SALA PENAL SEGUNDA

AUTO SUPREMO No 177

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Sucre, 27 de mayo de 2005

DISTRITO: Santa Cruz

PARTES: Ministerio Público c/ Yerko Andrés Kukoc del Carpio.

Hurto.

MINISTRA RELATORA: Dra. Rosario Canedo Justiniano.

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VISTOS: los recursos de casación interpuestos por José Alfredo Añez Herrera y Anuncio Piérola Galvis, Fiscales de Materia del Distrito de Santa Cruz, que cursan de fojas 973 a 977 y vuelta y por Yerko Andrés Kukoc del Carpio, cursante de fojas 988 a 991, impugnando el Auto de Vista de fecha 15 de septiembre de 2004 cursante de fojas 36 a 39 de obrados pronunciado por la Sala Penal Segunda de la Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Yerko Andrés Kukoc del Carpio por la comisión del delito de hurto (artículo 326 del Código Penal), sus antecedentes, y

CONSIDERANDO: que de fojas 3 a 6 de obrados cursa la sentencia de fecha 10 de julio de 2004, pronunciada por el Juez Octavo de Instrucción en lo Penal del Distrito de Santa Cruz, dentro del proceso abreviado seguido por el Ministerio Público en contra de Yerko Andrés Kukoc del Carpio, por el cual se lo declara autor del delito de hurto, previsto y sancionado por el artículo 326 del Código Penal, condenándolo a la pena privativa de libertad de dos años a cumplirse en la Cárcel Pública de la ciudad de Santa Cruz, más pago de costas, confiscación de la suma incautada de un millón quinientos noventa y seis mil ochocientos bolivianos y setenta y siete mil ciento ochenta y cinco dólares americanos a favor del Estado boliviano, más el pago de cuatrocientos días multa a razón de Bs 14,66 por día, es decir un total de cinco mil ochocientos sesenta y seis bolivianos, según auto complementario a la referida sentencia cursante a fojas 7 de obrados, otorgándole la autoridad judicial mediante Resolución de fojas 9 a 10 de fecha 13 de julio de 2004, perdón judicial fundado en el Informe de Antecedentes Penales expedido por REJAP.

La sentencia dictada fue notificada legalmente a las partes en fecha 15 de julio de 2004, como consta por la diligencia de notificación cursante a fojas 11 a 11 y vuelta, sin que ninguna de las partes intervinientes en el proceso haya interpuesto recurso alguno, ni realizado ninguna impugnación, adquiriendo ejecutoria la referida sentencia a partir del 2 de agosto de 2004, como se evidencia por la certificación emitida por la Lic. Asunta M. Penacho Alarcón, Secretaria del Juzgado de Instrucción Octavo en lo Penal de la ciudad de Santa Cruz de fojas 12, por la cual acredita que la sentencia dictada por este tribunal se encuentra ejecutoriada al no haber interpuesto ninguna de la partes procesales recurso ordinario ni extraordinario contra la mencionada resolución.

Que contra la referida sentencia cursante de fojas 3 a 6, el Sr. Sacha LLorentty Soliz, por sí y en representación de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, interpone apelación restringida mediante memorial cursante de fojas 16 a 19 de obrados.

Que el tribunal de alzada, dentro del plazo legal, resolviendo la apelación referida anteriormente, pronuncia Auto de Vista cursante de fojas 36 a 39 de obrados declarando procedente el recurso de apelación restringida interpuesto por Sacha Llorentty Soliz, por sí y en representación de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, anulando totalmente la sentencia de fecha 10 de julio de 2004, saliente de fojas 3 a 6, bajo el argumento de existir en la sentencia dictada defectos absolutos de procedimiento y de interpretación del Derecho Penal sustantivo insubsanables; con el fundamento de que, al tratarse de dineros de propiedad del Estado destinados a gastos reservados, el hecho estaría indisolublemente ligado a la anterior condición de Ministro de Gobierno que ostentaba el imputado, por lo tanto, el Juez de Instrucción Octavo en lo Penal, al conocer el proceso abreviado, habría obrado sin competencia, por lo que existiría vulneración al derecho fundamental del acusado al juez natural, consecuentemente, se hubiese inobservado tanto la ley sustantiva como la ley adjetiva penal, dando como resultado la existencia de defectos absolutos insubsanables.

