SENTENCIA CONSTITUCIONAL N° 1152/01-R
Sucre, 31 de octubre de 2001

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Expediente: N° 2001-03343-07-RHC
Partes: Pelagio Janco Ibarra contra Rafael Melgar Arteaga, Juez de la Provincia Sara, N. Freddy Sánchez M., Miguel Rojas Vaca y Javier Gonzáles Villanueva, Fiscal Adjunto, Comandante de la Policía e Investigador de Montero, respectivamente.
Materia: Hábeas Corpus
Distrito: Santa Cruz
Magistrado Relator: Dr. Hugo de la Rocha Navarro

VISTOS: En revisión, la Sentencia de 22 de septiembre de 2001 de fs. 18 a 20 de obrados, pronunciada por la Jueza de Partido y Sentencia de Montero, Provincia Obispo Santistevan del Departamento de Santa Cruz dentro del Recurso de Hábeas Corpus interpuesto por Pelagio Janco Ibarra contra Rafael Melgar Arteaga, Juez de la Provincia Sara, N. Freddy Sánchez M., Miguel Rojas Vaca y Javier Gonzáles Villanueva, Fiscal Adjunto, Comandante de la Policía e Investigador de Montero, respectivamente; los antecedentes del Recurso, y

CONSIDERANDO: Que, el recurrente en su memorial del Recurso presentado el 21 de septiembre de 2001, corriente de fs. 1 a 3 y vta. de obrados, expresa que el "19 de Septiembre del presente año a horas 6:30 p.m." fue injustamente detenido por orden del Fiscal recurrido, no obstante que las dos veces que fue citado se presentó en forma voluntaria a través de su abogado, el cual en la segunda oportunidad no pudo encontrar al Investigador co-recurrido, por lo que a la fecha se encuentra detenido en forma abusiva por la supuesta comisión del delito de abandono de mujer embarazada, el cual jamás cometió; empero, en contravención a los artículos 9-II, 16-I y II, 32, 34 y 35 de la Constitución se le ha detenido ilegalmente por más de 24 horas sin habérsele tomado ninguna declaración y menos en presencia de su abogado defensor ni de oficio. Señala, que por su parte el investigador no informó de su detención al Fiscal en el plazo de las 8 horas, violándose así también el artículo 227 última parte del nuevo Código de Procedimiento Penal y el artículo 232-3) del mismo cuerpo legal, dado que para el delito denunciado no procede la detención preventiva. Concluye indicando que el Fiscal no cumplió con lo previsto en el artículo 23-a) y b) de la Ley del Ministerio Público, pues en lugar de velar porque se cumplan las garantías constitucionales, tanto él como el Juez Cautelar utilizaron su silencio en su contra ordenando la detención preventiva, por lo que pide que el Recurso sea declarado procedente y se disponga su inmediata libertad.

CONSIDERANDO: Que, siendo admitido el Recurso por Auto de 21 de septiembre de 2001, corriente a fs. 3 de obrados, e instalada la audiencia pública el 22 de septiembre del mismo año, cual consta de fs. 14 a 17 de obrados, el recurrente a través de su abogado, ratifica y amplía el tenor de su Recurso, indicando que los policías en forma astuta lo detuvieron indicándole que su abogado lo necesitaba para una firma; señala que aprovechando la imposibilidad de su abogado de asistirlo el Juez y el Fiscal llevaron a cabo una audiencia en la que no se encontraba presente, pues estaba afuera del Juzgado cuando la misma se llevaba a cabo. Manifiesta que hasta la fecha lleva 96 horas detenido.

Por su parte, el recurrido Fiscal informa aduciendo: 1) Que, el recurrente fue citado para que preste su declaración informativa en dos oportunidades, pero no asistió, sólo su abogado, razón por la que previo informe del policía asignado se procedió a expedir mandamiento de aprehensión en aplicación del artículo 226 de la Ley Nº 1970, con el cual fue aprehendido el 18 de septiembre a hrs. 17:40, habiendo el policía informado de la detención a hrs. 20:00, siendo pasado a conocimiento del Juez Cautelar al día siguiente a hrs. 17:00, llevándose a cabo la audiencia de medidas cautelares a hrs. 16:00 del día 20; donde el Juez dispuso la detención preventiva tomando en cuenta que el recurrente no se presentó a prestar su declaración con lo cual demostró su intención de obstaculizar la investigación y de no someterse al proceso; 2) Que el recurrente a tiempo de la celebración de la audiencia de medida cautelar estuvo presente y asistido de un abogado defensor de oficio; que no se le tomó antes su declaración ya que por instrucciones de su abogado defensor no quiso prestarla; 3) Que ante la imposibilidad de realizar la audiencia en la ciudad de Montero por un bloqueo de 48 horas tuvo que trasladar al recurrente al Juez de la localidad de Portachuelo a fin de cumplir los plazos procesales y 4) Que la detención procede ya que la pena por el delito denunciado es de 6 meses a 3 años, no siendo por ello aplicable el artículo 232 de la Ley Nº 1970.

