SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1173/2004-R
Sucre, 26 de julio de 2004

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Expediente: 2004-09194-19-RHC
Distrito:Cochabamba
Magistrado Relator: Dr. Willman Ruperto Durán Ribera

En revisión la Resolución de 24 de mayo de 2004, cursante de fs. 28 a 29 vta., pronunciada por la Sala Penal Tercera de la Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba en el recurso de hábeas corpus interpuesto por Sergio Saúl Martínez contra Hugo Montero Lara, Juez Tercero de Instrucción en lo Penal, alegando la vulneración de su derecho a la libertad por detención indebida.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido del recurso

I.1.1. Hechos que motivan el recurso

Por memorial presentado el 20 de mayo de 2004, cursante de fs. 11 a 13, el recurrente asevera que dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de violación, por Auto de 5 de abril de 2004, la Autoridad judicial recurrida conminó al Fiscal de Distrito para que en el plazo de cinco días presente requerimiento conclusivo, decisión que fue notificada el 7 de abril a la Autoridad fiscal sin que dentro del término concedido haya presentado requerimiento alguno, en cuyo mérito el Juez debió haber declarado expresamente la extinción de la acción penal a su favor, pero no lo hizo incumpliendo lo dispuesto por el art. 134 del Código de procedimiento penal (CPP), admitiendo más bien una acusación interpuesta el 15 de abril fuera del plazo previsto por ley, rechazando su petición de extinción de la acción, con el argumento de que la Corte Superior el 7 de abril emitió un comunicado por el que determinó que el jueves 8 de abril de 2004 se trabajaría en horario continuo, el viernes 9 era feriado nacional y el sábado 10 se concedía tolerancia en las actividades, debiendo compensarse las horas no trabajadas los días subsiguientes, sin tener en cuenta que el art. 41 de la Ley General del Trabajo (LGT), el art. 29 de su Decreto Reglamentario y el Decreto Supremo (DS) 21060 señalan expresamente cuáles son los días feriados con suspensión de actividades públicas y privadas.

Agrega que si bien las sentencias constitucionales han establecido que la extinción de la acción no opera de hecho sino de derecho, en el presente caso se produjo la segunda situación con la conminatoria realizada por la autoridad judicial que no fue cumplida por la representación del Ministerio Público y pese a ello el demandado no declaró la extinción de la acción penal como correspondía.

I.1.2. Derecho y garantía supuestamente vulnerado

Alega la vulneración de su derecho a la libertad.

I.1.3. Autoridad recurrida y petitorio

De acuerdo a lo expuesto, interpone recurso de hábeas corpus contra Hugo Montero Lara, Juez Tercero de Instrucción en lo Penal; impetrando sea declarado procedente, por ende, se ordene la extinción de la acción penal y su inmediata libertad.

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de hábeas corpus

Efectuada la audiencia el 24 de mayo de 2004, con la presencia del representante del Ministerio Público, conforme consta en el acta de fs. 25 a 27, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación del recurso

El recurrente reiteró el contenido de su demanda.

I.2.2. Informe de la autoridad recurrida

La autoridad judicial demandada informó que el 5 de abril de 2004, conminó al Fiscal de Distrito la presentación de requerimiento conclusivo, siendo notificado el 7 de abril de 2004, a partir de cuyo momento debía hacerse el cómputo de los cinco días. El 15 de abril de 2004, el Ministerio Público presentó acusación y el imputado solicitó la extinción de la acción penal, de modo que existiendo dos solicitudes y que la extinción de la acción es de derecho, rechazó el pedido del actor ya que no existía ningún motivo para deferirla favorablemente ante la presentación de la acusación fiscal. Agregó que la Corte Superior emitió una circular disponiendo tolerancia para el sábado 10 de abril, razón por la cual ese día debe ser entendido como inhábil, por cuanto no había actividad judicial; además que la línea jurisprudencial ha establecido que la acción no se extingue por el mero transcurso del tiempo sino en mérito a una declaración expresa, por lo que solicitó la improcedencia del recurso.

En el uso de la dúplica precisó que la Fiscalía presentó la acusación a horas 16:15 del 15 de abril y el imputado su solicitud de extinción a horas 18:00 del mismo día.

