SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0231/2004- R
Sucre, 17 de febrero de 2004

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Expediente: 2004-08267-17-RHC
Distrito: Cochabamba
Magistrado Relator: Dr. José Antonio Rivera Santivañez

En revisión la Resolución de 9 de enero de 2004, cursante de fs. 86 a 88 vta. pronunciada por la Sala Penal Tercera de la Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba, dentro del recurso de hábeas corpus interpuesto por Juan Walter Rocha Anna, en representación de Wagner y Ulisses Canhedo Azevedo contra Juan de la Cruz Vargas; Presidente del Tribunal Cuarto de Sentencia en lo Penal, Jaime E. García Merubia, Gualberto Villarroel Román y J. César Cartagena M., fiscales de Materia; alegando la vulneración de los derechos a la libertad física, a la locomoción y al debido proceso, consagrados en los arts. 6.II, 7 inc. g) y 16 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido del recurso

Por memorial presentado el 8 de enero de 2004, cursante de fs. 27 a 29 vta. de obrados, el recurrente expresa los siguientes fundamentos de hecho y de derecho:

I.1.1. Hechos que motivan el recurso

Dentro del proceso investigativo que inició el Ministerio Público contra sus representados, durante la etapa preparatoria se dispuso la citación de éstos por edictos de prensa, bajo el argumento de que no tenían domicilio y se ignoraba su paradero, cuando en el pedido de extradición el Fiscal admitía que se encontraban en la República Federativa del Brasil; con la citación por edicto ha conseguido que se les declarara en rebeldía. La etapa investigativa concluyó con la acusación planteada por el Fiscal de Materia, por lo que el proceso fue radicado en el Tribunal Cuarto de Sentencia en lo Penal, cuyos miembros ordenaron que se notifique, a sus representados, con la acusación fiscal y particular por edictos de prensa, aún sabiéndose el paradero de sus representados, tal como se acredita con el pedido de extradición, al cual el citado Tribunal dio curso ilegalmente, pese al incidente de nulidad que planteó el defensor de oficio.

La ilegal declaratoria de rebeldía está matizada por elementos de fraude procesal, dado que se dispone la extradición curiosamente tres días después de su declaratoria de rebeldía con el argumento de que supuestamente en ese lapso se habría tenido conocimiento del paradero de sus representados, pero no había necesidad de caer en esa incongruencia, pues lo correcto, si se tenía el conocimiento de su dirección, era que se disponga que las citaciones y notificaciones se realicen mediante exhorto suplicatorio conforme a las normas previstas por el art. 145 del Código de procedimiento penal (CPP); empero, en lugar de ello, se autorizó la extradición con el fin de traerlos a un juicio donde no han podido asumir defensa o presentar los descargos pertinentes, por lo que con este proceder, se ha incurrido en un defecto absoluto y con ello en la causal de nulidad de la notificación como establece la norma prevista por el art. 166.1 CPP.

Concluye señalando que esa falta de notificación debida, fue para urdir una declaratoria de rebeldía para provocarles indefensión, sometiéndoles a una persecución y procesamiento indebidos e ilegales, razón por la que interpone el presente recurso, a fin de que se subsanen los defectos del proceso penal referido, pues el debido proceso es una garantía procesal reconocida al imputado, tal como se establece en las SSCC 369/99-R, 1276/2001-R, 81/2002-R, 378/2002-R y 685/2002-R.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Derechos a la libertad física, a la locomoción y al debido proceso, consagrados en los arts. 6.II, 7 inc. g) y 16 CPE.

