PRECEDENTES CONSTITUCIONALES

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Etapa preparatoria del juicio / Actos iniciales / Presentación de Imputación formal

1036/2002-R

Supuestos fácticos:

En un recurso de amparo constitucional los recurrentes denunciaron que el Fiscal de Materia, el Fiscal de Distrito y el Juez Cautelar, vuln eraron sus derechos fundamentales a la dignidad, a la seguridad jurídica, a la defensa, a "estar informado de la imputación", a la presunción de inocencia, en síntesis al debido proceso, porque en la acción penal iniciada contra sus personas, el Fiscal de Materia omitió informar al Juez Cautelar sobre la investigación dentro de las 24 horas que establece el art. 289 última parte CPP; asimismo, omitió notificar con la querella al principal imputado y a los co-imputados, además de no haber notificado a estos dos últimos con la ampliación de querella, vulnerando el art. 290 CPP, impidiéndoles objetarla  y solicitar  su rechazo; que la etapa preparatoria del juicio duró más de un año y no los 6 meses señalados por ley, por lo que el Juez Cautelar, también recurrido, debió declarar la extinción de la acción penal conforme al art. 134 y 130 CPP, toda vez que el Fiscal de Distrito no se pronunció expresamente en el plazo de 5 días. El Tribunal Constitucional concedió el amparo constitucional con relación al Fiscal de Materia, disponiendo la nulidad de obrados.

Precedente obligatorio:

"Si bien el Código de Procedimiento Penal no establece de manera explícita el plazo en que la imputación formal  debe ser presentada por el fiscal; del contenido del art. 300, 301 y 302 CPP, se entiende que la misma debe emitirse a la conclusión de los actos iniciales de investigación, cuando, obviamente, existan indicios suficientes sobre la existencia del hecho y la participación del imputado; sin embargo, del contenido del art. 301.2 CPP, en el que se concede al Fiscal la facultad de 'Ordenar la complementación de la diligencias policiales, fijando un plazo para el efecto', se extrae que, en el sentido de la ley, al fiscal no le es exigible presentar la misma en la generalidad de los casos en el momento señalado; sino sólo en aquellos supuestos en los que existen indicios suficientes (..) el fiscal  está impelido a presentar la imputación formal en un plazo que debe ser fijado por el juez, atendiendo la complejidad del asunto, en los casos en que el fiscal no lo haga en un plazo razonable;  plazo que en ninguna circunstancia, puede exceder al establecido por el art. 134  CPP, para la conclusión de la Etapa Preparatoria".

0972/2002-R

Supuestos fácticos:

En un recurso de amparo constitucional la recurrente denunció la vulneración de su derechos al debido proceso por parte del Fiscal de Materia, quien tomando conocimiento de una denuncia presentada en su contra no puso en conocimiento del Juez Cautelar el inicio de la investigación, tampoco presentó imputación formal, al contrario formuló directamente acusación formal en su contra. El Tribunal Constitucional concedió la tutela solicitada disponiendo la nulidad de del requerimiento acusatorio y demás actuaciones procesales posteriores.

Precedente obligatorio:

!(..) recibidas las actuaciones policiales por el Fiscal, si estima que existen indicios sobre la existencia del hecho, realizará la imputación formal del delito atribuido, como se desprende de los arts. 301-1 y 302 CPP (..) antes de la existencia de un juicio oral y público, es condición sine qua non para la actuación del ius puniendi del Estado, la imputación formal por parte del Fiscal, que determina el curso de la investigación tanto en su desarrollo como en su conclusión. No puede hablarse de actividad jurisdiccional, si es que previamente no existe un 'imputado' o sea la persona a quién se le atribuye la comisión de un hecho delictuoso, imputación que tiene como efecto el ser un presupuesto del derecho de defensa y marca el límite de la investigación que se realiza en la etapa preparatoria (sobre cuya base se desarrollará el proceso penal)".

 

Procedimiento abreviado / Control jurisdiccional

1244/2006-R

Supuestos fácticos:

En un amparo constitucional, los recurrentes denunciaron que los Jueces cautelares vulneraron sus derechos fundamentales a la seguridad jurídica, y el debido proceso; porque, la Jueza Sétimo de Instrucción, mediante providencia, determinando que la suspensión condicional del proceso fue rechazada, dispuso un nuevo plazo de cinco días para que la Fiscal presente otro requerimiento conclusivo, inobservando el art. 134 del CPP; y el Juez Sexto de Instrucción en lo Penal co- recurrido rechazó el recurso de reposición que interpusieron, ratificando el acto indebido en el que incurrió la Jueza Séptima de Instrucción en lo Penal, sin haber fundamentado su decisión de rechazar la reposición y de ratificar la providencia impugnada. De la revisión de antecedentes el Tribunal Constitucional constató que las autoridades judiciales recurridas incurrieron en las decisiones indebidas denunciadas; por lo que aprobó la resolución revisada que concedió el amparo constitucional solicitado.