I.2.3. Resolución

La Resolución de 24 de mayo de 2004, cursante de fs. 28 a 29 vta., de acuerdo con el Requerimiento fiscal declaró improcedente el recurso, con los siguientes fundamentos:

a)El juicio oral y público que debe sustanciar contra el recurrente por los delitos incursos en las sanciones de los arts. 308 Bis y 312 del Código penal (CP), ha sido promovido sobre la base de la acusación fiscal de 15 de abril de 2004 y la acusación particular de 29 del mismo mes y año, de manera que la providencia de 15 de abril, no motiva la detención preventiva del recurrente, por cuanto la misma también tiene su sustento en la acusación particular independientemente de la aceptación o rechazo de la solicitud de extinción de la acción penal presentada por el actor; lo que significa que las circunstancias que motivan el presente recurso no se hallan vinculadas al derecho de libertad del actor.
b)Si el recurrente considera que la providencia de 15 de abril de 2004 conculca el debido proceso, deberá agotar todos los medios ordinarios que tiene a su alcance para impugnarla e incluso interponer recurso de amparo constitucional.

I.2.4. Trámite Procesal en el Tribunal

Mediante AJ 124/04 de 12 de julio de 2004, el Pleno del Tribunal amplió en la mitad de término el plazo para pronunciar Resolución; en consecuencia la presente Sentencia Constitucional se pronuncia dentro del término legal.


II. CONCLUSIONES

Luego del análisis de antecedentes, se establecen las conclusiones siguientes:

II.1. Dentro del proceso penal seguido contra el recurrente, por decreto de 5 de abril de 2004, se conminó al Fiscal de Distrito la presentación de acusación o solicitud conclusiva en el plazo de cinco días bajo alternativa de declararse extinguida la acción penal (fs. 1), siendo notificado el Represente del Ministerio Público el 7 de abril de 2004 (fs. 23 vta.).

II.2. El 7 de abril de 2004, la Corte Superior dispuso horario continuo en las actividades judiciales para el jueves 8 de abril de 2004 y tolerancia para el sábado 10 del mismo mes y año, con compensación de las horas no trabajadas en los días subsiguientes hasta el miércoles 15 de abril (fs. 19).

II.3. Por requerimiento de 15 de abril de 2004, el Ministerio Público acusó al actor los delitos tipificados en los arts. 308 Bis y 312 del CP (fs. 6 a 10).

II.4. Por memorial de 15 de abril de 2004 el recurrente solicitó la extinción de la acción penal por falta de presentación de requerimiento concluido (fs. 2), que mereció el proveído de la misma fecha (fs. 2 vta.) que dispuso: “Estése a la acusación presentada en la fecha (...)” (sic).

II.5. El 29 de abril de 2004, Betty Huanca Vargas, presentó acusación particular contra el actor ante el Tribunal Tercero de Sentencia por la presunta comisión de los delitos previstos en los arts. 308 Bis y 312 del CP (fs. 3-5).

FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA RESOLUCIÓN

El recurrente sostiene que se encuentra sometido a detención indebida, bajo el argumento de que el Juez demandado no declaró extinguida la acción penal ejercida en su contra, pese a su solicitud en mérito a la acusación fiscal presentada fuera del plazo previsto por el art. 134 del CPP. Por consiguiente, corresponde analizar si los hechos denunciados se encuentran dentro del ámbito de protección otorgado por el art. 18 de la CPE.

III.1. Antes de ingresar al fondo del recurso, corresponde analizar si es evidente lo afirmado por el Tribunal de hábeas corpus para declarar la improcedencia del recurso, respecto a que la providencia de 15 de abril de 2004, por la cual se dispone que el recurrente esté a la acusación presentada, no está vinculada al derecho a la libertad del actor, y que por lo tanto, debe agotar los medios ordinarios que tiene a su alcance para impugnarla e inclusive interponer el recurso de amparo constitucional.

Sobre el particular, cabe señalar que si bien el recurrente se encuentra detenido preventivamente en virtud a un mandamiento expedido por autoridad competente, y que en tal sentido la causa de la detención indebida alegada por el recurrente no sería la providencia de 15 de abril de 2004, no es menos evidente que la extinción de la acción penal solicitada por el actor, podría tener entre sus efectos - si es que la víctima no presenta ante el Juez su decisión de continuar con el proceso-, el hacer cesar la detención preventiva del recurrente; pues, a través de ella, se extingue el derecho del Estado a proseguir la acción penal y, en consecuencia, cesa toda medida cautelar personal que pesa sobre el imputado.

En consecuencia, se constata que el acto supuestamente ilegal denunciado por el recurrente está íntimamente vinculado a su derecho a la libertad, pues éste se encuentra detenido preventivamente en la cárcel de San Sebastián, por lo que es preciso analizar el fondo del recurso.

III.2.Sobre la tendencia político criminal del Código de procedimiento penal.

