SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0604/2004-R
Sucre, 22 de abril de 2004

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Expediente:2004-08436-17-RAC
Distrito:Cochabamba
Magistrado Relator: Dr. José Antonio Rivera Santivañez

En revisión la Resolución de 5 de febrero de 2004, cursante de fs. 238 a 240 de obrados, pronunciada por la Sala Penal Tercera de la Corte Superior de Cochabamba, dentro del recurso de amparo constitucional interpuesto por Juan Orellana Canelas contra Gonzalo Peñaranda Taida y Eduardo Guamán Prado, Presidente y Vocal de la Sala Penal Segunda; alegando la vulneración de sus derechos a la seguridad jurídica, al trabajo, a la propiedad privada y a la garantía que a ésta le otorga la Constitución, consagrados en las normas previstas por los arts. 7 incs. a), d), i), 22 y 156 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido del recurso

En el memorial del recurso presentado el 23 de enero de 2004, cursante de fs. 223 a 230 vta. de obrados, el recurrente aseveró lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan el recurso

Dentro del proceso penal que se imputó contra Javier Rivadineria Quispe y Claudio Quispe Gómez, por delitos previstos en la Ley 1008, previa imputación formal, el Juez Instructor Segundo en lo Penal de la Capital, mediante Resolución de 18 de junio de 2003, determinó la incautación del automóvil Toyota, modelo Sprinter, 1987, Chasis AE91-5194091, motor 5A3504324, con Placa CTS-002, que es de su propiedad, por lo que promovió el l de julio de 2003 un incidente para que se le devuelva por ser el propietario de la misma; empero, el indicado Juez, mediante Resolución de 14 del mismo mes y año, rechazó el incidente por no haber acompañado el carnet de propiedad y porque aún no se definió si su persona tuvo o no participación en los hechos que se investigan. Posteriormente, el 17 de septiembre de 2003, reiteró su solicitud adjuntando el documento que acreditaba su derecho propietario, pero ahora registrado con una nueva Placa 821 RTP; sin embargo, dicha Autoridad emitió la Resolución de 29 de septiembre de 2003, rechazando su solicitud alegando que no había variado la situación de la investigación respecto de su persona, aspecto que es atribución propia del Ministerio Público. Esta Resolución fue confirmada mediante Auto de Vista de 5 de noviembre de 2003, emitida por los recurridos, quienes declararon improcedente el recurso de apelación que interpuso, donde los recurridos alegaron que por encontrarse el proceso en etapa de investigación se debe establecer si su persona tuvo o no participación en los delitos denunciados.

Luego, 19 de diciembre del 2003, el Fiscal asignado al caso acusó formalmente contra Claudio Quispe Gómez y Javier Rivadineria Quispe, por el delito de tráfico de sustancias controladas, sin que se le hubiera imputado formalmente la comisión de algún delito, sin embargo se le impide tener su único instrumento de trabajo que es la movilidad incautada, por lo que al considerar vulnerados sus derechos formuló amparo constitucional.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Derechos a la seguridad jurídica, al trabajo, a la propiedad privada y a la garantía que a ésta le otorga la Constitución, consagrados en las normas previstas por los arts. 7 incs. a), d), i), 22 y 156 de la CPE.

I.1.3. Autoridades recurridas y petitorio

Con esos antecedentes, interpuso recurso de amparo constitucional contra Gonzalo Peñaranda Taida y Eduardo Guamán Prado, Presidente y Vocal de la Sala Penal Segunda, solicitando sea declarado procedente disponiéndose: a) la entrega de la movilidad de su propiedad; y b) se sancione con costas a los recurridos.

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de amparo constitucional

Instalada la audiencia pública el 5 de febrero de 2004, en presencia de las partes y ausencia del representante del Ministerio Público, conforme consta el acta de fs. 236 a 237, ocurrió lo siguiente:

I.2.1. Ratificación del recurso

La abogada del recurrente, ratificó su recurso.