CONSIDERANDO: que contra el referido Auto de Vista recurren de casación José Alfredo Añez Herrera y Anuncio Piérola Galvis, Fiscales de Materia del Distrito de Santa Cruz, mediante memorial cursante de fojas 973 a 977 y vuelta, los mismos que, en su condición de directores del proceso y Representantes del Estado y de la Sociedad, solicitan la Anulación del Auto de Vista de 15 de septiembre de 2004, debiendo dejarse firme y subsistente la sentencia de 10 de julio de 2004, con los siguientes argumentos de orden legal:

Que en la etapa preparatoria del presente proceso, el imputado interpuso EXCEPCION DE INCOMPETENCIA dando lugar a que se pronuncie resolución, mediante auto definitivo, por el que el juez RECHAZA la referida excepción, interponiendo el imputado el correspondiente recurso de apelación para ante el superior en grado, resolviendo el recurso los Vocales de la Sala Penal Primera de la Corte Superior del Distrito de Santa Cruz mediante Auto de Vista Nº 100 de fecha 25 de marzo de 2004, por el que declaran improcedente la apelación incidental, consecuentemente, confirman la competencia del Juez Octavo de Instrucción en lo Penal, quedando firme esta resolución, adquiriendo, por tanto, la calidad de cosa juzgada, dando lugar a que el imputado, por determinación judicial, sea juzgado en la jurisdicción ordinaria.

Que de la misma manera, el imputado, en la etapa preparatoria, planteó la excepción de falta de acción y de prejudicialidad, las mismas que también fueron rechazadas por el juez instructor referido y, ante el agravio inferido, el imputado interpuso el correspondiente recurso de apelación, el que, conocido que fue por los Vocales de la Sala Penal Segunda de la Corte Superior de Santa Cruz, resolvieron el mismo declarándolo Improcedente mediante Auto de Vista Nº 177, resolución que también adquirió la calidad de cosa juzgada.

Asimismo, los fiscales, en el recurso de casación de fojas 973 a 977 y vuelta, fundamentan su recurso afirmando que "la apelación restringida interpuesta por Sacha Llorentty Soliz es ilegal debido a que el apelante no reúne la condición de víctima, a la cual se refiere el artículo 76 inciso 1) de la Ley 1970, por que la Constitución Política del Estado, en su artículo 4, establece: "Que el pueblo no delibera ni gobierna sino por medio de sus representantes y autoridades creadas por ley". Que el Ministerio Público, de acuerdo al artículo 124 de la Constitución Política del Estado, concordante con los artículos 2 y 3 de la Ley 2175, establece que su finalidad es promover la acción de la justicia, defender la legalidad, los intereses del Estado y de la Sociedad, representándolos conforme a lo establecido en la Constitución y en las Leyes de la República, facultades que acreditan su competencia y personería para participar en el proceso, que el apelante no ha acreditado su condición de víctima y, consecuentemente, no tiene personería jurídico legal para interponer el recurso, además de no haber presentado documentos que acrediten que es representante de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos de Bolivia.

Que además de no tener legitimidad para esa impugnación, (recurso de apelación restringida), el recurso interpuesto fue presentado fuera de término, toda vez que el artículo 408 de la Ley 1970 señala quince días para interponer el recurso, término perentorio y fatal, que al haberse presentado el recurso de apelación restringida cuando la sentencia de 10 de julio de 2004 se encontraba plenamente ejecutoriada, pasada en autoridad de cosa juzgada, el Auto de Vista dictado por la Sala Penal Segunda de la Corte Superior ya señalada violó, en su primer considerando, los artículos 126 y 130, con relación al artículo 408 de la Ley 1970 que establece que los términos son perentorios, sin embargo, el tribunal de alzada admitió el recurso de apelación restringida fuera del plazo establecido por ley, incurriendo en inobservancia de la ley, independientemente de la representación del apelante, al no haber éste acreditado documentalmente su condición de representante y de estar legitimado para interponer el recurso indicado.

Que el tribunal de alzada incurrió además en flagrante violación de la ley al desconocer y anular Autos de Vista de la Sala Penal Primera y su propio Auto de Vista que resolvía la excepción de falta de acción y prejudicialidad, por lo que el tribunal dictó la resolución más allá de los puntos cuestionados en el recurso.

