SALA PENAL PRIMERA

AUTO SUPREMO: No. 269

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Sucre, 27 de abril de 2009

DISTRITO: La Paz

PARTES:Empresa Nacional de Ferrocarriles (ENFE) c/ Germán Medrano Kreidler, Raúl Condarco Zenteno, Gonzalo Urquidi Farfán, René Navajas Mogro, Freddy Henrich Balcazar, Roberto Gisbert Bermudes, Ricardo Menacho Ríos, Ramiro Arce Salcedo, Jesús Freddy Nogales Rocabado, Zulema Yánez Rodríguez, Julio Porras Calderón, José Ardaya Calderón, René Pereira Molina, Willie Ovando Arteaga, Gloria Medrano Amado de Azurduy, Rodolfo Zuna Vargas y Edwin Carvallo Zambrana

Contratos Lesivos al Estado, Conducta Antieconómica, Asociación Delictuosa y Estelionato (Rechaza la excepción por prescripción)

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Sucre, 27 de abril de 2009

VISTOS: La excepción de prescripción de la acción penal formulada por el imputado Raúl Enrique Condarco Zenteno de 9 de marzo de 2009 (fs. 30956 a 30958 vlta.) en el proceso penal seguido por la Empresa Nacional de Ferrocarriles (ENFE) contra Germán Medrano Kreidler, Raúl Condarco Zenteno, Gonzalo Urquidi Farfán, René Navajas Mogro, Freddy Henrich Balcazar, Roberto Gisbert Bermudes, Ricardo Menacho Ríos, Ramiro Arce Salcedo, Jesús Freddy Nogales Rocabado, Zulema Yánez Rodríguez, Julio Porras Calderón, José Ardaya Calderón, René Pereira Molina, Willie Ovando Arteaga, Gloria Medrano Amado de Azurduy, Rodolfo Zuna Vargas y Edwin Carvallo Zambrana, por los delitos de Contratos Lesivos al Estado, Conducta Antieconómica, Asociación Delictuosa y Estelionato, previstos y sancionados respectivamente por los arts. 221, 224, 132 y 337 del Código Penal, los antecedentes; y,

CONSIDERANDO: Que, el imputado Raúl Enrique Condarco Zenteno, señaló que el supuesto delito de conducta antieconómica que se le acusa y por el cual se dictó sentencia condenatoria en su contra, habría sido cometido el 17 de septiembre de 1996, desde entonces transcurrieron doce años y seis meses, sin que exista fallo ejecutoriado, razón por la cual en aplicación de los arts. 29 num. 1), 30 y 31 del Código de Procedimiento Penal, solicitó se pronuncie a su favor, la prescripción del delito de conducta antieconómica previsto en el art. 224 del Código Penal.

CONSIDERANDO: Que, absolviendo el traslado dispuesto a fs. 30960, el representante del Ministerio Público, refiriéndose a la Sentencia Constitucional Nº 0101/2004 de 14 de septiembre 2004 y al Auto Constitucional número 0079/2004-ECA de 29 del mismo mes y año, solicitó se declare no haber lugar a la prescripción de la acción penal.
Que, José Manuel Pinto Claure, en su condición de Presidente Ejecutivo a.i. de la Empresa Nacional de Ferrocarriles, refiriéndose a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional respecto a la extinción de la acción penal por duración máxima del proceso, y adhiriéndose a lo solicitado por el Ministerio Público, impetró que de oficio se rechace la prescripción de la acción penal formulada por Raúl Enrique Condarco Zenteno.

CONSIDERANDO: Que, la Sentencia Constitucional Nº 157/2002 de 27 de febrero, entendió que "..., el artículo 29 de la Ley Nº 1970, en lo principal conserva los mismos términos de tiempo para la prescripción, que los establecidos por el Código de 1973, del que sólo se diferencia en que la tercera modalidad de prescripción prevista por este último (tres años), es desglosada o subdividida en la versión vigente en dos supuestos a saber:

a. Tres años para los delitos sancionados con penas privativas de libertad de dos años o menores de dos (que representa en la sistemática el inciso 3) del aludido artículo 29.

b. Se crea como consecuencia de ello una cuarta categoría de prescripción (no prevista en la derogada legislación procesal), en la que se establece que los delitos sancionados con penas no privativas de libertad, prescriben en el término de dos años.