I.2.2. Informe de las autoridades recurridas

Las autoridades recurridas presentaron informe escrito que cursa a fs. 234 el que se ratificó y leyó en audiencia, donde alegaron que: a) declararon improcedente el recurso de apelación formulado por el recurrente, confirmando la resolución del Juez Instructor Segundo en lo Penal en consideración a que al momento de dicho recurso, el proceso se encontraba aun en etapa de investigación donde el motorizado fue considerado como instrumento del delito; b) la incautación es una medida cautelar provisional que puede resolverse hasta antes de sentencia conforme determina el art. 260.1 del Código de procedimiento penal (CPP), por ello no conculcaron derecho alguno.

I.2.3.Resolución

Concluida la audiencia, la Sala Penal Tercera de la Corte Superior de Cochabamba en ausencia del representante del Ministerio Público, declaró improcedente el recurso, con los fundamentos siguientes: a) en el caso presente, luego de la investigación se formuló acusación formal contra los imputados, Claudio Quispe Gómez y Javier Rivadineira Quispe, por la comisión del delito de tráfico de sustancias controladas, lo que implica un tácito reconocimiento a la pretensión del recurrente; empero, antes de concluir con dicha etapa el juez a quo como el tribunal ad quem, de ninguna manera podían deferir la solicitud del recurrente por cuanto la causa se encontraba en plena investigación, no pudiendo ser excluido éste como sospechoso al ser el propietario del vehículo, por ello los recurridos determinaron que debía establecer previamente si el impetrante tomó parte en la presunta comisión del delito o no, o que habiendo conocido la comisión del delito imputado, omitió denunciarlo; b) el Auto de Vista impugnado mediante este recurso habilita al recurrente para solicitar posteriormente la devolución del vehículo a la conclusión de las investigaciones.

II. CONCLUSIONES

Del análisis y minuciosa compulsa de los antecedentes, se establecen las siguientes conclusiones:

II.1. Dentro de la Investigación que se venía efectuando a cargo de la Fiscal Adjunta de Sustancias Controladas de Cochabamba, por presunto delito de tráfico de sustancias controladas delitos cometidos por Claudio Quispe Gómez y Javier Rivadineira Quispe, el 17 de junio de 2003, luego de hacer conocer al Juez Segundo de Instrucción en lo Penal el inicio de la investigación, aparte de solicitarse la aplicación de medidas cautelares, contra los imputados, se pidió la incautación del automóvil Toyota, modelo 1987, placa de circulación CTS-002, en la que fueron detenidos los imputados (fs. 1 a 12).

II.2. Mediante Auto Definitivo de 18 de junio de 2003, emitido en audiencia de consideración de medidas cautelares, el Juez Instructor Segundo en lo Penal de Cochabamba, determinó entre otras medidas la incautación de la referida movilidad (fs. 15 a 16).

II.3. El 7 de julio de 2003, el recurrente interpuso un incidente de devolución del referido motorizado, que fue rechazado por Auto de 14 de julio de 2003 con el fundamento de no haberse acreditado su derecho propietario con el carnet de propiedad y porque estando en periodo de investigación no se definió la posible participación del solicitante en los ilícitos investigados, al ser propietario de la movilidad en la que se transportaba sustancias controladas. (fs. 76 a 77 y 97).

II.4.El 18 de septiembre de 2003, el recurrente adjuntando el Certificado de Registro de Propiedad-Vehículo Automotor 49AB5U6Y-1, de 11 de septiembre de 2003, reiteró su solicitud a la indicada autoridad para que ordene la devolución del vehículo incautado (fs. 149 a 150), pero el aludido Juez, mediante Auto de 29 de septiembre de 2003, nuevamente rechazó el incidente alegando que si bien el solicitante acreditó su derecho propietario, pero no corresponde la devolución del vehículo porque aun se continúa con el proceso de investigación (fs. 155). Al haber apelado el recurrente, la Resolución emitida por el referido Juez (fs. 159 a 160), mediante Auto de Vista de 5 de noviembre de 2003, los recurridos, declararon improcedente el recurso, ratificando los fundamentos del a quo (fs. 166).

