SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0273/2003-R
Sucre, 5 de marzo de 2003

Regresar

Expediente: 2003-05970-12-RHC
Distrito: La Paz
Magistrado Relator: Dr. Willman Ruperto Durán Ribera

En revisión, la Resolución 20/2003 de 23 de enero de 2003, cursante de fs. 82 a 83, pronunciada por el Juez Tercero de Sentencia de El Alto, Distrito Judicial de La Paz, en el recurso de hábeas corpus interpuesto por Fermín Tarqui Ajnota, Paulino Triguero Tarqui, Tomasa Mamani Tuco, Petrona Humérez de Ichuta, Anastacia Aspi de Ichuta y Justina Triguero Tarqui contra Gloria Chávez Bravo, Fiscal adjunta a la localidad de Viacha, alegando la vulneración a su derecho a la libertad al estar siendo objeto de una persecución indebida.


I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido del recurso

I.1.1 Hechos que motivan el recurso

En la demanda presentada el 22 de enero de 2003 (fs. 9-10), los recurrentes expresan que el 10 de mayo de 2002, Roberto Rubén Tarqui Ichuta, fue sorprendido in fraganti robando en la habitación de la profesora Bernita Nacho Mamani, hecho solucionado por las autoridades originarias quienes obligaron al autor a devolver los objetos sustraídos y le impusieron una sanción comunaria a la madre y al abuelo del autor a fin de no perjudicar a este último.

Pese a la solución del hecho y a la falta de cumplimiento de la sanción comunaria fueron sorprendidos con la denuncia interpuesta en su contra por Benita Ichuta Ichuta, la madre del autor del hecho, por supuestos delitos cometidos como autoridades, razón por la que se encuentran indebidamente perseguidos por la Fiscal recurrida, quien alega que no se habrían presentado ante dicha autoridad, lo que no es evidente pues cuando lo hicieron les indicaron que debían presentarse todos los denunciados pues no se podían recibir declaraciones por separado.

Afirman que la autoridad recurrida desconoce las garantías de las personas y de los pueblos originarios en franca vulneración de los arts. 1 y 171.I, II y III de la Constitución Política del Estado (CPE) y, que no consideró la previsión del art. 28 del Código de procedimiento penal (CPP) pues la acción penal se encuentra extinguida al haberse solucionado el hecho conforme al derecho consuetudinario indígena.



I.1.2 Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Los recurrentes señalan como vulnerado su derecho a la libertad al considerar que se encuentran indebidamente perseguidos.

I.1.3 Autoridades recurridas y petitorio

De acuerdo a lo expuesto, interponen recurso de hábeas corpus contra Gloria E. Chávez Bravo, Fiscal adjunta a la localidad de Viacha, pidiendo se declare procedente el recurso y se les restituya las más amplias garantías en su calidad de autoridades originarias.

I.1.4 Adhesiones al recurso

Por memorial presentado el 23 de enero de 2003 (fs. 14), Juan Triguero Mamani, Carmelo Tarqui Mamani y Eloy Tuco Mamani se adhirieron al recurso, pidiendo su ampliación contra el funcionario policial Wilfredo Ruíz Cano, empero esta adhesión fue considerada y rechazada en audiencia (fs. 77).

I.2 Audiencia y Resolución del Juez de hábeas corpus

La audiencia se verificó el 23 de enero de 2003 (fs. 77-81), sin presencia fiscal.

I.2.1 Ratificación del recurso

Los recurrentes reiteraron el contenido de su demanda y añadieron que pese a haberse solucionado un conflicto conforme al procedimiento consuetudinario campesino, fueron sorprendidos con una denuncia por los delitos de coacción, amenazas e instigación pública a delinquir; frente a lo cual, en dos ocasiones, solicitaron la declinatoria de jurisdicción porque el problema había sido solucionado, peticiones rechazadas por la Fiscal recurrida, quien el 16 de diciembre de 2002 instruyó la investigación preliminar y citación de todos ellos, a cuyo efecto emitió una orden de arresto.