I.1.3. Autoridades recurridas y petitorio

Con esos antecedentes plantea recurso de hábeas corpus contra Juan de la Cruz Vargas; Presidente del Tribunal Cuarto de Sentencia en lo Penal, Jaime E. García Merubia, Gualberto Villarroel Román y J. César Cartagena M, fiscales de Materia, pidiendo que sea declarado procedente, disponiéndose: a) la nulidad de la declaratoria de rebeldía pronunciada por el Tribunal Cuarto de Sentencia presidido por el Juez recurrido; b) la cancelación o levantamiento de las medidas jurisdiccionales impuestas por efecto de la rebeldía como el arraigo, anotaciones preventivas y secuestro de bienes, embargos y otros; c) se dejen sin efecto los mandamientos de aprehensión que se hubiesen expedido; d) se disponga la nulidad de la admisión de solicitud de extradición pronunciada por el Tribunal presidido por el recurrido juez, y en consecuencia cualquier trámite o solicitud emergente de aquella; e) se proceda a la citación conforme a ley de sus representados; y f) se disponga la separación de los fiscales recurridos del proceso por su evidente actuación "imparcial".

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de hábeas corpus

Instalada la audiencia pública el 9 de enero de 2004, tal como consta en el acta de fs. 84 a 85, ocurrió lo siguiente:

I.2.1. Ratificación y ampliación del recurso

El recurrente ratificó los extremos de la demanda y los amplió indicando mediante el memorial cursante de fs. 73 a 75 vta. en el que señala lo siguiente: a) el fiscal recurrido Jaime García Merubia, realizó todos los actos para la acusación sin la presencia y concurrencia de los imputados, omitiendo la citación y notificación a los mismos con la denuncia y querella, tampoco se les permitió conocer la imputación formal, pues se limitó a notificarlos por la vía más fácil, mediante edictos durante el mes de noviembre de 2001, alegando un supuesto desconocimiento de domicilio para pedir su declaratoria de rebeldía, de modo que en la etapa preparatoria se les negó su defensa; actuándose de la misma manera en la etapa denominada antejuicio, que comprende desde la conclusión de la investigación del fiscal hasta que el órgano jurisdiccional realiza la audiencia conclusiva; b) sus representados no comparecieron al proceso porque no se les practicó una debida citación en su domicilio real que fue siempre de conocimiento de los fiscales; y c) para alegar desconocimiento de domicilio, se debe demostrar que se ha procurado localizar el domicilio del interesado.

I.2.2. Informe de las autoridades recurridas

El Juez recurrido presentó el informe que cursa de fs. 76 a 81, en el que señaló lo siguiente: a) el Ministerio Público, en su pliego acusatorio contra los representados, señaló de manera "muy genérica" que los imputados tenían domicilio en Sao Paulo-Brasil sin especificarlo concretamente, además puso en conocimiento que en la etapa preparatoria ya habían sido declarados rebeldes. Por otra parte, el querellante en su acusación señaló que los imputados tenían domicilio en las reparticiones del Lloyd Aéreo Boliviano S.A., lugar al que se apersonó la Oficial de Diligencias, según consta en obrados, quien informó que el personal de dicha empresa señaló que los imputados ya no trabajaban en la misma; en base a esos antecedentes el Ministerio Público, había solicitado que la acusación sea notificada mediante edictos, haciendo conocer que en la etapa preparatoria ya se los había declarado rebeldes, designándoseles defensor de oficio, a quienes se les notificó con el pliego acusatorio, por lo que, en aplicación de las normas previstas por el art. 165 CPP, ordenó la notificación de esa forma; b) presentadas las publicaciones edictales y a solicitud del Ministerio Público, celebró audiencia el 19 de mayo de 2003, en la que en sujeción a las normas del último párrafo del art. 165 CPP, en concordancia con las normas previstas por el art. 87.1) CPP, les declaró rebeldes, disponiendo que se expidan mandamientos de aprehensión en su contra mediante ordenes instruidas; c) en la misma audiencia de declaratoria de rebeldía, el defensor de oficio planteó incidente de nulidad de la notificación edictal con el argumento de que no concurrieron los supuestos de las normas previstas por el art. 165 CPP para haber notificado de tal forma, dado que a tiempo de solicitarse la extradición en el Juzgado Cuarto de Instrucción se señaló el domicilio de sus defendidos en la República de Brasil, pero se rechazó el incidente porque ninguna de las causales de nulidad se presentaban por una parte, por otra no se tenía una indicación cierta del domicilio y es más en plena audiencia el mismo defensor expresó que nunca pudo comunicarse con sus defendidos de manera personal o por cualquier otro medio y que desconocía su paradero; d) atendiendo la solicitud de extradición del Ministerio Público, presentada el 19 de mayo de 2003, y que los imputados serían ejecutivos de la empresa VIACAO AEREA SAO PAULO S.A: (VASP) con domicilio en dicha empresa (estableciéndose el domicilio de una persona jurídica), se celebró audiencia el 22 del mismo mes y año, en la que se admitió la solicitud. Asimismo, de acuerdo a normas legales se dispuso la suspensión de los plazos procesales como el plazo máximo de duración del proceso; y e) el recurso planteado, es improcedente por existir la SC 830/2002-R, de 15 de julio, emergente de un anterior recurso planteado por el representante legal de la empresa VASP S.A., en el que se expusieron los mismos argumentos que hoy se repiten y la nulidad de los mismos actos que también se realizaron en la etapa preparatoria.

