SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0046/2004-R
Sucre, 14 de enero de 2004

Regresar

Expediente: 2003-07797-15-RAC
Distrito: Beni
Magistrada Relatora: Dra. Elizabeth Iñiguez de Salinas

En revisión, la Sentencia cursante a fs. 201 a 202, pronunciada el 24 de octubre de 2003 por la Sala Civil de la Corte Superior del Distrito Judicial del Beni, dentro del recurso de amparo constitucional interpuesto por María Alejandra Manzoni Cicero contra Mirna Núñez Vela Añez y Lidia Moscoso Flores, Vocales de la Sala Penal de dicha Corte, alegando vulneración de los derechos a la defensa, a la seguridad jurídica y la garantía del debido proceso.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido del recurso

I.1.1. Hechos que motivan el recurso

En la demanda presentada el 22 de octubre de 2003 (fs. 178 a 183 ), la recurrente aduce que dentro del proceso penal seguido por Antonio Majluf Morales en su contra por supuestos e inexistentes delitos de acusación y denuncia falsa, calumnias, injurias y difamación que fue iniciado el año 2001, el querellante en franca confabulación con el Juez Primero de Instrucción en lo "Civil" (sic) realizaron toda clase de actos, diligencias amañadas y fraudulentas con el fin de lograr su aprehensión.

Refiere que una vez dictado el Auto Final de la Instrucción o de Procesamiento, fue remitido ante la Jueza Primera de Partido en lo Penal Liquidadora, ante quien interpuso recurso de apelación que radicó ante la Sala Penal de la Corte Superior, que dictó el Auto de Vista de 2 de octubre del año en curso, por el que revocó el Auto de Procesamiento por el delito de acusación y denuncia falsa, disponiendo que ese Tribunal no puede pronunciarse respecto a la presunta comisión de los delitos de difamación, calumnia e injuria previstos por los arts. 282, 293 y 287 del Código penal (CP) atribuidos a su persona, en atención a que los mismos son de carácter privado y su trámite procedimental está sujeto a lo previsto por el art. 261 y siguientes del Código de procedimiento penal de 23 de agosto de 1972 (sic) (CPP.1972).

Alega que las Vocales recurridas al disponer que la Jueza Primera de Partido en lo Penal corrija el procedimiento para proseguir el proceso penal a citación directa han incurrido en un evidente y manifiesto acto ilegal, puesto que con esa instructiva impartida se pretende en forma solapada se la someta a un nuevo juicio y por consiguiente a un doble procesamiento por delitos inexistentes.

I.1.2.Derechos y garantías supuestamente vulnerados

La actora estima que se ha vulnerado sus derechos a la defensa, a la seguridad jurídica y a la garantía del debido proceso.

I.1.3. Autoridades recurridas y petitorio

De acuerdo a lo relatado, plantea recurso de amparo constitucional contra Mirna Núñez Vela Añez y Lidia Moscoso, vocales de la Sala Penal de la Corte Superior del Distrito Judicial del Beni, solicitando sea declarado procedente y se disponga la nulidad del Auto de Vista de 2 de octubre de 2002 y la extinción del proceso penal.

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de amparo constitucional

En la audiencia pública celebrada el 24 de octubre de 2003, cuya acta corre a fs. 197 y 198, se suscitaron las siguientes actuaciones:

I.2.1. Ratificación del recurso

La recurrente ratificó el recurso por intermedio de su abogado defensor.

