SALA PENAL SEGUNDA

AUTO SUPREMO No 068

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AUTO SUPREMO: Nº 68 Sucre 10 de marzo de 2005

DISTRITO: Oruro

PARTES: Ministerio Público y otro c/ Franz Silver Chiri Olmos y otros.

Homicidio y otros.

MINISTRO SEGUNDO RELATOR: Dr. Héctor Sandoval Parada.

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VISTOS: los recursos de casación interpuestos por David Vacarreza Flores a fojas 149 a 156 y por Ludwing Van Chiri Olmos y Franz Silver Chiri Olmos a fojas 171 y 171 vuelta impugnando el Auto de Vista de 25 de junio de 2004 cursante a fojas 137 a 139 pronunciado por la Sala Penal Primera de la Corte Superior del Distrito Judicial de Oruro, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y el acusador particular David Vacarreza Flores contra Ludwing Van Chiri Olmos, Franz Silver Chiri Olmos y Silvestre Chiri Sánchez por la comisión de los delitos de homicidio, encubrimiento y robo agravado, el Requerimiento del Fiscal Adjunto de la Fiscalía General de la República cursante a fojas 176A a 176B, sus antecedentes y

CONSIDERANDO: que el Tribunal de Sentencia Nº 2 de Oruro, a fojas 50 a 72 y vuelta del expediente pronunció Sentencia CONDENATORIA en contra de los imputados Franz Silver Chiri Olmos y Ludwing Van Chiri Olmos por ser autores de la comisión del delito de homicidio, previsto y sancionado por el artículo 251 del Código Penal, condenando al primero de los nombrados a la pena de quince años de presidio y al segundo a la pena de diez años de presidio a ser cumplidas en la Cárcel de San Pedro. Pronuncia también Sentencia Condenatoria en contra de Silvestre Chiri Sánchez por ser autor del delito de encubrimiento, sancionado por el artículo 171 del Código Punitivo, imponiéndole la pena de reclusión de dos años a cumplir en el mismo Centro Penitenciario. Por otra parte, el mismo Tribunal, en el mismo fallo, pronuncia Sentencia ABSOLUTORIA contra los nombrados imputados por los delitos de robo agravado, previsto en el artículo 332 incisos 1) y 2) y Asesinato, previsto por el artículo 252 incisos 1) y 2) de la norma penal sustantiva.

Que los imputados Ludwing Van Chiri Olmos y Franz Silver Chiri Olmos, a fojas 85 a 90 y vuelta, plantearon el Recurso de Apelación Restringida contra el fallo de primera instancia. A fojas 93 a 98 formula este Recurso el acusador particular David Vacarreza Flores, y el Ministerio Público formula similar recurso a fojas 100 a 104 del cuaderno procesal. El Tribunal de Alzada, mediante Auto de Vista de fojas 137 a 139 fechado en 25 de junio de 2004, declara IMPROCEDENTES los Recursos de Apelación deducidos por los imputados, por el acusador particular y por el representante del Ministerio Público y CONFIRMA la sentencia apelada, manteniéndola firme y subsistente.

CONSIDERANDO: que el acusador particular y los imputados formulan a fojas 149 a 156 y 171 y 171 vuelta, respectivamente, Recurso de Casación impugnando el referido Auto de Vista, siendo ambos recursos formalmente admitidos por Auto Supremo de 1º de septiembre de 2004 cursante a fojas 177 a 178 de obrados, correspondiendo al Máximo Tribunal de Justicia ingresar al análisis del recurso, dentro del marco establecido por el artículo 3º del Código de Procedimiento Penal, para resolverlo en alguna de las formas establecidas por el artículo 419 de igual cuerpo de leyes.

Que el recurso del acusador particular tiene como principal argumento la existencia de contradicción entre el Auto recurrido y los precedentes invocados, manifestando el querellante que el Tribunal de Alzada, al confirmar la Sentencia de primer grado, ha confirmado una mala tipificación del delito que se juzga, pues sus autores han adecuado su conducta al tipo penal descrito por el artículo 252 incisos 2) y 3) del Código Penal, habiéndose demostrado este extremo con la prueba aportada en el transcurso del juicio oral, público y contradictorio.