II.5. El 31 de diciembre de 2003, la Fiscal Adjunto a Sustancias Controladas de Cochabamba, formuló ante el Tribunal de Sentencia de Turno en lo Penal de la Capital, acusación formal contra Claudio Quispe Gómez y Javier Rivadineira Quispe, por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas, acusación en la que se pidió la confiscación del vehículo reclamado por el recurrente, más otros implementos del mismo (fs. 182 a 188); sin embargo, no se menciona en ningún punto al recurrente ni sus pretensiones como propietario de la misma.

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El recurrente solicita tutela de sus derechos a la seguridad jurídica, al trabajo, a la propiedad privada y a la garantía que ésta le otorga la Constitución, consagrados en las normas previstas por los arts. 7 incs. a), d) e i), 22 y 156 de la CPE, denunciando que fueron lesionados por las autoridades recurridas, puesto que dentro del proceso de investigación seguido contra terceras personas, pese a haber acreditado su derecho propietario anterior a la incautación del automóvil Toyota, modelo Sprinter, 1987, con Chasis AE91-5194091, motor 5A3504324, con placa antigua CTS-002 y placa nueva 821 RTP, declararon improcedente el recurso de apelación que formuló contra la Resolución emitida por el Juez Cautelar que rechazó el incidente de devolución de dicha movilidad, pese a que en contra suya no existe ninguna imputación ni acusación formal en la comisión de los delitos presuntamente cometidos por los imputados a quienes se les incautó la movilidad. En consecuencia, en revisión la Resolución del Tribunal de amparo, corresponde dilucidar si tales extremos son evidentes y si constituyen actos ilegales lesivos de los derechos fundamentales referidos, a fin de otorgar o negar la tutela solicitada.

III.1. Al efecto, tomando en cuenta la problemática planteada, con carácter previo al análisis de fondo corresponde referirse los institutos jurídicos de la incautación, decomiso y confiscación de bienes.

El decomiso, conforme ha señalado este Tribunal Constitucional en su SC 057/2002 de 5 de julio, “es un límite a la propiedad privada, pues es la privación coactiva de los bienes privados por razones de interés público que opera como sanción penal o sanción administrativa”, es una modalidad de extinción del dominio sobre un determinado bien, mueble o inmueble, que se aplica como sanción en los casos en los que hubiesen sido adquiridos de manera ilícita o se hubiesen constituido en los medios o instrumentos del delito. En definitiva, decomiso, conocido también como comiso, se constituye en una sanción penal ya sea principal o accesoria, en virtud de la cual el autor o copartícipe de un hecho punible pierde en favor del Estado los bienes, objetos o instrumentos con los cuales se cometió la infracción y todas aquellas cosas o valores que provengan de la ejecución del delito, exceptuándose los derechos que tengan sobre dichos bienes sujetos pasivos o terceros.

La confiscación es la apropiación de un bien, mueble o inmueble, de propiedad privada que hace el Estado sin compensación, contraprestación o resarcimiento de naturaleza alguna. En la legislación boliviana, la confiscación ha sido establecida, por la Ley 1008, como una sanción accesoria a las previstas para los delitos tipificados y sancionados por dicha Ley.