CONSIDERANDO: que por su parte, el imputado Yerko Andrés Kukoc del Carpio interpone recurso de casación, mediante memorial de fojas 988 a 991, impugnando el Auto de Vista de fecha 15 de septiembre de 2004, cursante de fojas 36 a 39 de obrados, solicitando que, al evidenciar contradicción con las resoluciones presentadas como precedentes jurisprudenciales, dejen sin efecto la resolución dictada por la Sala Penal Segunda, ratificando la validez de la sentencia ejecutoriada de fecha 10 de julio de 2004 con los siguientes fundamentos de derecho:

Que el proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público, ha sido desarrollado de manera pública, oral y continua durante la etapa preparatoria como durante el procedimiento abreviado, etapas en las que en ninguna de ellas la Asamblea de Derechos Humanos participó ni como denunciante, ni como parte civil y menos como víctima, representando al Estado y la Sociedad el Ministerio Público.

"Que Sacha Llorentty Soliz, sin contar ni acreditar legitimación activa para interponer el recurso de apelación restringida, por sí y por la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, al no ser parte del proceso, ni acreditar su personería, ni contar con el correspondiente mandato exigido por ley, presentó el recurso de apelación restringida cuando la sentencia dictada por el Juez Octavo de Instrucción en lo Penal se encontraba ejecutoriada. Que el recurso de apelación fue presentado el 4 de agosto de 2004, después de 25 días de haber sido dictada la sentencia dentro del proceso abreviado".

CONSIDERANDO: que del análisis del contenido de los recursos de casación deducidos y el objeto de las impugnaciones, la doctrina procesal vigente respecto al proceso acusatorio en relación a los ALCANCES Y FUNDAMENTOS DEL PROCESO ABREVIADO, la ley 1970, dentro de la economía procesal penal nacional, introduce el instituto del "proceso abreviado" o de la "conformidad del imputado", de origen anglosajón. La nueva disposición sostiene que, concluida la investigación, esto es la etapa preparatoria del juicio, el fiscal podrá solicitar al juez de la instrucción, en su requerimiento conclusivo, que se aplique el procedimiento abreviado, requiriéndose como presupuesto legal obligatorio contar con el acuerdo y la aceptación plena del imputado y de su defensor, fundado en la admisión del hecho y de su participación en el ilícito motivo del juzgamiento. Si existen varios imputados, se puede aplicar sólo a alguno de ellos y continúa el proceso para los otros. En caso de oposición fundada de la víctima o que el procedimiento común permita un mejor conocimiento de los hechos, el juez podrá negar la aplicación del procedimiento abreviado. La sentencia, necesariamente, tiene que ser condenatoria, previo acuerdo entre el imputado y el fiscal, sobre la existencia del hecho y de su participación, de la renuncia al juicio oral y de que el reconocimiento de su culpabilidad sea libre y voluntario, elementos que llevan al convencimiento, con absoluta certeza, de la responsabilidad penal del imputado, además fijará con precisión la pena que no puede ser superior a la que ha pedido el fiscal, así como la forma y lugar de su cumplimiento.

En el caso de autos, a requerimiento del fiscal y aceptación del propio imputado a renunciar al juicio oral, público y contradictorio, además de la aceptación de sus abogados defensores, se desarrolló el proceso abreviado con todas las formalidades de rigor, dando como resultado la emisión de la sentencia de 10 de julio de 2004, la misma que notificada que fue a las partes del proceso quedó ejecutoriada al no haber formulado recurso alguno ninguna de las partes procesales, adquiriendo, por tanto, la calidad de cosa juzgada ejecutoriada.