I.2.2. Informe de las autoridades recurridas

Las Vocales recurridas no se presentaron en audiencia; sin embargo, por escrito que cursa de fs.193 a 195 informaron lo siguiente: a) dentro del sumario penal seguido por Antonio Majluf Morales en contra de María Alejandra Manzoni Cicero, por la presunta comisión de los delitos de acusación y denuncia falsa, difamación, calumnia e injuria, mediante Auto de Vista de 2 de octubre de 2003 en recurso de apelación incidental revocaron el Auto de Procesamiento de 8 de mayo de 2003 en cuanto al delito de acusación y denuncia falsa, previsto y sancionado por el art. 166 CP y deliberando en el fondo se sobreseyó a la procesada conforme al art. 222.2 CPP.1972; b) con relación a los delitos de orden privado dispusieron que la Jueza de Partido en lo Penal Liquidadora, en suplencia legal, proceda a la corrección de procedimiento conforme a lo previsto por el art. 261 y siguientes CPP.1972 y la Circular 11/99 de 17 de agosto emanada de la Corte Suprema de Justicia; c) si bien es cierto que el art. 24 CPP.1972, señala que en el juzgamiento de delitos de diferentes jurisdicciones, existiendo conexitud, será la jurisdicción mayor la que arrastre a la menor, no es menos evidente que el art. 224 del mismo cuerpo legal, establece que el juicio plenario se lo realiza sobre la base del Auto de Procesamiento, en ese entendido al quedar el Auto de Procesamiento apelado con los delitos de acción privada, por haber desaparecido el delito de acción pública a consecuencia del sobreseimiento, no corresponde proseguir el plenario de la causa a la Jueza de Partido, en observancia a las reglas de competencia por razón de materia arts. 23, 25 y 26 CPP.1972; d) no se puede argüir la existencia de un doble juzgamiento porque el trámite para los procesos a citación directa en el Juzgado de Instrucción, es el mismo que se sigue en el juzgado de Partido, el Tribunal no ha calificado ni ha dispuesto que se inicie otro proceso, por lo que no es pertinente referir que se ha violado el art. 4 del Código de procedimiento penal vigente (CPP).

I.2.3. Resolución

La Sentencia cursante a fs. 201 y 202, pronunciada el 24 de octubre de 2003 por la Sala Civil de la Corte Superior del Distrito Judicial del Beni, declaró improcedente el recurso, bajo estos fundamentos: 1) el delito de acusación y denuncia falsa conforme dispone el art. 166 CP, requiere el inicio del proceso criminal, es decir que se dicte el Auto Inicial de la Instrucción que en el caso no se dio por cuanto la querella presentada por la imputada fue rechazada, por lo que fue sobreseída por los Vocales recurridos conforme al art. 222.2) CPP. 1972, revocando el Auto de Procesamiento, por lo que desaparece el delito de acción pública; 2) para los delitos a citación directa, el procedimiento debe adecuarse a lo previsto por el art. 261 CPP.1972, como acertadamente lo han dispuesto las autoridades recurridas; c) no existe doble procesamiento sino la corrección de procedimiento, ni se ha vulnerado el derecho a la defensa, al debido proceso ni a la seguridad jurídica.

II. CONCLUSIONES

Hecha la debida revisión y compulsa de los antecedentes, se llega a las conclusiones que se señalan seguidamente:

II.1.Dentro del sumario penal tramitado a querella de Antonio Majluf Morales contra María Alejandra Manzoni Cicero, por la supuesta comisión de los delitos de acusación y denuncia falsa, difamación, calumnias e injurias tipificados en los arts. 166, 282, 283, y 287 CP, el Juez de Instrucción Primero en lo Civil de Trinidad, dictó el Auto de Procesamiento contra la imputada por los referidos delitos ( fs. 145 a 152).

II.2.Apelado por la sindicada el referido Auto de Procesamiento de 8 de mayo de 2003, las Vocales de la Sala Penal, dictaron el Auto de 2 de octubre de 2003, revocando el mismo en lo que respecta al procesamiento por el delito de acusación y denuncia falsa y deliberando en el fondo la sobreseyeron provisionalmente por dicho delito y dispusieron con relación a los delitos de carácter privado que la Jueza de Partido en lo Penal liquidadora en suplencia legal, corrija el procedimiento para su correspondiente trámite conforme al art. 261 y siguientes CPP.1972 y la Circular 11/99 de 17 de agosto de 1999, emitida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (fs. 170 a 171).

