SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0394/2005-R
Sucre, 19 de abril de 2005

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Expediente:2004-10153-21-RAC
Distrito:Santa Cruz
Magistrada Relatora:Dra. Silvia Salame Farjat

En revisión la Resolución de 8 de octubre de 2004, cursante de fs. 188 a 189, pronunciada por la Sala Civil Primera de la Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz dentro del recurso de amparo constitucional interpuesto por Juan Soliz Basma, en representación de Marcelo Berndt contra William Herrera Añez y Hebert Vargas Rodríguez, Fiscal de Distrito a.i. y Fiscal de Materia del departamento de Santa Cruz; respectivamente, denunciando la vulneración de sus derechos a la propiedad privada, al debido proceso y al derecho a la petición consagrados en el art. 7 incs. i), h) y 16 de la Constitución Política del Estado (CPE) y los derechos de la víctima establecidos por el art. 11 del Código de procedimiento penal (CPP).

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido del recurso

Por memorial presentado el 29 de septiembre de 2004, cursante de fs. 143 a 150 de obrados, el recurrente expone los siguientes fundamentos de hecho y de derecho:

I.1.1. Hechos que motivan el recurso

El 2 de enero de 2004, el conductor Mauro Pereira Costa sufrió un atraco en el Municipio de Varsea Grande, República de Brasil, en el que le fue robado el camión Volvo, color azul, chasis 9BVN5A7AOWE665556, chata chasis 9EPO7133OW1001126, de propiedad de su mandante, por lo que éste sentó denuncia el 4 de enero en la localidad de Matogroso.

Luego al enterarse que el vehículo se encontraba en Bolivia, el 28 de enero sentó denuncia en Dirección Departamental de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos (DIPROVE) – Santa Cruz, encontrándolo en manos de Rober Alexander Mendoza Pimentel, contra quien presentó querella por los delitos de robo, encubrimiento, receptación, falsedad material, falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado; el denunciado en su declaración identificó a Sandro Cuellar como intermediario y éste a Jesús Sánchez Banegas como la persona que vendió el vehículo a través suyo por la suma de $US16.500.-

Señala que habiendo sido identificado plenamente el vehículo, considera que existían suficientes elementos para comprobar el delito de receptación y también el encubrimiento, pues el querellado afirma haber comprado el vehículo en una suma irrisoria para un vehículo que tiene un valor de $US70.000.- y sin ningún documento que respalde la transferencia, por lo que se tiene indicios de que tenía conocimiento de que el camión era robado; empero, pese a ello, vulnerando el debido proceso, el Fiscal asignado a DIPROVE, ahora corecurrido, mediante Resolución de 21 de agosto de 2004 rechazó la querella; decisión que fue confirmada por el Fiscal de Distrito mediante Resolución de 7 de septiembre de 2004, viéndose obligado a convertir la acción pública en privada, omitiendo así el deber de protección de los intereses del Estado y la sociedad, que le ha sido encomendado al Ministerio Público por las normas previstas por el art. 124 de la CPE, así como las políticas del Estado de lucha contra las formas organizadas de la delincuencia, para lo cual firmó el Acuerdo de Asunción sobre Restitución de Vehículos Automotores Terrestres y/o Embarcaciones que trasponen ilegalmente las fronteras entre los Estados partes del Mercado Común del Sur (MERCOSUR), la República de Bolivia y la República de Chile.

Expresa que se lesionó el derecho de su mandante como víctima de delito, pues se ignoró su derecho propietario, ya que no se le devuelve el vehículo, contrariando lo expresado en la Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y de abuso de poder, adoptadas por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) mediante Resolución 40/34 de 29 de noviembre de 1985, que en su numeral 8 establece como derecho de las víctimas del delito recibir resarcimiento o la devolución de sus bienes.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Señala los derechos a la propiedad privada, al derecho a la petición y al debido proceso, consagrados en el art. 7 incs. i), h) y 16 de la CPE y los derechos de la víctima establecidos por el art. 11 del CPP.

I.1.3. Autoridades recurridas y petitorio

Con esos antecedentes, interpone recurso de amparo constitucional contra William Herrera Añez y Hebert Vargas Rodríguez, Fiscal de Distrito y Fiscal de Materia del departamento de Santa Cruz, respectivamente; pidiendo que sea declarado procedente, disponiéndose lo siguiente: a) queden sin efecto las Resoluciones de 21 de agosto de 2004 y 6 de septiembre de 2004 por las que se rechazó su querella; y b) se determine costas.