Que en cuanto al recurso de casación deducido a fojas 171 y 171 vuelta por los imputados, se tiene que estos expresan que el Auto de Vista recurrido entra en contradicción con los precedentes invocados a momento de plantear el recurso de Apelación Restringida. Que tanto la Sentencia, cuanto el Auto de Vista de fojas 137 a 139, no han considerado los factores y circunstancias especiales que han concurrido en la comisión de los hechos, tales como la semi-imputabilidad prevista por el artículo 18 del Código Penal, artículos 34 y 11 de igual cuerpo de leyes. Que el Ad-quem se ha limitado a un análisis conciso de aspectos materiales sin efectuar una contextualización íntegra de los hechos, circunstancias y personalidad de los imputados, así como las condiciones subjetivas, situaciones que dan lugar a una condena por el delito previsto en el artículo 254 de la norma sustantiva penal y no como la interpretación errónea de los datos del proceso -que según los recurrentes- han realizado los Jueces de grado, calificando la acción punible como homicidio, tipo penal previsto y sancionado por el artículo 252 del referido Código Penal.

CONSIDERANDO: que según los antecedentes del cuaderno procesal, se establece con absoluta claridad que no son ciertas las violaciones que se acusan en ambos recursos deducidos a fojas 149 a 156 y 171 y 171 vuelta, pues los de instancia, en aplicación de los artículos 171 y 173 de la Ley Nº 1970, han pronunciado los respectivos fallos, más aún si se toma en cuenta que la valoración de los elementos de juicio es atribución privativa de los Jueces de grado, incensurable en casación, a menos que se demuestre error mediante documentos o actos auténticos que evidencien la equivocación manifiesta de los juzgadores. Así ha entendido este Tribunal al sentar esta línea jurisprudencial traducida en varios Autos Supremos, de los cuales citaremos como ejemplo el Auto Supremo Nº 118 de 21 de abril de 1994.

Los fundamentos de la Sentencia de fojas 50 a 72 y los de la Resolución de segunda instancia, guardan estricta relación con las pruebas aportadas por las partes en litigio, de donde resulta que la pretensión del querellante de endilgar a los imputados un tipo penal diferente (asesinato) al tipo por el cual fueron juzgados, no posee ningún asidero legal, pues, tal cual se colige de los antecedentes procesales, no han concurrido los elementos constitutivos del delito previsto por el artículo 252 del Código Penal, habiéndose pronunciado tanto la Resolución de primer grado como el Auto de Vista recurrido en estricta aplicación de la ley y al no poseer la Sentencia defectos previstos en el artículo 370-1) de la Ley Nº 1970, tal cual manifiestan los imputados. Resulta improbable la aplicación de atenuantes que a su vez hagan viable la tipificación del hecho juzgado dentro del alcance del artículo 254 del Código Penal, cual es su pretensión. Tampoco es posible para este Tribunal aplicar la eximente de la responsabilidad penal en los imputados prevista en el artículo 11-1) del Código Penal, pues de sus declaraciones y del interrogatorio absuelto por ellos (fojas 3 vuelta, 4 a 5, 8 vuelta a 10 vuelta), se evidencia que estos actuaron en total desproporción entre el ataque recibido por la víctima del delito y la reacción de los ahora recurrentes.

Doctrinalmente el delito de Homicidio está descrito como "la muerte de un hombre cometida injustamente por otro hombre", así ha definido el tratadista Carrara a este ilícito penal, por su parte Cuello Calón sostiene que Homicidio es "la muerte voluntariamente causada por otro hombre", y aún mas contundente resulta la definición dada por Soler cuando dice que el Homicidio es "la muerte de un hombre sin que medie ninguna causa de calificación o privilegio". Tomando en cuenta estas definiciones se puede afirmar, en consecuencia, que la conducta ilícita de los imputados, ahora recurrentes, ha sido adecuada al tipo penal previsto por el artículo 251 del Código Penal, no existiendo causas que puedan justificar la tipificación dentro del alcance del artículo 254 del mismo Código, pues, en el momento de cometer la acción punible, ha estado exento el elemento que caracteriza a este delito cual es "el estado psíquico en el cual el sujeto actúa con disminución del poder de los frenos inhibitorios".