Finalmente, los fiscales recurridos se remitieron a su informe cursante de fs. 82 a 83 vta., en el que alegaron: a) actualmente los representados del recurrente se encuentran en pleno ejercicio de su libertad y derecho de locomoción para circular en todo el territorio de la República de Brasil; b) en la etapa preparatoria realizaron todos los actos necesarios para que los representados del recurrente se enteraran de que en la ciudad de Cochabamba tenían una denuncia y se apersonaran, pero no lo hicieron hasta la fecha; c) los representados del recurrente no están detenidos y tampoco se encuentran indebida o ilegalmente perseguidos o procesados, puesto que de acuerdo a las normas previstas por el art. 90 CPP, el juicio respecto a ellos no se ha iniciado y será suspendido a consecuencia de su declaratoria de rebeldía; d) debe de tenerse presente la jurisprudencia establecida en las SSCC 313/2002-R, de 20 de mayo, 287/2003-R, y 830/2002-R de 15 de julio, puesto que los representados del recurrente hace bastante tiempo han tenido conocimiento de la acción penal, ya que han presentado un sinnúmero de recursos constitucionales, pero por su propia voluntad no han concurrido a asumir defensa; e) sobre la extradición, es una solicitud efectuada al Ministerio de Relaciones Exteriores que representa al Poder Ejecutivo, de modo que no existe ilegalidad, además fue realizada precisamente para lograr la comparecencia de los imputados y f) los argumentos del presente recurso, ya fueron dilucidados en un anterior recurso, existiendo con el presente identidad de sujeto, objeto y causa, de manera que corresponde dar cumplimiento a la SC 830/2003-R, como se ha establecido en las SSCC 504/2003-R, 1198/2003-R y 1326/2003-R. Con estos argumentos piden se declare improcedente el recurso.

I.2.3. Resolución

Concluida la audiencia, la Sala Penal Tercera de la Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba declaró improcedente el recurso con los fundamentos siguientes: a) la declaratoria de rebeldía es legal, ya que los representados fueron notificados mediante edictos publicados en el periódico, pero no comparecieron. Al margen de ello, dicha declaratoria no fue enervada como efecto de la solicitud de extradición; b) el domicilio que se señala en la demanda de extradición es la de la empresa brasilera VASP y no así del domicilio real de los imputados y; c) la notificación mediante edictos, no es indebida ni ilegal ni opera como causa ilegal de la declaratoria de rebeldía y consiguiente orden de aprehensión, ya que no existe ningún elemento objetivo de juicio que acredite el paradero o domicilio conocido, pues debería expedirse un certificado o registro domiciliario y la documentación respaldatoria expedida por autoridad competente del Estado Federal de Brasil como establece la SC 1625/2003-R, de 14 de noviembre, además la notificación realizada por edicto ha cumplido su finalidad, ya que se ha interpuesto el presente recuso "y siendo esto así lo que les corresponde es comparecer y asumir defensa en el referido proceso penal."