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de amparo constitucional

Instalada la audiencia pública el 8 de octubre de 2004, tal como consta en el acta de fs. 185 a 187 vta., en presencia de las partes y del tercer interesado, ocurrió lo siguiente:

I.2.1. Ratificación y ampliación del recurso

El recurrente ratificó in extenso los términos de su recurso, y ampliándolos manifestó que se vulneró también el derecho a la petición, pues ante la denuncia y querella efectuada, que es una petición de que se movilice el aparato represor de los hechos delictivos, le fue negado con el argumento de que el vehículo fue comprado de buena fe y se ignoraba que este fuera robado.

I.2.2. Informe de las autoridades recurridas

El recurrido, William Herrera Añez, presentó informe escrito cursante de fs. 161 a 164, que fue ratificado en audiencia, en el que manifestó lo siguiente: a) el caso referido por el recurrente, signado como 0115/04 de la Fiscalía de DIPROVE, a denuncia y querella de Arlindo Berndt en representación de Marcelo Berndt por los delitos de falsedad material e ideológica, uso de instrumento falsificado y robo agravado, concluyó con la Resolución de rechazo de denuncia y querella de 21 de agosto de 2004, dictada por el corecurrido Fiscal de DIPROVE, conforme a las previsiones normativas del art. 304 incs. 2) y 3) del CPP, porque no fue posible identificar a los autores del robo cometido en Brasil; b) impugnada la Resolución de rechazo, la ratificó por los siguientes elementos: i) no se comprobó la participación de Robert Alexander Mendoza Pemintel en la comisión de los ilícitos como encubridor o receptador, pues al adquirir el camión de Sandro Cuellar ignoraba que fuese robado y la investigación no aportó elementos suficientes para fundar la acusación en su contra; ii) no correspondía analizar la causa y el motivo lícito o ilícito de la transacción, pues la nulidad debe ser declarada judicialmente; iii) sobre el vehículo existe un derecho propietario amparado por las leyes nacionales, pues fue nacionalizado, existiendo un conflicto de derechos que debe ser dilucidado en la vía ordinaria; y iv) el Acuerdo de Asunción sobre Restitución de Vehículos Automotores Terrestres y/o Embarcaciones que trasponen ilegalmente las fronteras entre los Estados partes del MERCOSUR, la República de Bolivia y la República de Chile, aprobado y ratificado mediante Ley 2157, de 11 de diciembre de 2000, establece que el pedido de restitución del vehículo se debe realizar ante la autoridad judicial competente; y c) el recurrente tiene expedita la vía de la conversión de acciones, previstas en las normas del art. 26 inc. 3) del CPP. Finaliza señalando no haber lesionado ningún derecho, por lo que pide la improcedencia del recurso.

De su lado, el recurrido Heber Vargas Rodríguez, también presentó informe escrito, que cursa a fs. 165 y 166, en el que manifestó similares argumentos a los informados por el corecurrido Fiscal de Distrito; empero, manifestó que además de los delitos señalados por la mencionada autoridad, la querella planteada fue por encubrimiento y receptación.

I.2.3. Intervención del tercero interesado

El tercero interesado, Robert Alexander Mendoza Pimentel, legalmente citado, presentó sus alegatos por escrito mediante memorial cursante de fs. 182 a 184, en el que además de lo informado por los representantes del Ministerio Público, manifestó lo siguiente: a) habiendo adquirido de buena fe el vehículo reclamado por el recurrente, procedió a su nacionalización habiendo obtenido la placa de circulación 1362/KXF, y el respectivo carnet de propiedad; b) planteada la denuncia y querella en su contra, por su condición de propietario del vehículo fue designado por el Juez como depositario del mismo; c) la legitimación activa del recurrente no está acreditada suficientemente, pues el poder que otorgó Marcelo Berndt no es especial y suficiente para presentar recurso de amparo constitucional, tal y como exige la jurisprudencia constitucional en las SSCC 1843/2003-R, 0906/2002-R, 524/2003-R y 1110/2003-R; y tampoco se demostró su derecho propietario, como exige la SC 0117/2004-R; y d) el recurso no especifica que derechos y en que forma se los lesionó. Finaliza solicitando la improcedencia del recurso, con costas.