CONSIDERANDO: que en relación a las PARTES DEL PROCESO es necesario considerar: a) que la titularidad de la acción penal, por mandato imperativo del artículo 124 de la Constitución Política del Estado, le corresponde al Ministerio Público, cuya finalidad es promover la acción de la justicia, defender la legalidad, los intereses del Estado y de la Sociedad, determinando el artículo 125 de la norma supra legal que es, asimismo, el Representante del Estado y de la Sociedad en el marco de la ley, concordante con lo dispuesto por el artículo 6 de la ley 2175, de manera obligatoria, promover, de oficio, la acción penal pública, tratándose de un delito de acción pública y, en los de instancia de parte, como lo manda el artículo 17 del Código de Procedimiento Penal, luego de que sea formalizada la acción; sin embargo, no está facultado para incoar y promover cuando se trata de delitos de acción privada. La actuación del Ministerio Público necesariamente debe estar conforme a la Constitución, Ley Orgánica del Ministerio Público, Leyes de la República y Tratados y Convenios internacionales, teniendo la obligación, dentro del proceso de investigación, de tomar en cuenta no sólo las circunstancias que permitan comprobar la acusación, sino también las que sirvan para eximir de responsabilidad al imputado, en virtud al principio de objetividad previsto en el artículo 72 del Código de Procedimiento Penal, determinando el artículo 394 del mismo cuerpo de leyes que "el derecho de recurrir corresponderá a quién le sea expresamente permitido por ley, incluida la víctima, aunque no se hubiese constituido en querellante", así como a la parte que la resolución le hubiera causado algún agravio que pueda ser subsanado por el tribunal ad quem. b) Las personas físicas y jurídicas, al incoar la acción penal, tienen la obligación de demostrar su personalidad y personería jurídica que les acredite legitimación procesal para actuar en el proceso, significando que pueden ejercer la acción penal en las mismas condiciones que las personas físicas, siempre que cumplan los siguientes requisitos formales: acreditar su representación, como lo determinan los artículos 56 y 58 del Código de Procedimiento Civil y los artículos 804 y siguientes del Código Civil, presentando el correspondiente poder que demuestre el mandato conferido en su favor en el primer escrito o memorial, como lo manda imperativamente el artículo 58 del Código de Procedimiento Civil, encontrándose obligado el mandante o apoderado a demostrar, sin lugar a ninguna duda, el origen y de dónde emerge el mandato, quién o quiénes y con qué facultades le otorgaron la representación para actuar en su nombre y representación, todo concordante con lo dispuesto por el artículo 81 del Código de Procedimiento Penal.

Según el tratadista Calamandrei, la "representación procesal es la llamada voluntaria o convencional, se funda no en la incapacidad del representado, sino, más bien, en la válida voluntad de quien, aún siendo plenamente capaz de estar en juicio por sí mismo, prefiere encargar a otro que lo haga a nombre de él", de donde se desprende que para ejercer la representación procesal voluntaria es necesario e imprescindible la concurrencia de dos requisitos: la válida voluntad del otorgante y su plena capacidad de accionar en juicio por sí mismo, tal como lo establece el Decreto Supremo de 23 de agosto de 1899 que determina las condiciones que deben reunir los poderes en general.

En el caso de autos, el Sr. Sacha Llorentty Soliz, al interponer el recurso de apelación restringida, no ha acreditado poder especial bastante y suficiente para actuar en nombre y representación de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, omitiendo presentar estatutos que determinen su constitución, principios, fines y objetivos, verificación de la representación legal de la institución, elección de representantes en asamblea general, acta de nombramiento, juramento y posesión, omisión que conlleva a determinar que carece de legitimación activa para accionar penalmente en representación de la institución, ya que de aceptarse esta posibilidad se trastrocaría el ordenamiento jurídico nacional, desconociendo el "monopolio de la acusación" que tiene el Ministerio Público, tratándose de delitos de acción pública, o el "Defensor del Pueblo" en caso de acreditarse violación a derechos y garantías constitucionales, facultad que no le ha sido atribuida por ninguna disposición legal a la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, por lo que, al no haber intervenido en el proceso como sujeto activo, ni pasivo, victima ni denunciante, no fue ni es parte, no cuenta esta institución, ni el presunto representante, con Personería jurídico legal para ser parte del proceso y tampoco para impugnar ninguna resolución.

