SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1069/2003-R
Sucre, 30 de julio de 2003

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Expediente: 2003-06578-13-RAC
Distrito: Santa Cruz
Magistrada Relatora: Dra. Elizabeth Iñiguez de Salinas

En revisión, la Sentencia cursante a fs. 34, pronunciada el 23 de abril de 2003 por la Sala Civil Primera de la Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, dentro del recurso de amparo constitucional interpuesto por Wálter Fernando Villarroel Noriega contra Adhemar Fernández Ripalda, Edgar Molina Aponte y Beatriz Sandoval de Capobianco, Vocales de la Sala Penal Segunda de dicha Corte, alegando la vulneración de sus derechos a la seguridad jurídica, a la defensa y la garantía del debido proceso.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1.Contenido del recurso

I.1.1.Hechos que motivan el recurso

En la demanda presentada el 14 de abril de 2003 (fs. 24 a 27), el recurrente asevera que en el juicio oral que se le sigue, planteó un incidente de extinción de la acción penal porque el Auto dictado por el Presidente del Tribunal Segundo de Sentencia, de 7 de agosto de 2002, que anula obrados hasta el estado en que el Juez Cautelar conmine al Fiscal de Distrito para que dé cumplimiento al art. 134 del Código de Procedimiento Penal (CPP), pasa por alto que el procedimiento extrañado ya fue realizado por el Juez Octavo de Instrucción que realizó tal conminatoria por Auto de 6 de junio de 2002, con el que se notificó al Fiscal de Distrito en 17 del mismo mes y año, pero la autoridad del Ministerio Público no formalizó la acusación en el plazo de cinco días que establece la norma legal, y tampoco acusó la parte querellante.

Aduce que tal error no podía "ser convalidado con la anulación de obrados", pues correspondía declarar extinguida la acción, sin embargo, el Auto de Vista de 15 de marzo de 2003 dictado por los Vocales recurridos, arguyendo que "la imputación formal" se presentó oportunamente y que el Tribunal de Sentencia, "inducido por la inactividad de los acusadores" declaró la nulidad de obrados, declaró procedente la alzada y dispuso se continúe con el juicio oral. Puntualiza que las acusaciones particulares del querellante fueron presentadas antes de la imputación del Fiscal, y antes que concluya la etapa preparatoria, por lo que no pueden ser consideradas.

Indica que a tiempo de contestar la apelación planteada por el Fiscal y el querellante, puso de manifiesto otros defectos absolutos del proceso, tales como la falta de notificación con las actuaciones producidas después de la citación con la querella, pero los Vocales no se pronunciaron al respecto.

Expresa que existió un tiempo muy breve entre la imputación formal y el conocimiento del proceso por parte del Tribunal de Sentencia, ya que aquella se realizó en 22 de abril de 2002, sin que le haya sido notificada personalmente, y el sorteo de la causa data del 9 de julio de ese año, aspecto que implica que en dos meses y dieciocho días no pudo ejercer su derecho a la defensa, circunstancia que ha sido objeto de la SC 1036/2002-R por la que se anuló obrados señalando que no puede existir imputación simultánea o próxima a la acusación.

Agrega que tampoco fue notificado con la ampliación de la querella, que contiene una nueva denuncia en su contra.

I.1.2.Derechos y garantías supuestamente vulnerados

El actor estima que se han vulnerado sus derechos a la seguridad jurídica, a la defensa y la garantía del debido proceso.

I.1.3. Autoridades recurridas y petitorio

De acuerdo a lo relatado, plantea recurso de amparo constitucional contra Adhemar Fernández Ripalda, Edgar Molina Aponte y Beatriz Sandoval de Capobianco, Vocales de la Sala Penal Segunda de la Corte Superior de Santa Cruz, pidiendo sea declarado procedente y se disponga la nulidad de obrados "hasta el estado en que se le notifique con la imputación formal".