CONSIDERANDO: que conforme consta de la providencia de fojas 219 de obrados, en la Resolución de la presente causa se presentó disidencia por parte del Ministro, Dr. Héctor Sandoval Parada en relación al primer proyecto presentado por la Ministra, Dra. Rosario Canedo Justiniano, habiéndose convocado al Ministro, Dr. Jaime Ampuero García, quién apoyó la disidencia formulada. En consecuencia pasa a ser Segundo Relator el Ministro, Dr. Héctor Sandoval Parada.

POR TANTO: la Sala Penal Segunda de la Corte Suprema de Justicia, en ejercicio de la atribución 1ª del artículo 59 de la Ley de Organización Judicial, con intervención del Dr. Jaime Ampuero García, Ministro-Presidente de la Sala Penal Primera, convocado al efecto y aplicando lo dispuesto en la segunda parte del artículo 419 del Código de Procedimiento Penal, declara INFUNDADOS los recursos de fojas 149 a 156 y de fojas 171 y 171 vuelta.

La Ministra, Dra. Rosario Canedo Justiniano fue de voto disidente respecto del segundo proyecto. (se adjunta al proceso principal).

Segundo Relator: Ministro Dr. Héctor Sandoval Parada.

Regístrese y hágase saber.

 

Fdo. Dr. Héctor Sandoval Parada

Dr. Jaime Ampuero García

Sucre, diez de marzo de dos mil cinco.

Proveído.- David Baptista Velásquez - Secretario de Cámara.

 

SALA PENAL SEGUNDA

DISTRITO: Oruro

PARTES: Ministerio Público y otro c/ Franz Silver Chiri Olmos y otros.

Homicidio y otros.

PROYECTO DE LA PRIMERA RELATORA DISIDENTE CON EL APROBADO EN EL CASO. (CORRESPONDIENTE AL AUTO SUPREMO Nº 68).

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VISTOS: los recursos de casación interpuestos por David Vacarreza Flores a fojas 149 a 156, por Ludwing Van Chiri Olmos y Franz Silver Chiri Olmos a fojas 171 y vuelta impugnando el Auto de Vista Nº 13/2004 de 25 de junio de 2004 de fojas 137 a 139 pronunciado por la Sala Penal Primera de la Corte Superior de Justicia del Distrito de Oruro, en el proceso penal seguido por el Ministerio Público y el acusador particular David Vacarreza Flores contra los recurrentes nombrados y en contra de Silvestre Chiri Sánchez por la presunta comisión de los delitos de homicidio, encubrimiento y robo agravado, los antecedentes del proceso, los precedentes invocados y acompañados, y

CONSIDERANDO: que el Tribunal de Sentencia Número 1 de la ciudad de Oruro, mediante Sentencia de 8 de abril de 2004 de fojas 50 a 72 vuelta, declaró a los imputados Franz Silver Chiri Olmos y Ludwing Van Chiri Olmos autores del delito de homicidio, previsto y sancionado por el artículo 251 del Código Penal, condenándole al primero a la pena de quince años de presidio y al segundo a la pena de diez años de presidio a cumplir en la Cárcel Pública de San Pedro de la ciudad de Oruro, y los absuelve de los delitos incursos en la sanción de los artículos 332 incisos 1) y 2) y artículo 252 incisos 1) y 2), ambos del Código Penal, todo de conformidad con lo previsto por el artículo 363 inciso 2) del Código de Procedimiento Penal.

Al imputado Silvestre Chiri Sánchez lo declaró autor del delito de encubrimiento previsto por el artículo 171 del Código Penal, condenándole a la pena de reclusión de dos años a cumplir en la Cárcel Pública de San Pedro de la ciudad de Oruro. Alternativamente, declara procedente el beneficio de Perdón Judicial en su favor, de conformidad a lo previsto por el artículo 368 del Código de Procedimiento Penal.