I.2.4. Resolución

Concluida la audiencia, el Tribunal de amparo declaró improcedente el recurso, sin costas ni multa; con los siguientes fundamentos: a) existiendo documentación que otorga derecho propietario sobre el vehículo tanto al querellante como al querellado, dirimir ese conflicto no corresponde a las autoridades recurridas ni a la jurisdicción constitucional; y b) al establecer que no existen elementos de convicción suficientes para sustentar la imputación por la comisión de un delito, el Ministerio Público no lesionó ningún derecho, pues existe la vía de la conversión de acciones.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes, se establecen las siguientes conclusiones:

II.1.El 4 de enero de 2004, Mauro Pereira Costa, presentándose ante la Delegación de Represión a robos y hurtos de vehículos automotores de Cuiba, Estado de Matogroso, República de Brasil, denunció el robo del camión marca Volvo, placa JYN-1388, color azul, modelo 1999, número de chasis 9BVN5A7AOWE665556, que sufrió al ser atracado por tres hombres encapuchados (fs. 30).

II.2.El 28 y 29 de enero de 2004, Arlindo Berndt, presentó denuncia ante DIPROVE de Santa Cruz, contra los encubridores o receptores del delito de robo agravado del camión marca Volvo, color azul, modelo 1999, placa JYN 1388 (de Brasil), chasis 9BVN5A7AOWE665556, de propiedad de su hijo Marcelo Berndt, cometido el 1 de enero de 2004, en el Municipio de Varzea Grande, República de Brasil, cuando lo conducía Mauro Pereira Costa (fs. 3, 4 y 33).

II.3.El 3 de febrero de 2004, el investigador a cargo de la denuncia relacionada, informó al Fiscal de DIPROVE, ahora corecurrido, que no fue posible ubicar el vehículo robado; por lo que el representante del Ministerio Público, mediante proveído de la misma fecha, determinó que se complementen las investigaciones en el término de cincuenta días (fs. 34).

II.4.El 12 de mayo de 2004, Arlindo Berndt presentó querella contra Robert Alexander Mendoza Pimentel, y contra quienes resulten cómplices, autores y encubridores del hecho descrito anteriormente, por la comisión de los delitos previstos y sancionados en los arts. 171 (encubrimiento), 172 (receptación), 198 (falsedad material), 199 (falsedad ideológica), 203 (uso de instrumento falsificado) y 332 inc. 1) y 2) (robo agravado) del CP (fs. 37 a 39).

II.5.Mediante Resolución de 21 de agosto de 2004, el corecurrido Fiscal de DIPROVE, determinó rechazar la denuncia y querella presentada, en aplicación a las normas previstas por el art. 304 incs. 2) y 3) del CPP, porque la investigación no permitió identificar a los autores del robo, provocando que no existan suficientes elementos de convicción contra Robert Alexander Mendoza Pimentel y porque existían dos partes que reclaman derecho propietario sobre el vehículo (fs. 120 y 121).