De acuerdo a William Herrera Añez, en su libro "Derecho Procesal Penal Boliviano", Ed. El País, Santa Cruz, 2003, página 109, en relación a las "partes del proceso" nos refiere, a los acusadores particulares con relación al ejercicio de la acción penal pública, a tiempo de sostener que existen tres tipos de acusadores no públicos, ( el actor popular, el acusador particular y el acusador privado), el primero que tiene una efímera participación, cuando en delitos perseguibles de oficio, cualquier ciudadano puede ejercer la acción penal con la denuncia del hecho ilícito cometido, el acusador particular es la "víctima" en los delitos de acción pública que, para hacer prevalecer sus derechos, tiene que convertirse en querellante, (artículo 78 del Código de Procedimiento Penal), finalmente, el acusador privado, que a diferencia del actor popular y del acusador particular tiene una intervención secundaria, el acusador privado es parte acusadora necesariamente en los delitos de acción privada. En los que además queda excluida la intervención del Ministerio Público, cualidades que no tiene el apelante, quien al haber presentado el memorial de fojas 1.019 de fecha 21 de febrero de 2005, después de haber transcurrido más de seis meses de la interposición del recurso de apelación restringida, no subsana la omisión extrañada debido a que la personería debe ser acreditada con la presentación del primer escrito, demostrativo de que a momento de la presentación del recurso el recurrente carecía de legitimidad procesal para actuar en nombre de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos debido a que, por la fecha de la fotocopia del testimonio del poder de fojas 1.012 a 1.018 y vuelta, se demuestra que éste fue otorgado de manera posterior a la presentación del recurso, no siendo pertinente realizar el análisis del poder, el mismo que en ningún momento ha sido admitido por el Tribunal Supremo.

CONSIDERANDO: que por imperio de la norma, además de estar legitimado para interponer el recurso, éste debe ser interpuesto dentro de los plazos que señala la ley, en el caso de autos se evidencia EXTEMPORANEIDAD DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO, contrariamente a lo que considera la doctrina procesal penal, que es terminante al establecer que: "Las resoluciones judiciales quedarán firmes y ejecutoriadas sin necesidad de declaración alguna, en cuanto no sean impugnadas en el plazo establecido por ley o no hayan sido oportunamente interpuestas en dichos plazos, las que se computan de momento a momento", concordante con el tenor imperativo del artículo 126 del Código de Procedimiento Penal, por lo que la sentencia emitida como consecuencia del proceso abreviado, al no haber sido impugnada por ninguna de las partes dentro del término fatal e improrrogable fijado por ley, ha adquirido la calidad de firme, encontrándose ejecutoriada, pasada en autoridad de cosa juzgada, como lo ha certificado la Secretaria del Juzgado de fojas 12, por tanto, el recurso de apelación restringida interpuesto por la Asamblea Permanente de Derechos Humanos en fecha 4 de agosto de 2004, como se acredita del cargo de recepción de fojas 19 y vuelta, ha sido presentado fuera del plazo establecido por el artículo 408 del Código de Procedimiento Penal, extemporáneamente, por lo que no tiene relevancia jurídico legal su presentación, no pudiendo modificar los efectos de la sentencia por encontrarse ejecutoriada, como lo prevén los artículos 126 y 130, con relación al 408, todos de la ley 1970.

CONSIDERANDO: que de acuerdo a la doctrina constitucional, se dice que una situación de hecho es jurídica cuando está regida por el Derecho, como disciplina regulatoria de la convivencia humana. Por lo tanto, cuando la seguridad resulta del Derecho hay SEGURIDAD JURIDICA, la misma que afirma la certeza y la permanencia de las situaciones jurídicas, vale decir de las que están regladas por el sistema del Derecho y hace que todos los ciudadanos, gobernantes y gobernados asuman su cumplimiento y sometimiento. En términos generales, hay "seguridad jurídica" cuando el sistema ha sido regularmente establecido en términos iguales para todos, mediante leyes susceptibles de ser conocidas y que sólo se aplican a conductas posteriores. La seguridad, como certidumbre del derecho, supone la existencia de normas jurídicas ciertas de las que resultan los derechos de los que son titulares la persona y su consiguiente convicción fundada acerca de que esos derechos serán respetados. En el caso de autos, los Vocales que dictaron el Auto de Vista impugnado, al haber admitido el recurso de apelación restringida interpuesto por un tercero ajeno al proceso, sin reunir las condiciones de admisibilidad por carencia de legitimación procesal para hacerlo, y fuera del plazo establecido por ley, actuaron al margen de la ley, violando derechos fundamentales protegidos y garantizados en el artículo 7 inciso a) de la Constitución Política del Estado, "seguridad jurídica" que se entiende como exención de peligro o daño, certeza plena, firme convicción de que los jueces actuarán de acuerdo al mandato expreso de la ley y no de otra manera, así como el "debido proceso" proclamado en el parágrafo IV del artículo 16 de la Constitución Política del Estado, del artículo 8 del Pacto de San José de Costa Rica y del artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, derechos que se encuentran inmersos dentro del "principio de legalidad", principio que, según el Tribunal Constitucional, sustituye al gobierno de los hombres por el gobierno de la ley, principio informador de todo el ordenamiento jurídico de la nación, que fue inobservado por los Vocales que dictaron el Auto de Vista motivo del recurso de casación.