Que ante la apelación restringida promovida por los imputados Franz Silver Chiri Olmos y Ludwing Van Chiri Olmos de fojas 85 a 90 vuelta, y la del querellante a foja 93 a 98 y por el Fiscal a fojas 100 a 104, la Corte Ad quem por Auto de Vista Nº 13/2004 de 25 de junio de 2004, cursante a fojas 137 a 139, declaró improcedentes los mencionados recursos y, deliberando en el fondo, confirma la Sentencia de fojas 50 a 72 vuelta.

CONSIDERANDO: que contra el Auto de Vista señalado anteriormente, recurre de casación David Vacarreza Flores a fojas 149 a 156, denunciando en el fondo que el Tribunal de Apelación, al pronunciar su fallo, ha violado lo dispuesto en el artículo 124 del Código de Procedimiento Penal al establecer equivocadamente que la sentencia apelada es el resultado de "la correcta apreciación de antecedentes", que se ha comprobado sin lugar a ninguna duda la intencionalidad de quitar la vida a su hijo, la alevosía establecida en la evidente ventaja de los encausados sobre la víctima, así como en el número de personas, que fueron dos, que se ha probado la intención y la voluntad de matar, acreditando el cuerpo del delito, como la resolución deliberada de antemano para cometer el ilícito, demostrando poco aprecio a la vida humana, que las autoridades incurrieron en equívoca aplicación del artículo 251 del Código Penal, que los imputados Franz Silver Chiri Olmos y Ludwing Van Chiri Olmos, al haber dado muerte a su hijo Juan Carlos Vacarreza Magne, usando arma blanca y una cuerda para estrangularlo con alevosía, ensañamiento y móviles fútiles, su acción se encuadra en la comisión del delito de asesinato, robo agravado y encubrimiento, previstos en la sanción del artículo 252 incisos 2) y 3) del Código Penal, solicitando se los sancione con la pena de presidio de treinta años sin derecho a indulto y no así, como erróneamente lo hicieron los miembros del Tribunal de Sentencia Penal número 1, sentenciándolos al tipo penal descrito en el artículo 251 de la Ley sustantiva penal, con el argumento de que el acusador particular no habría demostrado la intencionalidad de quitar la vida por parte de los imputados, absolviéndolos de pena y culpa por los delitos de robo agravado, previsto y sancionado por el artículo 332 del Código Penal.

A objeto de demostrar la contradicción existente con el Auto de Vista objeto de la impugnación, para su respectivo estudio de comparación, invoca como precedentes los Autos Supremos número 210 y 212, ambos de 24 de abril de 2003, los que revelan que en dichos procesos penales los imputados Alfredo Ferreira García, Carlos Ramiro Romero Estrada y Jorge Eustaquio Méndez Roca han sido condenados por el delito de asesinato, incurso en la sanción de los incisos 2) y 3) del artículo 252 del Código Penal, al primero, quien mantenía relaciones amorosas con la madre de una menor de 17 años de edad, la misma que no las aceptaba, a quien con engaños logra que vaya a su casa conduciéndola a su domicilio donde la ataca fracturándole el hueso hioides, ocasionándole la muerte, para deshacerse de la occisa la introduce en una bolsa y luego la entierra en una fosa cavada por él, la tapa con cal y cemento, concurriendo la alevosía, ensañamiento y móviles fútiles, por lo que condenan al autor por el delito previsto y sancionado por el artículo 252 incisos 2) y 3) del Código Penal y en el segundo Auto que presentan como precedentes se evidencia que, después de una riña y pelea, los procesados decidieron dar muerte a José Martínez Aguilar que se encontraba herido y sangrando a consecuencia de la agresión, trasladándolo a un lugar solitario y oscuro, donde le infieren múltiples herida punzo cortantes con arma blanca, encontrándose demostrada la alevosía, ensañamiento y móviles fútiles, traducidos en la intención de matar, la cautela que tuvieron para cometer el delito, sin riesgo para los delincuentes, la traición, sobre seguro y sangre fría, por cuanto la víctima se encontraba ebria, mal herida y sin posibilidad de defenderse, y ante la existencia de prueba plena declaran a los procesados autores del delito previsto y sancionado por el artículo 252 incisos 2), 3), 6) y 7) del Código Penal, condenándolos a la pena de treinta años de presidio sin derecho a indulto, precedentes que de ninguna manera tienen ninguna relación con el caso de Autos, no demuestran la contradicción exigida por el artículo 417 del Procedimiento Penal y no se trata de situación similar a la que se haya asignado un sentido jurídico diferente al precedente invocado.