II. CONCLUSIONES

Luego del análisis y minuciosa compulsa de los antecedentes, se establecen las siguientes conclusiones:

II.1. Mediante SC 830/2002-R, de 15 de julio, este Tribunal, resolviendo un recurso de hábeas corpus planteado por Juan Carlos Pinto Mansilla, representante legal de la Empresa VIACAO AEREA SAO PAULO S.A. VASP S.A., alegando en suma los mismos actos que hoy se denuncian, pero en la etapa preparatoria del proceso penal seguido contra los hoy representados del recurrente, fundamentó que, sobre el incumplimiento de las formalidades en citación de los recurrentes mediante exhorto, tramitación inadecuada de la solicitud de extradición, trámite irregular de rebeldía, restricción al derecho a la defensa, no correspondía pronunciarse, puesto que no causaban la restricción o supresión material de la libertad física. En ese entendido, se estableció únicamente que los mandamientos de aprehensión fueron expedidos a sola representación de los mandamientos de comparendo cuando debió citarse por edicto. En esta Sentencia también se estableció que en la denuncia o querella presentada se señaló como domicilio de los representados, la oficina del Lloyd Aéreo Boliviano (fs. 42-47).

II.2. Luego de concluida la etapa preparatoria y radicada la causa ante el Tribunal Cuarto de Sentencia de la Capital, el fiscal recurrido Jaime E. García M., señalando que se desconocía el domicilio real y el paradero actual de los imputados, ya que no fueron encontrados en el domicilio que citó el acusador particular y en los lugares que frecuentaban, solicitó que en aplicación de las normas previstas por el art. 165 CPP, se les cite mediante edicto. Atendiendo esta solicitud, la Jueza Técnica del citado Tribunal por decreto de 18 de enero de 2003 dispuso se notifique de tal forma (fs. 9, 10).

II.3. El 12 de mayo de 2003, el nombrado Fiscal junto al co-recurrido J. César Cartagena M., adjuntando las publicaciones edictales, solicitaron la rebeldía de los imputados, a cuyo efecto se realizó audiencia el 19 del mismo mes y año, en la que, rechazándose el incidente de nulidad de la notificación edictal presentado por el defensor de oficio, se les declaró rebeldes mediante resolución de la misma fecha, pues previo a la declaratoria se preguntó al abogado si pudo comunicarse con sus defendidos "vía telefónica o por cualquier otro medio técnico" como también "si conocía el paradero de ellos", pero respondió que nunca pudo comunicarse y que desconocía su paradero (fs. 11, 13, 15 vta.-17).

II.4. En la misma fecha 19 de mayo, los fiscales co-recurridos presentaron ante el citado Tribunal demanda de extradición activa, señalando que los representados eran actuales ejecutivos de la Empresa de Transporte Aéreo VIACAO AEREA SAO PAULO S.A. (V.A.S.P), cuyo domicilio estaba ubicado en la Plaza Comandante Leneu Gomes s/n Edificio Sede V.A.S.P, en el aeropuerto de Congonhas de la ciudad de San Pablo (fs. 18-21).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El recurrente solicita tutela a los derechos de sus representados a la libertad física, a la locomoción y al debido proceso, consagrados en los arts. 6.II, 7 inc. g) y 16 CPE, denunciando que fueron vulnerados por los recurridos, dado que dentro del proceso penal que se les sigue por la supuesta comisión de contratos lesivos al Estado y otros: a) los fiscales recurridos en la etapa preparatoria, con el fin de impedirles que asuman defensa, solicitaron se les cite por edicto cuando en su solicitud de extradición señalaron donde se encontraban. Luego de radicada la causa en el Tribunal presidido por el recurrido también, indebidamente y con el objetivo de que no asuman defensa, solicitaron su notificación de la misma forma, cuando debían solicitarla por exhorto, posteriormente solicitaron su rebeldía no obstante que su abogado defensor presentó incidente de nulidad de la notificación edictal y que en la solicitud de extradición señalaban donde se encontraban; y b) el Juez recurrido junto a los otros miembros del Tribunal de Sentencia, dieron curso a las solicitudes de los fiscales, con lo que les han provocado indefensión, encontrándose a la fecha indebidamente perseguidos y procesados, puesto que se ha emitido mandamiento de aprehensión en su contra y se les han aplicado otras medidas restrictivas. En consecuencia, en revisión de la resolución dictada por el Tribunal de hábeas corpus, corresponde dilucidar si tales extremos son evidentes y si constituyen persecución, aprehensión, procesamiento o apresamiento indebidos o ilegales, a fin de otorgar o negar la tutela solicitada.

