SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0806/2003-R
Sucre, 11 de junio de 2003

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Expediente: 2003-06287-12-RAC
Distrito: Cochabamba
Magistrado Relator: Magistrado Correlator: Dr. Felipe Tredinnick Abasto Dr. Willman Ruperto Durán Ribera

En revisión la Resolución de 13 de marzo de 2003, cursante a fs. 67, pronunciada por la Sala Civil Primera de la Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba, dentro del recurso de amparo constitucional interpuesto por Marcial Pérez Fernández contra Vilma Zambrana Polo, Jueza de Partido de Sacaba, alegando la vulneración al debido proceso y a su derecho propietario.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido del recurso

I.1.1. Hechos que motivan el recurso

Por memorial presentado el 19 de febrero de 2003, cursante a fs. 26-27 de obrados, se plantea este recurso extraordinario en el que se asevera lo siguiente:

Que, el 26 de agosto de 2002, Marcial Pérez Fernandez (recurrente) interpuso querella contra Gloria Elizabeth López Zambrana, por la comisión de los delitos de despojo, perturbación de posesión y daño simple, porque el 24 de agosto de 2002, aproximadamente a horas 12:30 p.m., la imputada irrumpió en su propiedad acompañada por una turba de 40 personas, ordenado a los otros a destruir su construcción y todo.

Que, por excusa del Juez de Sentencia Segundo de la Capital, el proceso se radicó en el Juzgado de Sentencia de Sacaba, autoridad que convoca a las partes a una audiencia de conciliación, en la que no se llegó a ningún acuerdo, por lo que prosiguiéndose con el trámite, se ofrecieron las pruebas de cargo y de descargo.

Que, la Jueza recurrida, mediante Auto de 17 de enero de 2003, señala audiencia para la celebración del juicio oral, sólo por el delito de daño simple, rechazando de oficio la apertura del juicio por los delitos de despojo y perturbación de posesión, con el argumento de que la querellada ya fue juzgada por esos delitos, según Sentencia de 1 de marzo de 1999. Contra esa determinación ilegal el recurrente solicitó enmienda y complementación, petitorio que fue rechazado por la Jueza por decreto de 22 de enero del año en curso.

Que, el Auto de apertura de juicio dictado por la autoridad demandada, al rechazar el juicio por los delitos querellados de despojo y perturbación de posesión, constituye una determinación arbitraria e ilegal, con la que se impide se imparta justicia, en un acto del cual el recurrente es la víctima.

Que, por imperio del art. 342 de la Ley 1970 de 25 de marzo de 1999 o Código de procedimiento penal (CPP), dicho Auto de apertura de juicio es irrecurrible, y al no tener el recurrente otro medio para restablecer la garantía del debido proceso y el derecho a la propiedad, plantea la presente acción extraordinaria.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

La garantía al debido proceso y el derecho a la propiedad privada, previstos en los arts. 16 y 7 inc. i) de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Autoridad recurrida y petitorio

Con esos antecedentes plantea recurso de amparo constitucional contra Vilma Zambrana Polo, Jueza de Partido de Sacaba, pidiendo se declare procedente y se ordene se dicte el auto de apertura del juicio oral, incluyendo los dos delitos adicionales que contiene la querella contra Gloria Elizabeth López Zambrana.

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de amparo constitucional

Celebrada la audiencia pública el 13 de marzo de 2003, tal como consta en el acta de fs. 66, ocurrió lo siguiente:

I.2.1. Ratificación del recurso

Mediante su abogada el recurrente ratifica su demanda.

I.2.2. Informe del recurrido

Ante la ausencia de la autoridad recurrida, se procedió a dar lectura a su informe cursante a fs. 63-65 de obrados, en el que manifiesta: a) instaurada la querella, fijó audiencia de conciliación; efectuada la misma vio un conflicto sobre el derecho propietario, además de existir certificaciones contradictorias sobre los terrenos, pero no llegaron a ningún acuerdo, b) para la calificación del delito obró con libertad de criterio de acuerdo a ley, por ser ese un acto privativo e irrecurrible conforme al art. 342 CPP, por lo que dictó el Auto de 17 de enero de 2003 (impugnado) en el que dispuso la apertura del juicio oral sólo por el delito de daño simple y c) la disputa sobre el terreno es de hace varios años atrás, siendo el conflicto el mismo y no puede ser juzgada dos veces por el mismo delito; que al haberse vendido los terrenos, la calidad de propietaria o detentadora debe ser resuelta en un procedimiento extra penal. Solicita que el recurso sea declarado improcedente.