A su turno, los imputados Ludwing Van Chiri Olmos y Franz Silver Chiri Olmos impugnan el Auto de Vista 13/2004 de 25 de junio de 2004 mediante memorial de fojas 171 y vuelta, argumentando que entra en contradicción con el precedente contradictorio invocado en su recurso de apelación restringida, que no se han considerado los fundamentos de la apelación restringida, ni los factores y condiciones especiales que han concurrido en la comisión de los hechos, tales como la semi imputabilidad establecida en el artículo 11, la causa de justificación y la inhabilitación especial previstas en los artículos 18 y 34, todos del Código Penal, que contradictoriamente en ambas resoluciones las autoridades que las dictaron admiten y se ha establecido que el sujeto pasivo (víctima) fue quien inició la pelea, habiéndose constituido en el domicilio de los acusados de manera violenta y desenfrenada, que motivó la reacción natural de Franz Chiri Olmos, que ante el ataque a su hermano y herido de muerte pierde su capacidad reflexiva e inhibitoria momentáneamente, que a momento de resolver olvidan y sancionan equivocadamente los hechos como Homicidio descrito en el artículo 251 del Código Penal, cuando las condiciones subjetivas en el actuar y los móviles conducen a la conformación inevitable de los elementos constitutivos de un homicidio por emoción violenta, previsto y sancionado en el artículo 254 del Código Penal.

Con el objeto de demostrar la existencia de contradicción, acompañan como precedente el Auto de Vista de 17 de enero de 2002 de fojas 159 a 161, a través del cual la Sala Penal de la Corte Superior de Justicia del Distrito de Tarija confirma la Sentencia del Tribunal a quo que declaró al imputado Miguel Angel del Castillo Claros autor del delito de "homicidio culposo", incurso en la sanción del artículo 260 del Código Penal, imponiéndole la pena de tres años de reclusión a cumplir en el Penal de Villamontes por haber dado muerte, en una pelea, al Teniente Pizarrozo, resolución que se encuentra ejecutoriada al constar en obrados el Auto Supremo dictado por la Sala Penal del Tribunal Supremo de la Nación en fecha 4 de febrero de 2003 que resuelve el recurso de casación interpuesto por el recurrente, quien ante la condena de tres años de reclusión y la calificación de su conducta al delito de homicidio culposo, acusa la infracción de leyes adjetivas y sustantivas, entre ellas el artículo 135 del Código de Procedimiento Penal, alegando no haberse efectuado una adecuada y correcta valoración y calificación de los hechos y pruebas arrimadas en el proceso, Auto Supremo que en su considerando IV expresa que: "La acción exteriorizada por el sujeto activo en el homicidio para que se adecue al tipo objetivo contenido en la norma consiste en "matar a otra persona" y el resultado es precisamente "la muerte efectiva de otra persona", ahora, entre la acción de matar y el resultado muerte, debe mediar una "relación de causalidad". El tipo subjetivo en el homicidio plantea problemas que constituyen cuestiones centrales de la teoría general del delito, casi siempre más como una cuestión de prueba, hasta el punto de que son las dificultades probatorias más que las teorías propiamente dichas las que condicionan la apreciación de las categorías teóricas que, aunque complejas, hace tiempo que están perfiladas en la dogmática jurídico-penal. Sucede esto, por ejemplo, con la apreciación del dolo eventual, verdadera "zona de nadie" entre el dolo directo y la falta de previsibilidad que degrada a la calificación de homicidio, que conforma la preterintencionalidad, cuya figura se da cuando, a consecuencia de unas lesiones dolosas causadas sin intención de matar, se produce la muerte del sujeto y ésta es imputable a título de imprudencia, falta de diligencia debida y previsibilidad".

La preterintencionalidad es una forma mixta en la que se dan elementos del delito doloso y del delito culposo, declarando infundado el recurso planteado.