II.3.La recurrente fue notificada el 9 de octubre de 2003, con el Auto referido anteriormente (fs. 172).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La recurrente arguye que las Vocales recurridas han vulnerado su derecho a la defensa, al debido proceso y a la seguridad jurídica; al haber dictado el Auto de Vista de 2 de octubre de 2003, en el que declaran su sobreseimiento provisional por el delito de acusación y denuncia falsa, disponiendo contradictoriamente que se prosiga el proceso penal a citación directa por los delitos de acción privada, sin tomar en cuenta que la jurisdicción mayor arrastra a la menor. En ese sentido, corresponde en revisión, analizar si en la especie se debe otorgar la tutela pretendida.

III.1.Conforme lo dispuesto por el art. 20 CPP, los delitos contra el honor, entre otros, son de acción privada.

El Libro Segundo, Título IX del Código Penal contempla los delitos contra el honor, entre los que se encuentran los de difamación, calumnia e injuria, entre otros.

Por su parte, el art. 261 CPP.1972, aplicable al caso de autos, determina que los juicios penales se tramitarán sin sumario o instrucción, a citación directa o sobre la base de diligencias de Policía Judicial, ante el Juez Instructor, cuando el delito sea de acción privada, además de otras circunstancias allí enumeradas.

III.2.En la especie, se dictó Auto de Procesamiento en contra de la recurrente por la supuesta comisión de los delitos de acusación y denuncia falsa (de acción pública) y de difamación, calumnia e injuria (de acción privada). Apelada esa determinación, las Vocales recurridas revocaron la misma en lo que corresponde al delito público de acusación y denuncia falsa y dispusieron que la Jueza Primera de Partido en lo Penal en suplencia legal, proceda a la corrección del procedimiento por los delitos de acción privada.

En consecuencia, se constata que las autoridades judiciales recurridas, al establecer el sobreseimiento de la recurrente por los delitos de acción pública de los que fue acusada, ordenaron que, corrigiendo procedimiento, se realice el proceso a citación directa por los delitos de acción privada también objeto de querella, lo que no conlleva acto ilegal u omisión indebida alguna que lesione los derechos y garantías de la actora, más aún si se toma en cuenta que no se ha producido de ningún modo un doble procesamiento, toda vez que, mas bien, se ha rectificado el procedimiento a seguir en lo concerniente a los delitos de acción privada, por los cuales no ha sido anteriormente procesada a denuncia del mismo querellante ni a raíz de los mismos presuntos hechos.

De todo lo expuesto, se concluye que la Corte de amparo, al haber declarado improcedente el recurso, ha evaluado correctamente los datos del proceso y las normas aplicables al mismo, aunque con otro fundamento.

POR TANTO: El Tribunal Constitucional, en virtud de la jurisdicción que ejerce por mandato de los arts. 19.IV, 120.7ª CPE, 7.8ª y 102.V de la Ley del Tribunal Constitucional, con los fundamentos expuestos APRUEBA la Sentencia cursante a fs. 201 a 202 pronunciada el 24 de octubre de 2003 por la Sala Civil de la Corte Superior del Distrito Judicial del Beni.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional

No intervienen el Decano Dr. Willman Ruperto Durán Ribera por encontrarse con licencia y el Magistrado Dr. José Antonio Rivera Santivañez por estar haciendo uso de su vacación anual.

Fdo. Dr. René Baldivieso Guzmán
PRESIDENTE

Fdo. Dra. Elizabeth Iñiguez de Salinas
DECANA EN EJERCICIO

Fdo. Dra. Martha Rojas Álvarez
MAGISTRADA

Fdo. Dr. Artemio Arias Romano
MAGISTRADO

Fdo. Dr. Walter Raña Arana
MAGISTRADO

Inicio