III.2. Para la aplicación de la incautación de bienes, como medida cautelar de carácter real, el legislador ha previsto las condiciones de validez legal. En efecto, en las normas previstas por los arts. 253 y 254 del CPP, se han establecido las siguientes condiciones: a) los bienes sean sujetos a decomiso o confiscación, lo que significa la concurrencia de los presupuestos jurídicos previstos por el art. 71 de la Ley 1008, esto es que los bienes a incautarse hubiesen sido empleados como medio para elaborar, procesar, fabricar, traficar y transportar sustancias controladas, o hubiesen sido adquiridas de manera ilícita con recursos provenientes de la comisión de delitos tipificados y sancionados en dicha ley; en el caso de que los bienes referidos precedentemente, sean de propiedad de un tercero, la condición es que éste hubiese tomado parte en el delito o conocido de su comisión y no lo hubiese denunciado; b) la existencia de indicios suficientes que hagan presumir válidamente que dichos bienes son sujetos a decomiso o confiscación; y c) solicitud expresa y fundamentada de la aplicación de la medida y la resolución debidamente fundamentada emitida por el juez cautelar.

Para resguardar los derechos de terceras personas propietarias de los bienes incautados, ajenas al delito que motiva el proceso, el legislador ha previsto la vía incidental a tramitarse ante el juez cautelar, para que se reclame la devolución de los bienes o se solicite autorización para ejecutar los bienes incautados que hubiesen sido gravados con anterioridad. Estos incidentes están regulados en su procedimiento por las normas previstas en los arts. 155 y 256 del CPP.

III.3. Analizando la problemática planteada, en principio cabe señalar que sobre el bien mueble del recurrente, consistente en un automóvil con las características descritas precedentemente, el Juez Cautelar que ejerce el control sobre la etapa preparatoria del proceso penal dispuso, mediante Resolución expresa y debidamente motivada, la incautación, ello en virtud a que, al tiempo de presentar la imputación formal el Fiscal de materia solicitó expresamente la aplicación de dicha medida debido a que el mismo sirvió de medio para la comisión del delito de tráfico de sustancias controladas, ya que en su interior se habría encontrado la sustancia controlada y un arma de fuego. En consecuencia, la aplicación de la medida cautelar de carácter real fue dispuesta cumpliendo con las condiciones de validez legal previstas por los arts. 253 y 254 del CPP, concordantes con el art. 71 de la Ley 1008 (L1008); toda vez que, en primer lugar, el bien incautado estaría sujeto de confiscación dado que habría sido utilizado como medio para la comisión del delito que motivó el proceso penal, en el que se ha aplicado la medida; en segundo lugar, existió una solicitud expresada del Fiscal de Materia, quien adjuntó los informes y actas del operativo en el que se incautó la sustancia controlada que era transportada en el vehículo; y en tercer lugar, el Juez adoptó la decisión expresa debidamente motivada para aplicar la medida.

III.4.El recurrente denuncia que las autoridades judiciales recurridas, al haber confirmado el Auto definitivo dictado por el Juez cautelar rechazando el incidente de devolución de su vehículo, han vulnerado sus derechos fundamentales a la seguridad jurídica, al trabajo y a la propiedad privada. Al respecto cabe hacer las siguientes consideraciones:

III.4.1. Conforme acreditan los antecedentes que cursan en el expediente, las autoridades recurridas, mediante el Auto de Vista impugnado, han resuelto el recurso de apelación que planteó el recurrente contra el Auto de 29 de septiembre de 2003, dictado por el Juez Cautelar, que rechazó el incidente de devolución del vehículo incautado; en la decisión impugnada los recurridos han confirmado el Auto apelado con el fundamento de que el vehículo es sujeto de incautación al haber sido empleado como medio o instrumento para la comisión del delito acusado; dicha conclusión responde a una adecuada valoración de los antecedentes y correcta interpretación, cuanto aplicación de las normas procesales aplicables al caso concreto, es decir, las normas previstas por los arts. 253, 254 y 255 del CPP, concordantes con el art. 71 de la L1008. En consecuencia, no se advierte de manera alguna que las autoridades recurridas hubiesen lesionado el derecho a la seguridad jurídica, ya que no han colocado al recurrente en una situación de incertidumbre, menos han realizado aplicación caprichosa de norma legal, al contrario han realizado una interpretación y aplicación objetiva de las normas legales respectivas, en función a los antecedentes puestos a su conocimiento.