III.1. Al efecto, cabe señalar que, como se tiene referido en el punto II.1 de conclusiones de esta Sentencia, los representados del recurrente ya plantearon anteriormente un recurso de hábeas corpus impugnando los supuestos hechos y decisiones ilegales e indebidos en que habría incurrido el Fiscal de Materia en la etapa preparatoria; en consecuencia sobre la denuncia de las supuestas omisiones en la etapa preparatoria relativa a que los representados no fueron legalmente citados, que indebidamente fueron declarados rebeldes pese a que en la solicitud de extradición se indicaba su domicilio, este Tribunal ya no puede pronunciarse, puesto que en la SC 830/2002-R de 15 de julio, se consideró dicha denuncia y se negó la tutela sobre esos mismos actos procesales, de modo que ya no puede realizarse otro análisis existiendo identidad de sujeto, causa y objeto con el recurso resuelto mediante la referida Sentencia Constitucional; de manera que el análisis de la denuncia planteada sólo se circunscribirá a la compulsa de todos los actos demandados y que se desarrollaron a partir de la acusación formal.

III.2.Sobre el primer punto de la denuncia en sentido de que los fiscales recurridos, luego de radicada la causa en el Tribunal presidido por el Juez recurrido, indebidamente y con el objetivo de que no asuman defensa solicitaron su notificación mediante edictos, cuando debían solicitarla por exhorto, posteriormente solicitaron su rebeldía no obstante que su abogado defensor presentó incidente de nulidad de la notificación edictal y que en la solicitud de extradición señalaban donde se encontraban, corresponde resolverla en la misma forma en que se resolvió la problemática que dio origen a la Sentencia Constitucional citada, existiendo identidad de sujeto y causa; en ella, este Tribunal Constitucional, examinando la problemática planteada referida a los mismos actos, expreso los siguientes fundamentos:

"(...) el recurrente hace referencia al incumplimiento de diversas formalidades procesales, tales como la falta de citación a los denunciados mediante exhorto a las autoridades del Brasil, tramitación inadecuada de la solicitud de extradición, trámite irregular de declaratoria de rebeldía, restricción del derecho a la defensa, omisiones y actuaciones que en su concepto estuvieran viciadas. Empero, cabe señalar que las irregularidades procesales denunciadas, al no constituir la causa inmediata de la restricción o supresión material de la libertad física, no pueden ser analizados, por lo mismo, subsanados por la vía del Hábeas Corpus, ya que para ello el recurrente tiene las vías legales previstas por el ordenamiento jurídico, por lo que deberá acudir a dichas vías procesales a fin de que sean subsanados en el caso de que se evidencie que vulneran las normas del debido proceso. Por lo mismo, este Tribunal no dispondrá la regularización del trámite o se "reencause el proceso a partir del vicio más antiguo", como incorrectamente dispuso el Tribunal del Hábeas Corpus."

"(...) en el marco de la línea jurisprudencial referida sólo cabe analizar en el presente Recurso los actos o decisiones que lesionen de manera indebida la libertad física. En ese orden sólo se examinará la legalidad del mandamiento de aprehensión, por ser el único acto que importa amenaza para el derecho citado, es decir, se pasará a considerar si dicho mandamiento fue expedido conforme a procedimiento o no se guardaron las formalidades legales para emitirlo, en definitiva se determinará si fue expedido en forma legal o indebida."