Asimismo, el policía recurrido informó: Que cuando el recurrente fue citado se negó a firmar las colillas respectivas de las cédulas de comparendo; que al no presentarse informó al Fiscal quien ordenó la aprehensión, la cual se efectuó el 18 de septiembre de 2001 entre horas 17:00 y 17:45, oportunidad en la que le leyó sus derechos constitucionales como también en su declaración informativa a horas. "8:30 P.M.", informándose de ello al Fiscal en la referida fecha.

Que, concluida la audiencia pública, el Tribunal del Recurso de acuerdo con la opinión fiscal declaró improcedente el Hábeas Corpus con los fundamentos siguientes: 1) Que al no haberse presentado el recurrente como denunciado a prestar su declaración, pese a haber sido citado dos veces, se expidió mandamiento de aprehensión y 2) Que el Oficial de Policía informó de la detención dentro de las 8 horas al Fiscal y esta autoridad remitió al detenido dentro de las 24 horas al Juez Cautelar, el cual dentro del plazo que le otorga la Ley celebró la audiencia designando para dicho acto un abogado defensor de oficio que asista al detenido, quien de conformidad al artículo 233 de la Ley Nº 1970 impuso al recurrente como medida la detención preventiva.

CONSIDERANDO: Que, del análisis de los antecedentes que cursan en el expediente se establece lo siguiente:

1. Que, del informe prestado por los recurridos, que no ha sido negado ni desvirtuado, se extrae que el recurrente fue citado dos veces mediante cédula de comparendo, mediante la cual se le conminaba a responder por la denuncia presentada en su contra por el delito de abandono de mujer embarazada, cuya pena es de 6 meses a 3 años de privación de libertad (fs. 9-10).

2. Que, ante la inconcurrencia del denunciado, ahora recurrente, a responder por la denuncia, el Fiscal recurrido el 15 de septiembre de 2001, expidió mandamiento de aprehensión en su contra (fs. 8), con el que fue aprehendido el recurrente el 18 del mismo mes y año a hrs. 17:00 aproximadamente, detención que fue puesta en conocimiento de la referida autoridad a hrs. 20:00, según el informe del policía recurrido.

3. Que el recurrente fue remitido ante el Juez Cautelar a hrs. 17:00 del 19 de septiembre de 2001, el cual celebró la audiencia de medidas cautelares al día siguiente a hrs. 16:00 disponiendo la detención preventiva del recurrente.

CONSIDERANDO: Que, el artículo 223 del nuevo Código de Procedimiento Penal prevé: "La persona contra la cual se haya iniciado o esté por iniciarse un proceso, podrá presentarse ante el fiscal encargado de la investigación pidiendo se reciba su declaración, que se mantenga su libertad o se manifieste sobre la aplicación de una medida cautelar." Que, asimismo el citado cuerpo legal en su artículo 224 establece expresamente: "Si el imputado citado no se presentare en el término que se le fije, ni justificara un impedimento legítimo, la autoridad competente librará mandamiento de aprehensión".

Que de los referidos preceptos se colige claramente que la presentación del denunciado es de carácter personal, es decir, que no puede alegarse presentación voluntaria cuando para dicho actuado se envía a otra persona en su representación, aún sea el abogado defensor, por una parte. Por otra, el Fiscal ante la inasistencia injustificada del denunciado citado legalmente está facultado para librar mandamiento de aprehensión.

Que, en el caso de autos, el recurrente no se presentó a responder a la denuncia sentada en su contra, no obstante que se le citó en dos oportunidades, lo cual dejó la vía expedita al Fiscal para expedir el mandamiento de aprehensión, actuación que no puede ser tachada de indebida y menos de ilegal por cuanto está dentro de las prescripciones del ordenamiento jurídico procesal penal en la citada etapa investigativa.

Que, respecto a la actuación del policía co-recurrido, de los obrados se evidencia que ha cumplido fielmente con los plazos que le impone tanto la Ley Orgánica del Ministerio Público como el citado Código, para informar de la detención al Fiscal recurrido.

Que, con relación al Juez Cautelar, éste celebró la audiencia dentro de las 24 horas de haber sido puesto el recurrente a su disposición y dentro de las atribuciones que le confiere la Ley dispuso la detención preventiva del recurrente, pues el delito por el que ha sido denunciado está fuera del alcance del artículo 232-3) del nuevo Código de Procedimiento Penal.

Que, en cuanto a la inocencia del recurrente, éste debe demostrarla ante la autoridad que conozca el proceso.

Que, en consecuencia no existen hechos que importen persecución, detención o procesamiento indebidos o ilegales que justifiquen la protección que otorga el Recurso planteado.

POR TANTO: El Tribunal Constitucional, en virtud de la jurisdicción que ejerce por mandato de los arts. 18-III y 120 -7ª de la Constitución Política del Estado y los arts. 7-8) y 93 de la Ley N° 1836 en revisión APRUEBA la Sentencia de 22 de septiembre de 2001 de fs. 18 a 20 de obrados, pronunciada por la Jueza de Partido y Sentencia de Montero de la Provincia Obispo Santistevan del Departamento de Santa Cruz.
Regístrese y devuélvase.

Dr. Hugo de la Rocha Navarro
PRESIDENTE


Dr. René Baldivieso Guzmán Dr. Willman R. Durán Ribera
DECANO MAGISTRADO


Dra. Elizabeth I. de Salinas Dr. Felipe Tredinnick Abasto
MAGISTRADA MAGISTRADO

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