I.2.2 Informe de la autoridad recurrida

La Fiscal recurrida en su informe escrito (fs. 73-76) señala que: a) a raíz de la denuncia formulada por Benita Ichuta Ichuta contra los recurrentes por la supuesta comisión del delito de lesiones que le habrían inferido a su padre, ordenó se proceda a realizar la investigación preliminar, la que a la fecha no ha concluido, habiendo prestado sus declaraciones los co-recurrentes Juan Triguero Mamani, Carmelo Tarqui Mamani y Eloy Tuco Mamani; b) en ningún momento desconoció el art. 28 CPP pues los actores no demostraron haber resuelto el delito denunciado, al contrario, refieren haber solucionado un hecho de robo que nada tiene que ver con el delito investigado; c) los recurrentes no están indebidamente perseguidos pues al existir una denuncia por un supuesto hecho delictivo es su obligación citar a las partes para investigar, a ese efecto la ley le otorga amplias facultades que no pueden ser coartadas del modo que pretenden los demandantes.

I.2.3. Resolución.

La Resolución 20/2003 de 23 de enero de 2003 (fs. 82-83), pronunciada por el Juez Tercero de Sentencia de El Alto, declara improcedente el recurso, con el fundamento de que la autoridad recurrida no conculcó el derecho a la libertad de los demandantes pues su actuación se enmarcó a las previsiones de la Constitución Política del Estado, Código de Procedimiento Penal y la Ley Orgánica del Ministerio Público, no siendo aplicables al caso los arts. 1 y 171 CPE, ya que los hechos investigados por la Fiscal son diferentes a los alegados por los actores.


II. CONCLUSIONES

De los antecedentes del expediente, se llega a las siguientes conclusiones:

II.1 Por memorial presentado el 19 de septiembre de 2002, Benita Ichuta Ichuta formuló una denuncia contra los recurrentes y otros, por la supuesta comisión de los delitos de tentativa de asesinato, privación de libertad, amenazas, robo agravado, lesiones y asociación delictuosa, en cuyo mérito, el Fiscal de Materia de La Paz, dispone que la denuncia sea presentada ante la Fiscal de la Provincia Ingavi, con asiento en la localidad de Viacha (fs. 15-16).

II.2 Mediante requerimiento de 20 de septiembre de 2002, la Fiscal recurrida dispuso la citación de comparendo de los denunciados a la audiencia de conciliación que no se llevó a cabo, suscitándose un incidente de declinatoria por parte de los recurrentes y solicitudes de señalamiento de nuevas audiencias de conciliación por la denunciante (fs. 23, 24-50).

II.3 Por resolución de 16 de diciembre de 2002, la Fiscal recurrida dispuso que el Jefe Policial de la localidad de Viacha proceda a realizar la investigación preliminar, otorgándole el plazo de cinco días, dando aviso del inicio de la investigación al Juez Instructor en la misma fecha (fs. 51-52)

II.4 El "4 de diciembre" de 2002 se expidieron dos órdenes de citación, la primera dirigida a Paulino Triguero, Fermín Tarqui y Tomasa Tuco y la segunda a Petrona Humérez, Anastacia Aspi y Justina Triguero, para que se presenten el 3 de enero de 2003. Ambas citaciones fueron representadas por el funcionario policial encargadas de su ejecución indicando que los citados, en el primer caso, se negaron a firmar recibiendo copia y en el segundo caso no quisieron recibir la copia de ley (fs. 58 vta; 59 vta.)

II.5 El 10 de enero de 2003, prestaron su declaración las siguientes personas: Benita Ichuta Ichuta, Feliciano Ichuta Aspi, Enrique Ichuta Ichuta, René Ichuta Ichuta y Eloy Lupa (fs. 61-70).

II.6 La Fiscal recurrida en consideración al informe del asignado al caso, el 13 de enero de 2003 ordenó se expidan órdenes de arresto para los imputados que no habían prestado su declaración informativa policial. Dichas órdenes fueron entregadas a Benita Ichuta el 21 de enero del año en curso (fs. 71 vta. y 21 vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

Este recurso es planteado por los actores alegando que se encuentran indebidamente perseguidos por la Fiscal demandada, quien desconociendo su investidura como autoridades originarias y el hecho de haber solucionado el conflicto en base al derecho consuetudinario indígena, dispuso su arresto arguyendo que no se habían presentado ante dicha autoridad, cuando lo evidente es que cuando lo hicieron no se les recibió su declaración exigiéndoles se presenten todos a la vez, ya que no se podían recibir declaraciones por separado. Corresponde analizar si en este caso debe otorgarse la tutela que brinda el art. 18 CPE.