Aplicando los fundamentos referidos al presente caso, no corresponde realizar análisis alguno sobre: a) la nulidad de la declaratoria de rebeldía pronunciada por el Tribunal Cuarto de Sentencia presidido por el juez recurrido; b) la cancelación o levantamiento de las medidas jurisdiccionales impuestas por efecto de la rebeldía como anotaciones preventivas y secuestro de bienes, embargos y otros, la nulidad de la admisión de solicitud de extradición pronunciada por el Tribunal presidido por el Juez recurrido, y en consecuencia cualquier trámite o solicitud emergente de aquella; y c) la separación de los fiscales recurridos del proceso por su evidente actuación "imparcial"; pues para ello existen otras vías legales previstas por el ordenamiento jurídico vigente.

III.3. Con relación a la supuesta acción ilegal en que habrían incurrido los fiscales recurridos al haber formulado la solicitud de citación por edicto, y el Juez al haber admitido la solicitud y haber dispuesto dicha citación, que luego dio lugar a la declaratoria de rebeldía y la emisión de los mandamientos de aprehensión, cabe realizar las siguientes consideraciones de orden legal:

III.3.1. En principio recordar que este Tribunal Constitucional, haciendo un análisis sobre los alcances y bondades de los diferentes modelos de política criminal y sistemas procesales, en su SC 1036/2002-R de 29 de agosto, ha señalado que "(...) un modelo procesal de puras garantías convertiría a los preceptos penales en meras conminaciones abstractas sin posibilidad real de aplicación concreta, dado que la hipertrofia de las garantías neutralizaría la eficacia razonable que todo modelo procesal debe tener. De ahí que la tesis que propugna el equilibrio entre la búsqueda de la eficiencia y la salvaguarda de los derechos y garantías, se constituye en la síntesis que busca cumplir eficazmente las tareas de defensa social, sin abdicar del resguardo de los derechos y garantías del imputado (..); precisamente sobre ese marco de equilibrio que el legislador boliviano ha adoptado un Sistema Procesal Oral Acusatorio de tendencia garantista; empero, a la par de establecer las garantías necesarias para el ejercicio de los derechos fundamentales del procesado, ha previsto mecanismos procesales tendientes a evitar la hipertrofia del sistema y hacer que el Estado cumpla eficazmente las tareas de defensa social. Es en ese marco que, respecto a las notificaciones, el legislador ha previsto la vía de la notificación por edictos; así prevé el art. 165 CPP, sobre cuyo alcance este Tribunal, en su SC 398/2003-R, de 31 de marzo, ha señalado que "(...) el mismo Código en su art. 165 prevé la notificación por edicto en dos casos, a saber: a) cuando no se tenga conocimiento del domicilio y b) cuando se ignore su paradero. En este último caso, el presupuesto se materializa cuando teniéndose conocimiento del domicilio se ignora el paradero de las personas a quienes se debe citar".

Conforme a la interpretación efectuada por este Tribunal, sobre los alcances de la norma prevista por el art. 165 CPP, la notificación por edicto no sólo se dispone cuando el imputado o procesado no tiene domicilio conocido, también se aplica en el supuesto de que tenga domicilio conocido, pero que a pesar de ello se ignora su paradero; esa previsión normativa tiene la finalidad de evitar la neutralización de la acción de la justicia, pues un razonamiento en contrario significaría que el imputado o procesado, teniendo domicilio conocido, se oculte o desaparezca de su domicilio para evitar ser notificado con la imputación o la acusación, con lo que evitaría que la acción penal prospere hasta que prescriba la acción, ya que en el nuevo sistema el cómputo del plazo de prescripción solo se interrumpe por la declaratoria de la rebeldía.