CONSIDERANDO: que los Vocales, al emitir el Auto de Vista recurrido, obraron SIN COMPETENCIA, pues no tomaron en cuenta que, al haber transcurrido más tiempo del fijado por ley para la interposición del mismo, carecían de competencia para resolver el recurso ilegalmente interpuesto, debido a que la sentencia recurrida contaba con sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, por lo que no se abrió su competencia para emitir el Auto de Vista motivo del recurso, incompetencia que, por disposición del artículo 31 de la Constitución Política del Estado, conlleva la nulidad del acto, haciendo notar que los fundamentos expuestos imposibilitaban la valoración de los motivos de impugnación esgrimidos en el recurso de apelación restringida, razón por la cual son aplicables al caso de autos las disposiciones contenidas en los artículos 167, 169 inciso 3) y 394 del Código de Procedimiento Penal, por encontrarse acreditada la contradicción entre el Auto de Vista impugnado y los precedentes jurisprudenciales presentados por los recurrentes de fojas 980 a 986 y vuelta, como lo exige el artículo 416 del Procedimiento Penal

DOCTRINA LEGAL:

Existe violación al Derecho, a la Seguridad Jurídica, al Debido Proceso, al principio de legalidad, probidad y justicia proclamados en la Constitución Política del Estado cuando, al emitir resoluciones judiciales, no se respeta el orden jurídico constituido, constituyéndose tales resoluciones en ilegales, contrarias a normas procesales de orden público y de cumplimiento obligatorio, no siendo posible ni admisible atentar contra la firmeza y certeza de situaciones jurídicas establecidas por ley.

De acuerdo a lo establecido por el artículo 31 de la Constitución Política del Estado, son nulas las actuaciones de los tribunales que usurpen funciones que no les competen, así como los actos de los que ejerzan jurisdicción o potestad que no emane de la ley o actúen sin competencia, tal el caso de autoridades que actúen procesalmente sin tomar en cuenta la existencia de resoluciones firmes, ejecutoriadas con autoridad de cosa juzgada, las mismas que constituyen verdad jurídica inalterable con los efectos previstos en el artículo 39 del Código de Procedimiento Penal.

El derecho a la impugnación se encuentra limitado a las partes legitimadas en el proceso que pueden ejercitarlo, y a la extensión de la revisión de la sentencia que puede disponer el tribunal de alzada. Es limitado en cuanto a las sentencias que se pueden recurrir, puesto que no siempre la ley, con respecto a cualquiera de ellas, consagra la posibilidad de impugnarlas cuando, por ejemplo, han sido interpuestas fuera del plazo establecido por ley y por tercero o impetrante ajeno, que no hubiese sido debidamente legitimado.

POR TANTO: la Sala Penal Segunda de la Corte Suprema de Justicia, con la concurrencia del Dr. Jaime Ampuero García, Ministro Presidente de la Sala Penal Primera, convocado al efecto, en ejercicio de la facultad conferida por el articulo 59 inciso 1) de la ley de Organización Judicial, DEJA SIN EFECTO el Auto de Vista de fecha 15 de septiembre del 2004 dictado por la Sala Penal Segunda de la Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, cursante de fojas 36 a 39 de obrados, disponiendo que dichas autoridades pronuncien nueva resolución de acuerdo con la doctrina legal establecida, con costas y multa a favor del Tesoro Judicial que se califica en la suma de Bs 200.- a imponerse a cada uno de los Vocales firmantes del Auto de Vista de 15 de septiembre de 2004, Dr. Edgar Molina Aponte y Dr. Adhemar Fernández Ripalda, no alcanza la determinación a la Sra. Vocal disidente, de fojas 36 a 39 de obrados, a descontarse por habilitación.

No interviene el Dr. Héctor Sandoval Parada, Ministro Presidente de la Sala Penal Segunda, por excusa declarada legal.

Relatora: Ministra Dra. Rosario Canedo Justiniano

Regístrese y hágase saber.

 

Fdo. Dr. Jaime Ampuero García

Dra. Rosario Canedo Justiniano

Sucre, veintisiete de mayo de dos mil cinco.

Proveído.- David Baptista Velásquez - Secretario de Cámara.