III.1 El art. 9 CPE, establece que nadie puede ser detenido, arrestado, ni puesto en prisión, sino en los casos y según las formas establecidas por ley, requiriéndose para la ejecución del respectivo mandamiento, que éste emane de autoridad competente y sea intimado por escrito.
El art. 225 CPP, faculta tanto al Fiscal como a la Policía a disponer el arresto, cuando en el primer momento de la investigación, no se puede identificar ni individualizar a los autores, partícipes o testigos; en consecuencia, como lo ha establecido la jurisprudencia del Tribunal, la determinación u orden de arresto fuera del referido marco resulta ilegal (así, SSCC 482/2001-R, 829/2002-R y 1396/2002-R, entre otras).
En el caso presente, existe una denuncia interpuesta por Benita Ichuta Ichuta contra los recurrentes por la supuesta comisión de los delitos de tentativa de asesinato, privación de libertad, lesiones y otros, que dio lugar a que la Fiscal recurrida con plena facultad haya dispuesto la organización de la investigación preliminar habiendo citado a los denunciados -hoy recurrentes- para que presten su declaración, llamado al que éstos desobedecieron, no existiendo constancia de que se hubieran presentado y no se les hubiera querido recibir su declaración -como afirman-.
Ante este hecho la Fiscal recurrida, equivocando el procedimiento, ordenó el arresto de los desobedientes, cuando correspondía, en su caso, librar mandamiento de aprehensión en aplicación a la previsión contenida en el art. 224 CPP, pues la medida cautelar dispuesta por la fiscal sólo puede ser ordenada dentro del marco del art. 225 CPP, como ya se tiene descrito. De esa manera, la autoridad demandada incurrió en persecución indebida de los actores, la cual ha sido entendida por este Tribunal en sus SSCC 419/2000-R, 266/20001-R, 379/2001-R, 384/2001-R, 1287/2001-R, y muchas otras, como "..la acción de una autoridad que busca, persigue u hostiga a una persona sin que exista motivo legal alguno ni una orden expresa de captura emitida por autoridad competente en los casos establecidos por la ley, o cuando se emite una orden de detención, captura o aprehensión al margen de los casos previstos por ley e incumpliendo las formalidades y requisitos señalados en ella" (las negrillas son nuestras).

III.2 Por otra parte, es necesario dejar claramente establecido que si bien el Código de Procedimiento Penal reconoce facultad a las autoridades naturales para resolver los conflictos conforme a su derecho consuetudinario; de un lado, el mismo debe hallarse en correspondencia con el marco constitucional que reconoce derechos y garantías a las personas y de otro, debe demostrarse conforme a derecho que el conflicto ha sido solucionado para dar aplicación al art. 28 del CPP.

En el caso presente, no se ha cumplido tal exigencia, pues la solución del conflicto conforme al Derecho Consuetudinario Indígena es diferente al caso que se investiga -según denuncia la damnificada-, lo que amerita la investigación correspondiente por parte del Ministerio Público, sin que ello implique un desconocimiento del Derecho Consuetudinario Indígena; dado que si se llega a demostrar en el curso de la investigación que se trata del mismo hecho, se aplicará lo que corresponde en derecho, conforme al art. 171.1 constitucional y 28 CPP.

Por lo anotado, se concluye que el Juez de hábeas corpus, al haber declarado improcedente el recurso, no ha evaluado correctamente los datos del proceso y las normas aplicables al mismo.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional, en virtud de la jurisdicción que ejerce por mandato de los artículos 18.III y 120.7ª CPE, 7.8ª) y 93 de la Ley del Tribunal Constitucional (LTC), con los fundamentos expuestos, resuelve:

1º REVOCAR la Resolución 20/2003 de 23 de enero de 2003, cursante de fs. 82 a 83, pronunciada por el Juez Tercero de Sentencia de El Alto, del Distrito Judicial de La Paz;

2º DECLARAR PROCEDENTE el recurso de hábeas corpus, dejando sin efecto la resolución que dispone el libramiento de las órdenes de arresto, debiendo la Fiscal recurrida corregir procedimiento y disponer lo que corresponda en derecho, sin responsabilidad por ser excusable.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional.


SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0273/2003-R (viene de la página 5)


No interviene el Magistrado Dr. Felipe Tredinnick Abasto, por estar haciendo uso de su vacación anual.


Fdo. Dr. René Baldivieso Guzmán
PRESIDENTE

Fdo. Dr. Willman Ruperto Durán Ribera
DECANO

Fdo. Dra. Elizabeth Iñiguez de Salinas
MAGISTRADA

Fdo. Dr. José Antonio Rivera Santivañez
MAGISTRADO


Inicio