III.3.2 En el caso planteado, cabe señalar que, al resolver el anterior recurso de hábeas corpus planteado por los representados del recurrente, en la SC 830/2002-R de 15 de julio que ha sido adjuntado al expediente como prueba, de los datos contenidos el expediente original que fue remitido a este Tribunal, se concluyó que "tanto en la denuncia como en la querella presentada contra los representados y ejecutivos de la empresa VIAÇAO SAO PAULO S.A. VASP, señores Wagner y Ulises Canhedo Azevedo, no se indicó domicilio en la República del Brasil, sino en las oficinas de la empresa Lloyd Aéreo Boliviano (LAB)", buscados los imputados en el domicilio señalado no fueron habidos, ignorándose su paradero, si bien es cierto que en la demanda de extradición activa efectuada en la etapa preparatoria como también en la fase del juicio oral, los fiscales recurridos afirmaron que los representados del recurrente eran ejecutivos de la empresa de Transporte Aéreo VIAÇAO AEREA SAO PAULO S.A. (V.A.S.P), cuyo domicilio estaba ubicado en la Plaza Comandante Leneu Gomes s/n. Edificio Sede V.A.S.P, en el aeropuerto de Congonhas de la ciudad de San Pablo, no es menos cierto que ello no implica que los fiscales recurridos tengan conocimiento del paradero de los procesados, pues en cuanto al domicilio señalado en esta República, se obtuvo datos de que ya no trabajan allí y en cuanto al domicilio no de ellos sino de la empresa donde se presume son ejecutivos, tampoco podía tomarse como si fuera un domicilio real y menos que allí se los encontraría, lo cual se corrobora con lo expresado por el abogado defensor de oficio que planteó el incidente de nulidad, pues ante las preguntas del Tribunal presidido por el recurrido señaló que no pudo comunicarse con sus defendidos y que desconocía su paradero, situación ésta que se ajusta al segundo supuesto que da lugar a una notificación por edicto, la cual se ha realizado conforme a ley.

III.3.3. Con relación a la supuesta ilegalidad de la declaratoria de rebeldía, cabe referir que, conforme a la norma prevista por el art. 87.1 CPP, el imputado será declarado rebelde cuando no comparezca, sin justa causa, a una citación de conformidad a lo previsto por el Código de procedimiento penal. Ahora bien, conforme se tiene referido en el punto anterior, la notificación efectuada por edicto, solicitada por los fiscales recurridos y dispuesta por el Juez recurrido, fue legal; en consecuencia, si los representados del recurrente, no comparecieron, sin justa causa, ante la autoridad judicial para asumir su defensa, es válida la declaratoria de rebeldía al haber sido dispuesta de acuerdo a las normas previstas por los arts. 87.1 y 89 CPP con los efectos previstos por el art. 90 del mismo cuerpo legal; por lo que no corresponde declarar la nulidad de dicho acto procesal, como solicita el recurrente.

III.4. Con referencia al mandamiento de aprehensión que había dispuesto se expida el Juez recurrido, cabe señalar que dicha decisión no puede ser calificada de ilegal ni indebida, toda vez que ello es el resultado de la declaratoria de rebeldía. En efecto, por disposición de la norma prevista por el art. 89 CPP, el Juez del proceso, al declarar la rebeldía deberá expedir el mandamiento de aprehensión, asimismo podrá disponer el arraigo del o los procesados. En consecuencia, al declararse la legalidad de la declaratoria de rebeldía de los procesados, hoy representados del recurrente, los mandamientos de aprehensión expedidos por el Juez recurrido resultan legales, por lo que no corresponde otorgar la tutela solicitada.

En consecuencia el Tribunal del recurso, al haber declarado improcedente el hábeas corpus ha dado correcta aplicación al art. 18 CPE.

POR TANTO: El Tribunal Constitucional, en virtud de la jurisdicción y competencia que le confieren los arts. 18.III y 120.7ª CPE y 7 inc. 8) y 93 LTC en revisión APRUEBA la Resolución de 9 de enero de 2004, cursante de fs. 86 a 88 vta. pronunciada por la Sala Penal Tercera de la Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional.

No interviene el Decano Dr. Willman Ruperto Durán Ribera, por encontrarse con licencia.


Fdo. Dr. René Baldivieso Guzmán
PRESIDENTE

Fdo. Dra. Elizabeth Iñiguez de Salinas
DECANA EN EJERCICIO

Fdo. Dr. José Antonio Rivera Santivañez
MAGISTRADO

Fdo. Dra. Martha Rojas Álvarez
MAGISTRADA

Fdo. Dr. Walter Raña Arana
MAGISTRADO