La SC 1036/2002-R, de 29 de agosto, estableció que: “La política criminal de un Estado se halla articulada, fundamentalmente, en los códigos: penal, procesal penal y de ejecución penal; los que en su conjunto conforman el sistema penal de un país. Por la pertinencia del caso, corresponde ahora, a los efectos interpretativos, desentrañar la tendencia político-criminal que subyace en la Ley 1970.

En este cometido, conviene recordar que en el transcurso del desarrollo cultural de la humanidad, se han conformado, de manera básica, dos tendencias para la aplicación concreta de la ley penal sustantiva. La diferencia entre ambas radica esencialmente en los fines que se persiguen. Así, la primera tendencia se preocupa en lograr la mayor eficacia en la aplicación de la norma penal sustantiva, como medida político-criminal de lucha contra la delincuencia o, lo que es lo mismo, persigue que se materialice la coerción penal estatal con la mayor efectividad posible. Este modelo prioriza la eficacia de la acción penal estatal en desmedro del resguardo de los derechos y garantías individuales. Esta tendencia guarda compatibilidad con el llamado sistema inquisitivo.

La segunda tendencia, en sentido inverso, busca prioritariamente dotar al proceso penal de un sistema de garantías en resguardo de los derechos individuales, impidiendo con ello el uso arbitrario o desmedido de la coerción penal. Esta tendencia caracteriza al llamado proceso acusatorio.

De lo expresado, resulta predecible que la aplicación pura de cualquiera de las dos tendencias, conduce a resultados previsiblemente insatisfactorios. Así, un modelo procesal penal que persiga la eficacia de la aplicación efectiva de la coerción penal en sacrificio de los derechos y garantías que resguardan la libertad y dignidad humana, sólo es concebible en un Estado autoritario. Del mismo modo, un modelo procesal de puras garantías convertiría a los preceptos penales en meras conminaciones abstractas sin posibilidad real de aplicación concreta, dado que la hipertrofia de las garantías neutralizaría la eficacia razonable que todo modelo procesal debe tener. De ahí que la tesis que propugna el equilibrio entre la búsqueda de la eficiencia y la salvaguarda de los derechos y garantías, se constituye en la síntesis que busca cumplir eficazmente las tareas de defensa social, sin abdicar del resguardo de los derechos y garantías del imputado; bajo esta concepción político-criminal han sido configurados los más recientes códigos procesales de nuestro entorno (República Dominicana: 1984, Costa Rica: 1996, Paraguay: 1998 y Bolivia: 1999, entre otros).”

Conforme a lo señalado, nuestro Código de procedimiento penal se adhiere al sistema procesal moderno, pues busca el equilibrio entre la protección de los derechos y garantías y la eficacia en las tareas de defensa social, y en ese sentido, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha estado orientada a buscar la armonía entre ambos fines.

III.3. Sobre el principio de legalidad

Lo precisado precedentemente, guarda estrecha relación con el principio de legalidad, por el cual todos los órganos del Estado deben sujetarse a la ley. En el campo procesal, exige que toda actividad procesal se realice según normas preestablecidas, contenidas en el Código de procedimiento penal, que determina, los casos, plazos y condiciones bajo los cuales el Ministerio Público – en el caso analizado- está autorizado para emitir su requerimiento conclusivo, y la facultad que tiene el Juez cautelar para ejercer un control sobre la actividad desplegada por los fiscales de materia.

III.4. Garantía del debido proceso y tutela judicial efectiva

Conforme a lo anotado, tanto los derechos del imputado como los de la víctima pueden encontrar equilibrio si se respetan los lineamientos procesales del Código de procedimiento, pues como ha quedado establecido, la opción política asumida por el Estado Boliviano “asigna dos fines al sistema procesal penal (igual de importantes uno y otro): garantiza la libertad del ciudadano y la seguridad de la sociedad. En este orden de cosas, en el sistema penal elegido, destacan dos derechos de amplio contenido y realización material: el derecho al debido proceso y a la tutela judicial efectiva”. (SC 803/2003-R); el primero entendido “como el derecho que tiene todo encausado a ser oído y juzgado con las debidas garantías, por un Juez o tribunal competente, independiente e imparcial, instituido con anterioridad al hecho y dentro de los márgenes de tiempo establecidos por ley” ( SC 1044/2003-R); y el segundo, “como el derecho que tiene toda persona de acudir ante un Juez o tribunal competente e imparcial, para hacer valer sus derechos o pretensiones, sin dilaciones indebidas” (SC 1044/2003-R).