II.6.El 30 de agosto de 2004, el recurrente y Arlindo Berndt, en uso de la facultad procesal concedida por los preceptos del art. 305 del CPP, objetaron el rechazo a la denuncia y querella (fs. 132 a 134); lo que motivó que el corecurrido Fiscal de Distrito de Santa Cruz, mediante Resolución de 6 de septiembre de 2004 ratifique la decisión de rechazo impugnada, pues no se aportó elementos suficientes para fundar la acusación (fs. 138 a 141).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El recurrente solicita tutela a los derechos fundamentales a la propiedad privada, al derecho a la petición y al debido proceso, consagrados en el art. 7 incs. i), h) y 16 de la CPE y los derechos de la víctima establecidos por el art. 11 del CPP, que considera fueron vulnerados, pues en la querella que interpuso su representado, se acumularon suficientes elementos de convicción que pueden sustentar una acusación por la receptación del vehículo que es propiedad de su mandante, y que en Bolivia aparece como propiedad del querellado; empero, pese a ello, los recurridos rechazaron la denuncia y la querella. En consecuencia, en revisión de la resolución del Tribunal de amparo, corresponde dilucidar, si tales argumentos son evidentes y si constituyen actos ilegales lesivos de los derechos fundamentales del recurrente, a fin de otorgar o negar la tutela solicitada.
III.1.Antes de ingresar a resolver el fondo del recurso formulado, es necesario recordar que en la configuración constitucional otorgada al recurso de amparo por el constituyente, las normas previstas por el art. 19.IV de la Ley Fundamental, disponen que se: “(...) concederá el amparo solicitado siempre que no hubiere otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados (...)”; tal previsión constitucional, en concordancia con la doctrina y el derecho comparado, otorga al recurso de amparo constitucional naturaleza subsidiaria, principio que ha sido interpretado por esta jurisdicción constitucional: como el agotamiento de todos los medios y vías ordinarias que el interesado en la defensa de sus derechos fundamentales debe agotar, en forma previa a solicitar su protección ante la jurisdicción constitucional a través del recurso de amparo constitucional, pues de existir alguna vía ordinaria idónea para la protección de sus derechos suprimidos, restringidos o amenazados, el recurso debe ser declarado improcedente, en aplicación al mencionado principio, haciendo innecesario el análisis del fondo de la problemática planteada, pues tal sindéresis debe ser realizada por la vía ordinaria omitida. Así ha sido establecido por la jurisprudencia constitucional, que entre muchas otras, en la SC 374/2002-R, de 2 de abril, expresó la siguiente doctrina jurisprudencial: “(...) la subsidiariedad del amparo constitucional debe ser entendida como el agotamiento de todas las instancias dentro del proceso o vía legal, sea administrativa o judicial, donde se acusa la vulneración, dado que donde se deben reparar los derechos fundamentales lesionados es en el mismo proceso, o en la instancia donde han sido conculcados, y cuando esto no ocurre queda abierta la protección que brinda el Amparo Constitucional”.
El desarrollo jurisprudencial del principio de subsidiariedad, en la SC 1337/2003-R, de 15 de septiembre, también ha establecido las causales de improcedencia del recurso de amparo constitucional en aplicación a ese principio, las que serán aplicadas en los supuestos que prevé.
III.2.De igual modo, dada la naturaleza de la justicia constitucional, y el mandato de las normas previstas por los arts. 4 y 44 de la Ley del Tribunal Constitucional (LTC), que disponen la vinculatoriedad de los fallos y la interpretación realizada por esta jurisdicción constitucional, es necesario referir que, respecto a la problemática planteada, en un caso en el que de igual manera, el Fiscal encargado de la fase preparatoria de juicio rechazó la querella y la denuncia por la comisión de un delito, y el Fiscal de Distrito ratificó el rechazo, este tribunal Constitucional en la SC 1107/2004-R, de 16 de julio, expresó la siguiente interpretación vinculante: “(...) ante la comisión de un delito, el legislador ha facultado a la víctima a interponer denuncia ante el órgano competente de acuerdo a la naturaleza del delito, pues si es de orden público lo hará dándole intervención al Ministerio Público y si es de naturaleza privada activará el órgano jurisdiccional por su cuenta prescindiendo del Ministerio Público. Igualmente, el procedimiento penal ha previsto a favor de la víctima la posibilidad de que pueda accionar por su cuenta cuando el Ministerio Público rechaza la denuncia por delitos de orden público, así en las normas previstas por el art. 305 del CPP se dispone: 'El archivo de obrados no impedirá la conversión de acciones a
“(...) En la problemática planteada, es de aplicación el principio de subsidiariedad que rige la acción tutelar planteada, puesto que la recurrente ante el rechazo de su denuncia tiene una vía expedita inmediata para hacer valer los derechos que considera conculcados, dado que conforme al procedimiento penal puede igualmente seguir su acción penal por los mismos delitos ejerciendo la acción penal privada ante el órgano jurisdiccional competente. En este sentido ya se pronunció este Tribunal en la SC 14/2003-R, de 7 de enero que señala: '(…) pese al legal rechazo de su denuncia, la representada del recurrente tiene expedita la vía de la conversión de acción (párrafo tercero del art. 305 CPP)'”. Entendimiento jurisprudencial que es aplicable al caso en estudio, pues existen los mismos supuestos fácticos.