El cambio substancial que se opera en el nuevo régimen de la prescripción lo traen los artículos 30, 31 y 32 de la Ley Nº 1970, relativo a: a) "Inicio del término de la prescripción" b) "Interrupción del término de la prescripción" y; c) la "Suspensión del término de la prescripción" respectivamente. En este orden, el artículo 31 establece que "el término de la prescripción se interrumpirá por la declaratoria de rebeldía del imputado, momento desde el cual el plazo se computará nuevamente".
A su vez, el art. 32 establece tres supuestos sobre la suspensión del término de la prescripción, a saber:

1) Cuando se haya resuelto la suspensión de la persecución penal y esté vigente el período de prueba correspondiente;
2) Mientras esté pendiente la presentación del fallo que resuelva las cuestiones prejudiciales planteadas;
3) Durante la tramitación de cualquier forma de antejuicio o de la conformidad de un gobierno extranjero de la que dependa el inicio del proceso; y,
4) En los delitos que causen alteración del orden constitucional e impidan el ejercicio regular de la competencia de las autoridades legalmente constituidas, mientras dure ese estado.

A diferencia de la legislación procesal precedentemente aludida, el artículo 102 del Código Penal, establecía que la prescripción se interrumpe con el inicio de la instrucción penal, y comienza a computarse a partir de la última actuación que ésta registre.

En materia procesal, el legislador puede establecer que los procesos pendientes y aún los hechos delictivos no sometidos a proceso, se tramiten conforme a la nueva modalidad procesal (pues en materia procesal no es exigible la aplicación de la norma que regía el tiempo de la comisión del delito, como ocurre en materia penal). Esta es la modalidad que ha establecido el legislador boliviano cuando en la Disposición Transitoria Segunda determinó la aplicación anticipada de diversos preceptos procesales, entre ellos, el relativo al régimen de la prescripción.

En los casos en que el proceso está en trámite y entra en vigencia una nueva ley procesal, por razones de economía procesal y seguridad jurídica, conforme lo ha establecido la uniforme doctrina y jurisprudencia, los actos cumplidos con anterioridad a la vigencia de la nueva ley procesal permanecen inalterables. ...

Consecuentemente, la vigencia anticipada de los preceptos procesales establecidos por la disposición Transitoria Segunda, entre los que se encuentra los relativos a las reglas para interrupción y suspensión del término de la prescripción, no pueden afectar a situaciones ya definidas en el marco de las previsiones del artículo 102 del Código Penal; ...".

Que, de la revisión de obrados se tiene que, por memorial de 7 de abril de 1998 (fs. 50 a 51 vlta.), José Luís Gutiérrez Benavidez en representación del Presidente Ejecutivo y el Gerente General de la Empresa Nacional de Ferrocarriles (ENFE), planteó querella contra German Medrano, Gonzalo Urquidi, Rene Pereyra Molina, Julio Porras, Zulema Yánez, Ricardo Fernández, Lenar Humberto Fernández y todos los que resultaren cómplices y encubridores en la comisión de los delitos de contratos lesivos al Estado, asociación delictuosa y conducta antieconómica, con relación a la adjudicación del Complejo Ferroviario de Zudañez por la suma de $us. 5.000.- contrario y en desproporción a lo establecido en el avaluó de la Empresa LEVIN SA. en $us. 3.064.854.- al 31 de diciembre de 1994. Dictándose el Auto Inicial de la Instrucción y Auto Ampliatorio el 24 de julio de 1998 (fs. 184, 187 y vlta.) y el Auto Final de Procesamiento el 1 de noviembre de 1999 (fs. 7817 a 7831). Siendo la última actuación procesal registrada, antes del memorial de prescripción de fs. 30956 a 30958 vlta., el Auto Supremo Nº 459 de 16 de diciembre de 2008 de fs. 30941 a 30945, por el que se declaró no haber lugar a la extinción de la acción penal por duración máxima del proceso.

