PRECEDENTES CONSTITUCIONALES

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Extinción de la acción penal / Mora judicial

0101/2004

Precedente obligatorio:

"(..) el sentido de la Constitución, se vulnera el derecho a la celeridad procesal y, dentro de ello, a la conclusión del proceso en un plazo razonable, cuando los órganos competentes de la justicia penal del Estado omiten desplegar, injustificadamente, la actividad procesal dentro de los términos que el ordenamiento jurídico establece; por tanto, en sentido del orden constitucional,  no habrá lesión a este derecho, si la dilación del proceso, en términos objetivos y verificables, es atribuible al imputado o procesado. Un entendimiento distinto no guardaría compatibilidad ni coherencia con las exigencias de seguridad jurídica que la Constitución proclama [art. 7 inc. a)] así como el deber del Estado de proteger de manera eficaz, toda lesión o puesta en peligro concreto, de los bienes jurídicos protegidos por el orden penal boliviano. 

"en este sentido, como ha quedado establecido precedentemente, las disposiciones legales objeto del presente juicio de constitucionalidad [art. 133 y Disposición Transitoria Tercera del CPP] sólo pueden ser compatibles con los preceptos constitucionales referidos, en la medida que se entienda que, vencido el plazo, en ambos sistemas, en lo conducente, el juez o tribunal del proceso, de oficio o a petición de parte, declarará extinguida la acción penal, cuando la dilación del proceso más allá del plazo máximo establecido, sea atribuible al órgano judicial y/o, al Ministerio Público, bajo parámetros objetivos; no procediendo la extinción cuando la dilación del proceso sea atribuible a la conducta del imputado o procesado".

 

Extinción de la acción penal / Mora judicial / Autoridad competente

0036/2005

Supuestos fácticos:

En un recurso directo de nulidad, el recurrente demandó la nulidad del Auto de Vista de 31 de enero de 2005, expedido por la Sala Penal de la Corte Superior de Distrito de Santa Cruz, con el fundamento de que una vez radicados los antecedentes del proceso penal que sigue contra otro en la Sala Penal Segunda, para que resuelva el recurso de casación interpuesto, el querellado se apersonó y ratificó la solicitud de extinción de la acción penal, como también fueron ratificados los argumentos del recurso interpuesto, se expidió el Auto de Vista impugnado, en el que, sin pronunciarse sobre el recurso interpuesto, las autoridades judiciales recurridas declararon extinguida la acción penal pese a que el pedido fue planteado ante el Tribunal ad quem, y, por otra parte, no fue motivo del recurso que debió ser resuelto en forma previa, puesto que, además, la resolución que devenga de la misma, afecta a la jurisdicción y competencia del órgano jurisdiccional; que el Tribunal de casación carecía y carece de jurisdicción y competencia para conocer de la extinción de la acción penal puesto que no existe ninguna ley, decreto o resolución que lo faculte a ello. El Tribunal Constitucional declaró infundado el recurso.
Precedente obligatorio:

"(..) si se trata de declarar la extinción de la acción penal y el proceso se encuentra en trámite, debe dictarse la misma de acuerdo con los presupuestos que rigen el ordenamiento penal y la interpretación que de ella hizo este Tribunal, en cualquier estado del proceso puesto que una causal extintiva como la anotada impide definitivamente toda actividad de los órganos jurisdiccionales una vez que estén acreditados los extremos de la motivación a cuyo fin deberá confrontarse con los antecedentes que informan el proceso, sea por el Juez de la causa, de apelación o, de casación o nulidad en su caso, según donde esté radicada la tramitación de la causa".

 

Extinción de la acción penal / Mora judicial / Sub reglas para su declaración

0839/2005-R

Supuestos fácticos:

En un recurso de amparo constitucional, el recurrente denunció que los vocales de la Sala Penal de la Corte Superior de Distrito de La Paz, vulneraron su derecho a la seguridad jurídica e incurrieron en denegación de justicia, porque en al tramitar el recurso de apelación que de su parte planteó contra la sentencia de primer grado, ante el desistimiento que presentó de dicho recurso de apelación no se pronunciaron, al contrario dispusieron la devolución de obrados al Juez de instancia para que se pronuncie sobre la extinción de la acción penal, desconociendo que con el desistimiento, presentado de su parte, la Sentencia apelada adquirió la calidad de cosa juzgada. De la revisión de antecedentes, el Tribunal Constitucional constató que las autoridades judiciales recurridas vulneraron el derecho fundamental del recurrente, ya que no imprimieron el trámite correspondiente al desistimiento formulado, tampoco se pronunciaron de oficio sobre la extinción de la acción penal por mora judicial, pues teniendo competencia para ello devolvieron el expediente original al Juez de instancia: por lo que el Tribunal Constitucional aprobó la resolución revisada que concedió el amparo solicitado.

Precedente obligatorio:

"(..) la declaratoria de la extinción de la acción penal por duración máxima del proceso: a) puede ser realizada de oficio o a petición de parte; b) puede ser dictada en cualquier estado del proceso, hasta antes de que exista sentencia condenatoria ejecutoriada con calidad de cosa juzgada; c) la autoridad competente para declararla es el juez o tribunal que esté en conocimiento del mismo; es decir, donde esté radicada la causa, y d) al ser una forma de conclusión extraordinaria del proceso, asimilable en el sistema anterior, a las cuestiones previas, establecidas en el art. 186 y siguientes del CPP.1972, son de previo y especial pronunciamiento".

 

 

ASISTENCIA TECNICA DEL PROYECTO DE APOYO A LA REFORMA PROCESAL PENAL DE LA GTZ AL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE BOLIVIA, SISTEMATIZACION DE LA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL EN MATERIA PROCESAL PENAL. CONSULTOR: DR. JOSE ANTONIO RIVERA SANTIBAÑEZ

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