR: DR. JOSE ANTONIO RIVERA SANTIBAÑEZ

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