Que los recurrentes, hermanos Chiri Olmos, en el recurso de apelación restringida de fojas 164 a 169 acusan que en la Sentencia existen defectos absolutos contenidos en el artículo 169 inciso 3) y artículo 370 inciso I), disposiciones legales inobservadas o erróneamente aplicadas, artículo 18 semi imputabilidad, antijuricidad ocasionada por el estado de ebriedad, estados que influyeron en el proceder y reacción de los imputados, que en cuanto a Franz Chiri, además del trastorno de su personalidad por la emoción violenta que le causó ver a su hermano agonizando, desangrándose y con las vísceras expuestas, situación no considerada en el Sentencia, atentando contra el artículo 124 del Código de Procedimiento Penal, como tampoco las atenuantes ni la ausencia de dolo, requisito necesario para la configuración del tipo penal descrito en el artículo 251 del Código Penal, la inexistencia de fundamentación en la Sentencia a la que califica de insuficiente y contradictoria, violatoria al artículo 370-5 por no existir la fundamentación exigida por el artículo 124 del Código Procesal Penal, violación al artículo 370-6) y defecto absoluto contenido en el artículo 169 inciso 3) del Código de Procedimiento Penal, solicitando en definitiva que el Tribunal de apelación dicte Sentencia en base a los "principios de justicia", declarando absuelto a Ludwing Van Chiri Olmos y homicidio por emoción violenta para Franz Silver Chiri Olmos, imponiendo la pena mínima en base al artículo 39 del Código Penal, petitorio reiterado en la fundamentación oral de fojas 131 a 135.

CONSIDERANDO: que el recurso de casación procede para impugnar Autos de Vista que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de las Cortes Superiores o la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, cuando existe contradicción en una situación de hecho similar y el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincida con el precedente invocado en el recurso de casación, a objeto de establecer la doctrina legal aplicable, con la finalidad de uniformar la jurisprudencia a partir de la interpretación sistemática, teleológica y preservación de los principios de jerarquía normativa y conservación de la norma fundamental , tomando en cuenta que la administración de justicia es una medio de servicio a la sociedad a quien le interesa la correcta aplicación de la ley, porque con ella se garantiza el estado democrático y social de derecho, la pacífica convivencia y la paz social, requiriendo para dicho efecto el respeto irrestricto de los derechos y garantías constitucionales y las leyes de la República. En el caso de Autos los imputados, mediante el precedente contradictorio invocado cursante a fojas 159 a 163, han demostrado la contradicción existente en la tipificación del delito y la calificación de la pena impuesta, hecho que viola derechos fundamentales de los recurrentes por haberse aplicado normas diferentes y de diverso alcance, que viabilizan la solicitud del recurso de casación de fojas 171 a 171 vuelta, correspondiendo establecer la doctrina legal aplicable.

DOCTRINA LEGAL APLICABLE: que el artículo 15 de la Ley de Organización Judicial manda imperativamente que, a tiempo de conocer una causa, el Tribunal de Casación está obligado a revisar los procesos de oficio, si los jueces y funcionarios observaron los plazos y leyes que norman la tramitación y conclusión de los procesos.

Que revisado el expediente relativo al caso que se examina, se ha constatado la existencia de violaciones al debido proceso, con defectos absolutos de procedimiento con la infracción al artículo 169 inciso 3), derechos constitucionales de los procesados, aplicación indebida de la norma sustantiva penal, artículo 251, que no correspondía y violación al artículo 370 incisos 1), 5), 6 última parte), y 8) del Procedimiento Penal.