III.3.Conocida la normativa y los precedentes jurisprudenciales, corresponde manifestar que, en el caso del recurso formulado, se denuncia la lesión de los derechos del poderdante del recurrente, ya que los recurridos mediante Resolución de 21 de agosto de 2004, ratificada por Resolución de 6 de septiembre de 2004, rechazaron la denuncia y querella que interpuso, existiendo, a decir del recurrente, suficientes elementos de convicción para fundamentar una acusación; empero, acude ante la jurisdicción constitucional en vía de tutela constitucional sin haber agotado la vía ordinaria previstas en las normas del art. 26 inc. 3) del CPP, que dispone que la acción penal pública podrá convertirse en acción privada en caso de rechazo de la querella o denuncia por parte del Fiscal, supuesto que se cumplió; en consecuencia el recurrente no agotó las vías ordinarias que la ley le otorga para la protección de sus derechos, pues tal como la jurisprudencia aludida precedentemente señaló, para evitar la impunidad de los autores de delitos, el legislador ha previsto que la victima pueda accionar por su cuenta los mecanismos procesales tendientes a sancionar la actividad delictiva, mediante la conversión de la acción pública a una de acción privada, en la cual tendrá ocasión de defender sus derechos ante la misma jurisdicción penal, con los mismos derechos y facultades procesales, lograr la demostración del delito imputado y por tanto sancionarlo. En consecuencia, existiendo otra vía para que el recurrente haga prevalecer los derechos de su mandante, en el presente recurso, esta jurisdicción constitucional está exenta de analizar el fondo de los fundamentos esgrimidos, pues el recurso debe ser declarado improcedente por no adecuarse a la previsión de las normas del art. 19 de la CPE.
A mayor abundamiento, teniendo el recurrente y su mandante la vía de la conversión de acción, es aplicable para el presente caso la sub regla 1) b) de las dispuestas por la SC 1337/2003-R, de 15 de septiembre, que estableció que el recurso será improcedente por subsidiariedad, cuando “(...) 1) las autoridades judiciales o administrativas no han tenido la posibilidad de pronunciarse sobre un asunto porque la parte no ha utilizado un medio de defensa ni ha planteado recurso alguno, así: (...) b) cuando no se utilizó un medio de defensa previsto en el ordenamiento jurídico (...)”; pues el recurrente y su mandante, no hicieron uso de la vía de la conversión de acción dispuesta por las normas procesales ordinarias.
III.4.Finalmente, en lo que respecta a la supresión del derecho a la petición, que merece ser analizado porque las vías ordinarias para su protección ya fueron agotadas, pues la conversión de acción no dilucidará la supuesta lesión a este derecho en la solicitud efectuada al Fiscal de DIPROVE, se debe manifestar lo siguiente:
La jurisprudencia constitucional en la SC 189/2001-R, de 7 de marzo, entre otras, ha establecido que del ejercicio del derecho de petición, emerge el derecho a obtener respuesta; empero, no siempre en sentido positivo, pues de acuerdo al caso particular puede ser también negativa; en ese sentido, la lesión de este derecho se produce por la falta de respuesta, no porque ésta sea negativa; ahora bien, en el caso presente, el recurrente denuncia la lesión de este derecho porque los recurridos no le dieron una respuesta positiva, lo que como se manifestó no constituye una vulneración del derecho, pues sólo resulta violado cuando no existe respuesta en ningún sentido, coartando a la persona el derecho de conocer la respuesta a su petición, y de impugnarla o adoptarla, situación que no se da en el presente caso, pues el mandante del recurrente obtuvo respuesta a la querella y denuncia que efectuó; de ello se concluye que no existió supresión, restricción o amenaza al derecho de petición del poderdante del recurrente; por tanto, al no existir la lesión efectiva del derecho, el recurso es improcedente en cuanto a la denuncia de vulneración al derecho de petición
Consiguientemente, el Tribunal de amparo al haber declarado improcedente el recurso, ha realizado una correcta aplicación de las normas previstas por el art. 19 de la CPE.
POR TANTO

El Tribunal Constitucional, en virtud de la jurisdicción que ejerce por mandato de los arts. 19.IV y 120.7ª de la CPE; 7 inc. 8) y 102.V de la Ley del LTC en revisión APRUEBA la Resolución de 8 de octubre de 2004, cursante de fs. 188 a 189, pronunciada por la Sala Civil Primera de la Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional.

No intervienen los magistrados, Dr. Willman Ruperto Durán Ribera y la Dra. Martha Rojas Álvarez por encontrarse ambos de viaje en misión oficial y el Dr. José Antonio Rivera Santivañez, por estar declarado en comisión.


Fdo. Dra. Elizabeth Iñiguez de Salinas
PRESIDENTA EN EJERCICIO

Fdo. Dr. Artemio Arias Romano
MAGISTRADO

Fdo. Dra. Silvia Salame Farjat
MAGISTRADA