I.2.3. Resolución

Concluida la audiencia, la Sala Civil Primera de la Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba, en ausencia del representante del Ministerio Público, pronunció la Resolución de 13 de marzo de 2003, que corre a fojas 67, que declara procedente el recurso, disponiendo que la Jueza recurrida dicte apertura de juicio oral por los delitos de despojo y perturbación de posesión, con estos fundamentos: a) si bien la imputada fue juzgada, absolviéndola del delito de despojo por Sentencia de 1 de marzo de 1999, esa resolución corresponde a hechos producidos el año 1998, b) la querella actual se refiere a un nuevo hecho ocurrido el 24 de agosto de 2002, y c) el Auto de apertura de juicio no es recurrible (art. 342 CPP), por lo que la jueza debe dictar el auto de apertura del juicio por los delitos querellados de despojo y perturbación de posesión contra la imputada.

1.3. Trámite procesal en el Tribunal

Que en uso de la facultad reconocida por el art. 2 de la Ley 1979, de 24 de mayo de 1999, este Tribunal por Acuerdo Jurisdiccional 56/03, de 20 de mayo de 2003, resolvió ampliar el plazo procesal por la mitad del término principal, cuyo nuevo vencimiento es el 11 de junio de 2003; por lo que la presente Sentencia es pronunciada dentro del plazo legalmente establecido.

II. CONCLUSIONES

Que del análisis del expediente y de las pruebas aportadas, se concluye lo siguiente:

II.1. Que, dentro de la tramitación del proceso penal seguido por Marcial Pérez (recurrente) contra Gloria López, el Juez Segundo de Instrucción en lo Penal, emitió la Sentencia de 1 de marzo de 1999, por la que se absuelve de pena y culpa a la procesada (fs. 30-33).

II.2. Que, por actos cometidos el 24 de agosto de 2002, en 27 del mismo mes y año Marcial Pérez Fernández (recurrente) plantea a conocimiento del Juez de Sentencia de Turno de Cochabamba, querella contra Gloria Elizabeth López, por los delitos de despojo, perturbación de posesión y daño simple (fs. 1 a 2).

II.3. Que, luego de haberse tramitado una declinatoria de competencia (fs. 3), mediante Auto de 17 de septiembre de 2002, la Jueza demandada radica la causa en el Juzgado a su cargo o Juzgado de Sentencia de Sacaba, admitiéndose la querella presentada (por los tres delitos querellados) y señalando audiencia de conciliación (fs. 5 vta.).

II.4. Que, al no haberse llegado a ningún acuerdo en la audiencia conciliatoria, la autoridad demandada mediante Auto de 17 de enero de 2003, dispone la apertura del juicio oral contra Gloria Elizabeth López y convocando a juicio señala audiencia para su celebración, por la presunta comisión del delito de daño simple y no así por el delito de despojo que subsume el delito de perturbación de posesión, por haber sido juzgada la querellada anteriormente con sentencia dictada el 1 de marzo de la gestión de 1999 (fs. 8).

II.5. Que, el recurrente en 21 de enero de 2003, solicitó complementación y enmienda contra la referida determinación (fs. 9); la Jueza demandada por Resolución de 22 del mismo mes y año, declara no haber lugar a lo solicitado (fs. 9 vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La Jueza demandada, al haber abierto el juicio oral sólo con relación al delito de daño simple y no así con referencia a los delitos de despojo y perturbación de posesión, también querellados, ha cometido un acto ilegal por el que se lesiona la garantía al debido proceso y derecho a la propiedad del recurrente. Se pasa a constatar los extremos denunciados, a efecto de determinar si corresponde o no la protección solicitada.