III.5.Incumplimiento de la conminatoria efectuada por el Juez Cautelar

En el contexto antes descrito, el Título IV del Libro Tercero del Código de procedimiento penal, se refiere al Control de la retardación de justicia, estableciendo en el art. 134 que la etapa preparatoria del juicio deberá finalizar en el plazo máximo de seis meses de iniciado el proceso desde la notificación con la imputación formal al imputado, conforme lo ha señalado este Tribunal en la SC 1036/2002-R. Si vencido ese plazo el Fiscal no acusa ni presenta otra solicitud conclusiva, el Juez conminará al Fiscal de Distrito para que lo haga en el plazo de cinco días, transcurridos éstos sin que se presente solicitud por parte de la Fiscalía, el Juez declarará extinguida la acción penal salvo que el proceso pueda continuar sobre la base de la actuación del querellante, sin perjuicio de la responsabilidad personal del Fiscal de Distrito.

El Tribunal Constitucional, en coherencia con los fines del sistema procesal penal, interpretando esta norma, estableció “que la extinción penal no se opera de hecho por el sólo transcurso de los seis meses de plazo de la etapa preparatoria sin que el Fiscal haya presentado la solicitud conclusiva –sino de derecho, porque vencido el señalado término, la parte deberá pedir al Juez Cautelar conmine al fiscal de Distrito para que presente la citada solicitud conclusiva, y, en caso de que dicha autoridad no lo haga en los cinco días siguientes a su notificación, el Juez Cautelar deberá dictar una resolución expresa declarando extinguida la acción penal”. En este sentido se han pronunciado las SSCC 1284/2003-R, 1293/2003-R, 720/2004-R, entre otras.

Conforme a lo anotado, no es posible declarar la extinción de la acción penal por el mero transcurso del tiempo, sino que es necesaria una Resolución de la autoridad jurisdiccional, expresa y fundamentada, que declare su extinción, cuando el fiscal no cumple dentro del plazo previsto por ley con la conminatoria efectuada por el Juez cautelar.

De lo señalado se extrae que el Juez cautelar debe ejercer el control de la investigación previsto en el art. 54.1 del CPP, vigilando que durante la sustanciación de la etapa preparatoria se cumplan los plazos establecidos por la norma procesal respecto a las distintas actuaciones y diligencias que se desarrollen por los órganos encargados de la investigación y, en tal sentido, deberá adoptar las decisiones que la propia ley señala en caso de incumplimiento de los plazos.

Un entendimiento contrario, es decir, permitir que las resoluciones de los fiscales sean presentadas fuera del plazo que el Código de procedimiento penal establece, es arbitrario, ya que no tiene un sustento coherente ni en la Constitución Política del Estado ni el en Código de procedimiento penal, por lo mismo no sólo vulneraría el derecho a la seguridad jurídica, sino también el principio de legalidad procesal, y desvirtuaría los fines del sistema procesal penal, pues estaríamos ante un modelo procesal que sólo perseguiría la aplicación efectiva de la coerción penal, en desmedro de los derechos y garantías de los imputados.

En ese orden, si el Ministerio Público no presenta uno de los requerimientos conclusivos previstos por el art. 323 del CPP, es decir: acusación, solicitud de aplicación de una salida alternativa o de un requerimiento de sobreseimiento, el Juez está obligado a declarar la extinción de la acción penal, independientemente de que exista o no solicitud de la parte imputada; sin embargo, debe precisarse que en virtud al derecho a la tutela judicial efectiva y a los derechos que le asisten a la víctima, el Juez, antes de emitir la resolución correspondiente, deberá notificar a la víctima a efecto de que sea escuchada y, en su caso, impugne la determinación a tomarse, conforme a lo dispuesto en el art. 11 del CPP que establece que “la víctima podrá intervenir en el proceso penal conforme a lo establecido en este Código, tendrá derecho a ser escuchada antes de cada decisión que implique la extinción o suspensión de la acción penal y, en su caso, a impugnarla”; norma que guarda coherencia con el art. 134 del CPP antes aludido, que en el segundo párrafo establece un resguardo a favor de la víctima, referido a que el proceso pueda continuar sobre la base de la actuación del querellante.

Ahora bien, para hacer operativo el derecho de la víctima, el Juez debe comunicar a la víctima la falta de presentación del requerimiento conclusivo, por parte del fiscal y, al mismo tiempo, la facultad que le asiste de presentar su acusación particular, otorgándole para al efecto, por analogía y aplicando el principio de igualdad procesal, el mismo plazo concedido al Fiscal en el art. 134 del CPP, es decir, cinco días, bajo conminatoria de declararse extinguida la acción penal.