Que, del contexto referido precedentemente se infiere que en la especie, la prescripción se interrumpió desde el momento en que se inició la instrucción penal correspondiente, esto es, el 24 de julio de 1998 (fs. 184, 187 y vlta.), no cubriendo por tanto el término para que se opere esa figura. Dicho de otro modo, la Ley Nº 1970, determinó que la entrada en vigencia anticipada de los arts. 29 al 33 que regulan el régimen de la prescripción en el nuevo Código de Procedimiento Penal, sería a partir del 31 de mayo de 2000, por tanto aplicables únicamente a los procesos iniciados con posterioridad a la fecha de su entrada en vigencia anticipada. Resultando que los arts. 100 al 102 del Código Penal, aún regulan el procedimiento de la prescripción en los casos que se tramitan conforme al Código de Procedimiento Penal de 1972, máxime si estos se iniciaron antes de la referida fecha de vigencia anticipada, como se da en la especie, con la emisión del Auto Inicial de la Instrucción y Auto Ampliatorio de 24 de julio de 1998 de fs. 184, 187 y vlta., y conforme determina la disposición transitoria primera de la parte final de dicha Ley Nº 1970.

Que, los delitos previstos en los arts. 132 (asociación delictuosa), 221 (contratos lesivos al Estado) y 224 (conducta antieconómica) del Código Penal, tienen una pena máxima de dos (asociación delictuosa), cinco (contratos lesivos al Estado) y seis (conducta antieconómica) años de privación de libertad, respectivamente. Ilícitos por los que fue procesado el incidentista Raúl Enrique Condarco Zenteno -Director de la Unidad Técnica Operativa- como se desprende del Auto de Procesamiento de fs. 7817 a 7831. Así, éstos delitos prescriben a los ocho (conducta antieconómica), cinco (contratos lesivos al Estado) y tres (asociación delictuosa) años, respectivamente, al tenor del art. 101 del Código Penal que establece que "la potestad para ejercer la acción, prescribe:

a) En ocho años, para los delitos que tengan señalada una pena privativa de libertad de seis o más de seis años.
b) En cinco años, para los que tengan señaladas penas privativas de libertad menores de seis y mayores de dos años.".
c) En tres años, para los demás delitos.

Que, en el caso de autos conforme al art. 102 del Código Penal, el término de la prescripción empezó a correr desde la media noche del día en que se cometió el delito, empero, dicho plazo, al dictarse el correspondiente auto inicial, fue interrumpido; consiguientemente, tal término se computa desde la última actuación practicada en el presente proceso, siendo esta última actuación procesal, el pronunciamiento del Auto Supremo Nº 459 de 16 de diciembre de 2008 de fs. 30941 a 30945, por el que se declaró no haber lugar a la extinción de la acción penal por duración máxima del proceso, así tomando en cuenta la fecha de dicha resolución, se tiene que hasta el presente no transcurrió el tiempo suficiente para la procedencia de la prescripción solicitada por ninguno de los delitos acusados, toda vez que la acción penal como se dijo líneas arriba, prescribe en ocho años para los delitos que tengan señalada una pena privativa de libertad de seis o mas de seis años, en cinco años para los que tengan penas menores de seis y mayores de dos años. y en tres años para los demás delitos, casos a los que se adscriben los delitos por los que fue juzgado el procesado Raúl Enrique Condarco Zenteno conforme consta en el citado auto de procesamiento de 1 de noviembre de 1999 de fs. 7817 a 7831, máxime si por mandato del último párrafo del art. 101 del Código Penal, se obliga a que en los delitos sancionados con penas indeterminadas, como es el caso de los delitos endilgados al incidentista, se deba tomar siempre en cuenta el máximum de la pena señalada.

Por todo lo expuesto, corresponde desestimar la solicitud de prescripción de la acción penal formulada por el procesado Raúl Enrique Condarco Zenteno de 9 de marzo de 2009 (fs. 30956 a 30958 vlta.).

POR TANTO: La Sala Penal Primera de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en ejercicio de sus atribuciones, en aplicación del art. 187 del Código de Procedimiento Penal de 1972 y de acuerdo con el requerimiento fiscal de fs. 30964 a 30966, RECHAZA la excepción de prescripción formulada por el imputado Raúl Enrique Condarco Zenteno de fs. 30956 a 30958 vlta., disponiéndose la prosecución del presente proceso, sin recurso ulterior.

Regístrese, comuníquese y cúmplase.

Fdo. Dr. Teófilo Tarquino Mújica.

Dr. Ángel Irusta Pérez.

Sucre, 27 de abril de 2009

Proveído.- Jaime René Conde Andrade -Secretario de

Cámara de la Sala Penal Primera.

Libro Tomas de Razón 2/2009

 

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