III.4.2. La conducta de los recurridos no puede ser calificada como violatoria del derecho al trabajo, toda vez que al haber dictado el Auto de Vista impugnado, éstos no han impedido de manera alguna que el recurrente pueda desarrollar cualquier actividad física o intelectual dirigida a generar su sustento diario y la de su familia.

III.4.3. Con relación a la supuesta vulneración al derecho a la propiedad privada, invocada por el recurrente, cabe señalar en principio que este derecho si bien está consagrado expresamente por el art. 7 inc. i) de la Constitución, sin embargo, sobre su ejercicio existe una limitación intrínseca, en la medida en que el Constituyente ha condicionado su consagración y protección a que dicho derecho cumpla con una función social, de lo que, contrario sensu, se infiere que su ejercicio no perjudique al interés colectivo ni lesione normas morales o jurídicas, es decir, que el bien de propiedad privada no sea empleado para la comisión de conductas ilícitas. En consecuencia, se entiende que en resguardo del bienestar general y el interés colectivo, el legislador ha establecido restricciones al ejercicio del derecho a la propiedad privada, una de esas vías de restricción es la incautación o el decomiso.

En el caso presente, de los antecedentes que cursan en el expediente se evidencia que el vehículo de propiedad del recurrente fue empleado como medio para la comisión del presunto delito por el que se ha abierto el proceso penal, dentro de cuya tramitación se ha impuesto la medida cautelar de carácter real, precisamente por ello, el Fiscal de Materia, al presentar el requerimiento acusatorio contra los procesados, había solicitado la confiscación definitiva del vehículo; en consecuencia, la autoridad judicial competente, como es el Juez cautelar, ha dispuesto la aplicación de la incautación. Ahora bien, dicha decisión fue adoptada de manera legal, previo cumplimiento de las condiciones de validez previstas por las normas procesales aplicables al caso concreto; entonces, la restricción al ejercicio del derecho a la propiedad del recurrente sobre el vehículo, se encuentra dentro del orden legal; por lo mismo, las autoridades judiciales recurridas, al haber confirmado el Auto apelado que rechazó el incidente de devolución del vehículo, no han lesionado de manera alguna el derecho a la propiedad privada del recurrente.

Finalmente, cabe señalar que las autoridades recurridas, al haber emitido la Resolución impugnada, no han afectado la propiedad del recurrente sobre el vehículo, toda vez que no se ha dispuesto la confiscación o decomiso, ello corresponderá determinar al Tribunal de Sentencia, en razón a que, según los antecedentes que cursan en el expediente, el Fiscal ha emitido el requerimiento acusatorio contra los imputados y ha solicitado la aplicación de la medida de confiscación, entonces corresponde al recurrente hacer valer su derecho propietario ante el Tribunal de Sentencia.

En consecuencia, el Tribunal de amparo, al haber declarado improcedente el recurso, ha dado correcta aplicación al art. 19 de la CPE.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional, en virtud de la jurisdicción y competencia que le confieren los arts. 19.IV, 120.7ª de la CPE y 7 inc. 8), 102.V de la Ley del Tribunal Constitucional, en revisión APRUEBA la Resolución de 5 de febrero de 2004, cursante de fs. 238 a 240 de obrados, pronunciada por la Sala Penal Tercera de la Corte Superior de Cochabamba.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional.

No intervienen los Magistrados Dr. Willman Ruperto Durán Ribera, por no haber conocido el asunto y la Dra. Elizabeth Iñiguez de Salinas, por encontrarse con licencia.

Fdo. Dr. René Baldivieso Guzmán
DECANO

Fdo. Dr. José Antonio Rivera Santivañez
MAGISTRADO

CORRESPONDE A LA SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0604/2004



Fdo. Dra. Martha Rojas Álvarez
MAGISTRADA

Fdo. Dra. Silvia Salame Farjat
MAGISTRADA

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