Que corresponde al Supremo Tribunal ejercitar su función de control a fin de enmendar omisiones o errores procesales que afecten las garantías y derechos constitucionales que pongan en riesgo el sistema procesal penal, el mismo que "es garantía" tanto para víctimas como para imputados, a los que durante la tramitación de la causa los juzgadores tienen la obligación de aplicar correctamente la ley, garantizando "el debido proceso" proclamado por el artículo 16 de la norma fundamental que obliga a implementar en los actos del juzgador "justicia" que garantice, a través de fallos justos y equitativos, la realización del derecho y la aplicación correcta de la ley adjetiva y sustantiva penal, eliminando todo acto de discrecionalidad y arbitrariedad, asegurando correcta administración de justicia, seguridad jurídica proclamada en el artículo 7 inciso 1) de la constitución, como los derechos constitucionalmente protegidos constantes en el artículo 6 parágrafo II que proclama que "la dignidad y la libertad de la persona son inviolables, siendo deber primordial del Estado proteger y garantizar, artículo 16 parágrafo IV, que manda que "nadie puede ser condenado a pena alguna sin haber sido oído y juzgado previamente en proceso legal", artículo 21 que determina la inviolabilidad del domicilio, prohibiendo el ingreso sin autorización de quien lo habita y menos sin orden judicial, artículos 35, 116 inciso X) que impone "la probidad" como una de las condiciones esenciales de la administración de justicia, 228 de la norma fundamental, derechos fundamentales que están obligados a garantizar los tribunales de justicia y, en caso de que los a quos hayan incurrido en infracción, como acontece al presente, es deber ineludible del tribunal de casación en su función de "guardián de la legalidad" preservar y garantizar, como también los proclamados en convenios y tratados internacionales, correspondiéndole el control del debido proceso y la correcta aplicación de la ley cuando el Tribunal de apelación incurre en infracciones que interesan al orden público y al debido proceso, a quien, de manera obligatoria, correspondía, entre otros, reparar directamente la inobservancia de la ley o su errónea aplicación por mandato de la última parte del artículo 413 del Procedimiento Penal, sin embargo, omitiendo esta obligación, confirma ilegalmente la Sentencia dictada por el Tribunal de Sentencia Penal Nº 1 de Oruro de fojas 50 a 72 que declara autores a Franz Silver Chiri Olmos y Ludwing Van Chiri Olmos del delito de homicidio, previsto y sancionado en el artículo 251 del código de Procedimiento Penal, condenándolo con abuso de poder y exceso de autoridad , sin que se haya demostrado la existencia de culpabilidad, sin considerar que "la culpabilidad y no el resultado es el límite de la pena", y sin tomar en cuenta los argumentos expuestos en el recurso de apelación restringida de fojas 85 a 90 vuelta, a sufrir la pena de quince años de presidio al primero y diez años al segundo, a cumplirse en la Cárcel Pública de San Pedro de Oruro, convalidando los errores en los que incurrió el Tribunal de Sentencia, incurriendo en error en la calificación del delito y la de la pena por la valoración defectuosa de la prueba realizada atentando contra el debido proceso, vulnerando el artículo 370-1-6 última parte del Código de Procedimiento Penal al haber calificado incorrectamente la conducta de los incriminados, sin tomar en cuenta lo dispuesto en el artículo 13, la inexistencia de los presupuestos del artículo 14, lo dispuesto en los artículos 37, 38, 40 del Código Penal, todos violados tanto en la Sentencia como en el Auto de Vista por las autoridades que las dictaron, sin haber tomado en cuenta los principios fundamentales que embargan el derecho penal.

POR TANTO: la Sala Penal Segunda de la Corte Suprema de Justicia, en ejercicio de la atribución conferida por el artículo 59 inciso 1) de la Ley de Organización Judicial y en aplicación del segundo párrafo del artículo 419, DEJA SIN EFECTO el Auto de Vista Nº 13/2004 de 25 de junio de 2004 cursante a fojas 137 a 139, disponiendo se devuelvan actuados a la Sala Penal Primera de la Corte Superior del Distrito Judicial de Oruro a objeto de que dicte en el día nueva Sentencia, de acuerdo con la doctrina legal establecida, declarándose INFUNDADO el recurso de casación deducido a fojas 149 a 156, con costas y con responsabilidad a los Vocales suscriptores del fallo, imponiendo una multa de Bs 200.- a cada uno a descontarse por habilitación a favor del Poder Judicial, debiendo remitirse copias del presente fallo al Escalafón Judicial a los fines de ley.

Primera Relatora: Ministra Dra. Rosario Canedo Justiniano.

Adjúntese al proceso principal.