Precedente obligatorio:

"(..) el Juez de Instrucción cuenta con plenas facultades para controlar que la actuación del Ministerio Público se adecue al ordenamiento penal; en cuyo mérito, puede observar la falta de cumplimiento de los requisitos de validez de estas salidas alternativas presentadas como  requerimiento conclusivo en la conclusión de la etapa preparatoria y rechazar la presentación de un requerimiento de suspensión condicional del proceso, de aplicación del procedimiento abreviado, de un criterio de oportunidad o cuando se promueva la conciliación, si acaso éstos no resultan procedentes conforme exige la normativa que los regula; cuanto en su formulación no se cumplieron con los supuestos establecidos por ley, toda vez que la exigencia no se agota con su simple presentación, sino que el mismo debe cumplir con las normas contenidas en el Código de Procedimiento Penal. Ello significa que el Juez, en el ejercicio del control jurisdiccional de la etapa preparatoria, puede rechazar el requerimiento conclusivo presentado, si éste no es procedente o no cumple con los requisitos legales exigidos, a cuyo efecto, el Fiscal deberá subsanar, si acaso corresponde, las omisiones en las que pueda incurrir, rectificando los errores detectados en un término prudencial, siempre que el requerimiento se hubiera presentado dentro del plazo previsto para la etapa preparatoria.

"Sin embargo de lo anterior, cuando el requerimiento conclusivo es presentado como consecuencia de la conminatoria prevista en el art. 134 del CPP, es decir, dentro de los cinco días establecidos por esta normativa, esta situación implica un análisis distinto, teniendo en cuenta que ante la falta de presentación del requerimiento conclusivo en el citado plazo, el Juez de Instrucción debe declarar, -en caso de que la víctima decide no continuar con el proceso-, la extinción de la acción penal de la etapa preparatoria por el vencimiento del plazo máximo establecido para ella; en tal virtud, no es posible concluir que el Juez de Instrucción pueda otorgar un plazo adicional para que la autoridad fiscal presente otro requerimiento conclusivo a raíz de que el presentado no reúne las condicionales de validez; primero, porque no existe una norma expresa que autorice una nueva concesión de plazo para tal efecto; segundo, porque un razonamiento contrario, implicaría convalidar una actitud negligente del representante del Ministerio Público y desconocer que la falta de acreditación de los requisitos de procedencia de las salidas alternativas presentadas como requerimiento conclusivo ante una conminatoria realizada por la autoridad judicial, deviene necesariamente en la extinción de la acción penal, previa noticia a la víctima, quien tiene el derecho de seguir ejerciendo la acción penal, de no hacerlo, el efecto inmediato es la extinción de la acción penal determinado por la autoridad judicial competente mediante resolución expresa; caso contrario, se colocaría al imputado en un estado de inseguridad jurídica, manteniéndolo sujeto ante la eventualidad de que siga sometido a la acción penal hasta que uno de los requerimientos conclusivos surta efectos, no obstante de que el plazo de la etapa preparatoria venció.

"Consiguientemente, conforme a lo anotado es posible concluir que si la proposición de una salida alternativa, presentada como requerimiento conclusivo, es formulada en vigencia de la etapa preparatoria, el Juez de Instrucción al rechazar el requerimiento conclusivo presentado por no reunir las condiciones de validez, puede otorgar una plazo adicional razonable a efectos de que la autoridad fiscal corrija o rectifique los errores detectados y formule otro requerimiento conclusivo que cumpla con las exigencias legales establecidos, razonamiento que no es aplicable en los casos en los cuales el requerimiento es presentado como consecuencia de la conminatoria efectuada por la autoridad judicial, a raíz del vencimiento del plazo de la etapa preparatoria; en cuyo caso, el juez se ve impedido de conceder otro plazo adicional, debiendo sujetar el procedimiento a lo establecido en la parte in fine del art. 134 del CPP, dando lugar a que previo a declarar la extinción de la acción penal, la víctima sea notificada para que el proceso pueda continuar sobre la base de su actuación si acaso ella así lo decide".

 

ASISTENCIA TECNICA DEL PROYECTO DE APOYO A LA REFORMA PROCESAL PENAL DE LA GTZ AL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE BOLIVIA, SISTEMATIZACION DE LA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL EN MATERIA PROCESAL PENAL. CONSULTOR: DR. JOSE ANTONIO RIVERA SANTIBAÑEZ

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