En ese entendido, la víctima podrá expresar su decisión de no continuar con el proceso ya sea en forma explícita (presentando algún memorial ante el Juez), o implícita (dejando transcurrir el plazo otorgado), supuestos en los que la autoridad judicial deberá declarar la extinción de la acción penal. Si por el contrario, la víctima presenta su acusación particular, el Juez debe remitir lo actuado ante el Tribunal de Sentencia, para que el juicio se abra sobre la base de la acusación del querellante.

Este entendimiento es coherente con el art. 342 del CPP, que establece que “El juicio se podrá abrir sobre la base de la acusación del fiscal o la del querellante, indistintamente”¸así como con lo señalado en tercer párrafo de ese precepto, que expresa que el juicio no podrá abrirse “si no existe, al menos una acusación”; normas que permiten que el juicio por delitos de acción pública sea abierto por el querellante, a través de la acusación particular.

III.6.En la problemática planteada, de los antecedentes que informan el expediente, se evidencia que dentro del proceso penal seguido contra el actor, por decreto de 5 de abril de 2004, se conminó al Fiscal de Distrito a que presente acusación o solicitud conclusiva en el plazo de cinco días, bajo alternativa de declararse extinguida la acción penal.

El Representante del Ministerio público, fue notificado con esa determinación judicial el 7 de abril de 2004, presentando Requerimiento conclusivo de acusación contra el actor por los delitos tipificados en los arts. 308 Bis y 312 del CP, el 15 de abril del mismo año, es decir a los seis días de la notificación con la conminatoria, teniendo en cuenta que el viernes 16 de abril fue feriado nacional, no siendo relevante que la Corte Superior hubiera dispuesto horario continuo o tolerancia, al no ser motivo de suspensión de los plazos previstos por ley, conforme al art. 130 del CPP; norma que de manera expresa señala en qué supuestos es posible la suspensión de los mismos.

De lo señalado se desprende que el Ministerio Público no presentó la acusación dentro del término establecido en la conminatoria dispuesta por la autoridad judicial; por lo que el Juez recurrido, en ejercicio del control jurisdiccional de la etapa preparatoria, debió notificar y escuchar a la víctima, para posteriormente pronunciar la Resolución correspondiente o remitir antecedentes ante el Tribunal de Sentencia.

Debe precisarse que es irrelevante que el recurrente hubiera presentado su solicitud de exclusión de la acción penal horas después de la acusación Fiscal, dado que esto no retrotrae la presentación de la acusación extemporánea a los momentos hábiles señalados por ley.

III.7. El razonamiento expuesto en los fundamentos anteriores, implica una
modificación al entendimiento contenido en las SC 103/2003-R, de 27 de enero, que sentó la línea jurisprudencial según la cual no podía declararse la extinción de la acción penal cuando se hubiese presentado el requerimiento conclusivo, aún fuera de término de los cinco días otorgados por el Juez Cautelar en la conminatoria emitida conforme a la norma prevista por el art. 134 del CPP.

Por todo lo expresado, se concluye que la autoridad judicial recurrida, al no haber cumplido adecuadamente con el deber jurídico de controlar la investigación, dictando las providencias y resoluciones que correspondan en cada caso, incurrió en una omisión indebida, que amerita la tutela prevista por el art. 18 de la CPE.

Consecuentemente, el Tribunal de hábeas corpus, al haber declarado improcedente el recurso, no ha hecho una correcta evaluación de los antecedentes ni dado una cabal aplicación al art. 18 de la CPE.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional, en virtud de la jurisdicción que ejerce por mandato de los arts. 18.III y 120.7ª, 7 inc. 8) y 93 de la Ley del Tribunal Costitucional, con los fundamentos expuestos, en revisión, resuelve:

1º REVOCAR la Resolución de 24 de mayo de 2004, cursante de fs. 28 a 29 vta., pronunciada por la Sala Penal Tercera de la Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba y declarar PROCEDENTE el recurso.

2º Anular obrados hasta la providencia de 15 de abril de 2004, inclusive, disponiendo que la autoridad judicial recurrida, regularice el procedimiento conforme a los lineamientos trazados por la presente Resolución.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional

No intervienen los magistrados Dr. René Baldivieso Guzmán, por estar con licencia y la Dra. Martha Rojas Álvarez, por estar haciendo uso de su vacación anual.




SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1173/2004-R (viene de página 9)


Fdo. Dr. Willman Ruperto Durán Ribera
PRESIDENTE

Fdo. Dra. Elizabeth Iñiguez de Salinas
DECANA EN EJERCICIO

Fdo. Dr. José Antonio Rivera Santibáñez
MAGISTRADO

Fdo. Dr. Walter Raña Arana
MAGISTRADO

Fdo. Dr. Artemio Arias Romano
MAGISTRADO



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