III.1. Sobre la discrecionalidad del acusador particular para tipificar el objeto del juicio.- El recurrente entiende, que el juez recurrido, al haber dictado el Auto de apertura de juicio excluyendo del mismo los delitos de despojo y perturbación de posesión contenidos en la querella, ha tomado una determinación arbitraria e ilegal, que le impide se le imparta justicia, en un acto del cual el recurrente es la víctima. Sobre el particular, debe precisarse que si bien el art. 375 CPP establece la discrecionalidad del acusador particular a la hora de acusar por un delito de acción privada, no es menos cierto que tal discrecionalidad no es absoluta, sino vinculada a los principios que orientan al sistema penal, entre ellos, el principio de especialidad de la ley.

III.2. La calificación del hecho en supuestos de concurso de delitos y de leyes.- La calificación legal del hecho no es la misma en caso de concurso de delitos que en supuesto de concurso de normas o leyes. En efecto, habrá concurso de delitos cuando con una sola conducta (acción u omisión) se lesiona dos o más preceptos protectores de bienes jurídicos (concurso ideal). Este es el caso, por ejemplo, de quien introduce al país materiales o instrumentos destinados a hacer falsificaciones y al introducirlas no paga el tributo correspondiente a la importación; con esa acción ha atacado dos bienes jurídicos distintos, debiendo calificarse el hecho como comprendido en los art. 197 CP y 166 de la Ley General de Aduanas (LGA).

En cambio, cuando dos o más leyes penales sancionan básicamente la misma conducta, se debe elegir la norma que comprenda la conducta básica más los accidentes específicos del asunto que se trata de calificar. Así, en el caso de un homicidio en accidente de tránsito se está frente a un concurso de leyes entre el art. 260 y el art. 261 CP, pues ambos preceptos llenan la conducta básica de matar culposamente; sin embargo, por el principio de especialidad (art. 6 CP), el precepto descrito por el art. 261 CP absorbe el comportamiento aludido, dado que además de llenar la conducta básica, también llena los accidentes específicos (ocasionar la muerte con un medio de transporte motorizado).

En el caso de autos, el juez recurrido, al no incluir en la calificación del hecho el delito de perturbación a la posesión junto con el daño simple y despojo, bajo el fundamento de encontrarse subsumido el delito de perturbación a la posesión en el delito de despojo, ha realizado un correcto razonamiento jurídico, por cuanto en este supuesto (perturbación a la posesión y despojo) se está frente a un concurso de leyes y no de delitos; pues, el delito de despojo capta tanto la conducta básica como los aspectos accidentales de la acción.

Sin embargo, al no incluir en la calificación del hecho el delito de despojo, por haber sido -según su criterio- ya juzgado, descuidó tomar en cuenta que no se está iniciando un nuevo proceso por el mismo hecho (sentencia dictada el 1 de marzo de 999), sino por otro distinto (supuestamente cometido el 24 de agosto de 2002).

Consiguientemente, el juez recurrido, al haber calificado los hechos querellados únicamente por el contemplado en el art. 357 y no así por el 351 del Código penal, ha lesionado el derecho de la querellante a la tutela judicial efectiva.

En consecuencia, el Tribunal de amparo, al haber declarado procedente con relación a todos los aspectos demandados por el recurrente, ha hecho una compulsa parcial de los hechos y alcances del art. 19 CPE.

POR TANTO: El Tribunal Constitucional, en virtud de la jurisdicción que ejerce por mandato de los arts. 19.IV y 120.7ª CPE y 7.8ª y el art. 102.V LTC, resuelve, en revisión, APROBAR la Resolución de 13 de marzo de 2003, cursante a fs. 67, pronunciada por la Sala Civil Primera de la Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba, en cuanto a que el juez califique la conducta de la imputada, no sólo en el tipo penal descrito por el art. 357, sino, además, en el descrito por el art. 351, y REVOCARLA en cuanto a la calificación del 353 CP.

Regístrese, hágase saber, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional.

No firman el Magistrado Dr. José Antonio Rivera Santivañez por encontrarse de viaje en misión oficial.


Fdo. Dr. René Baldivieso Guzmán
PRESIDENTE


Fdo. Dr. Willman Ruperto Durán Ribera
DECANO

Fdo. Dra. Elizabeth Iñiguez de Salinas
MAGISTRADA

Fdo. Dr. Felipe Tredinnick Abasto
MAGISTRADO