I.2.Audiencia y Resolución del Tribunal de amparo constitucional

En 23 de abril de 2003 se realizó la audiencia pública, conforme se advierte del acta que cursa a fs. 31 a 34, en la que se suscitaron las siguientes actuaciones:

I.2.1.Ratificación del recurso.

El recurrente, por medio de su abogado, ratificó y reiteró íntegramente su demanda.

I.2.2.Informe de las autoridades recurridas

Los recurridos no asistieron a la audiencia ni presentaron informe escrito alguno, pese a su legal notificación.

I.2.3.Resolución

La Sentencia cursante a fs. 34, pronunciada el 23 de abril de 2003 por la Sala Civil Primera de la Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, declara procedente el recurso , "sin responsabilidad civil ni penal, se deja sin efecto el Auto de Vista dictado el 15 de marzo del 2003 y se anula obrados hasta el estado en que se dé a conocer en forma legal la imputación formal", bajo el fundamento de que, conforme a lo establecido por el Tribunal Constitucional, el proceso penal en su etapa preparatoria tiene una duración de seis meses, computables desde el momento de la imputación formal, que debe ser de conocimiento de las partes y especialmente del imputado, momento en el que toma conocimiento para asumir defensa, y en este caso no se ha notificado al sindicado con la imputación formal hasta el presente, viciando de nulidad el proceso, pese a que ese hecho fue representado oportunamente, pero no atendido por los Vocales recurridos, lo que conlleva indefensión en el recurrente.

II. CONCLUSIONES

Hecha la debida revisión y compulsa de los antecedentes, se llega a las conclusiones que se señalan seguidamente:

II.1.En 6 de noviembre de 2001 (fs. 7), se sentó denuncia contra Wálter Fernando Villarroel Noriega y Lorgio Roda Serrate por la presunta comisión del delito de "desobediencia judicial". Según la Certificación de la Secretaria del Juzgado Octavo de Instrucción en lo Penal (fs. 14), en 7 de noviembre se dio aviso al Titular de ese Despacho sobre el inicio de la investigación correspondiente.

II.2.El Fiscal Carlos Rudy Parada Sotelo presentó imputación formal contra el recurrente y otro, en 23 de abril de 2002 (fs. 5 y 9 a 10), sindicándoles la comisión del delito previsto por el art. 179-bis del Código penal (CP).

No cursa en el expediente remitido a este Tribunal, la notificación con dicha imputación al recurrente. Adviértese que dos audiencias de consideración de medidas cautelares fueron suspendidas por falta de notificación al actor (fs.11 y 16).

II.3.Oscar Candia Cabrera, Ángel Medrano Galvis y Juan Jaimes Rocha, querellantes, presentaron en 29 de abril de 2002 (fs. 12 y 13), acusación particular, ante lo que el Juez requirió informe de Secretaría sobre el vencimiento de la etapa preparatoria, el mismo que indica (fs. 14) que tal etapa se encuentra vigente, al haberse puesto a conocimiento del Juzgado el inicio de la investigación el 7 de noviembre de 2001, razón por la que -según la Secretaria del Juzgado- concluiría el 7 de mayo de 2002.

II.4.Ante la solicitud de uno de los querellantes, de 4 de junio de 2002, por Auto de 6 del mismo mes y año (fs. 18 vta.), el Juez Cautelar conminó al Fiscal de Distrito a formular acusación en el término de cinco días, notificándosele con esa decisión en 17 de junio (fs. 20).

El informe de 17 de junio de 2002 (fs. 21), de la Oficial de Diligencias del Juzgado Cautelar señala que no pudo notificar al hoy recurrente por tener su domicilio en La Paz, y no contar con un abogado que lo represente. En el cuaderno enviado en revisión, no consta la determinación que el Juez hubiere asumido al respecto.

De los antecedentes recibidos, se evidencia que la primera actuación del recurrente en el proceso penal que origina este recurso, fue por escrito de 6 de enero de 2003 (fs. 6), en el que solicitó certificación sobre su falta de notificación con la imputación formal.

II.5.Conforme lo sostenido en este recurso, y según se constata por la literal de fs.1 a 4, el imputado Wálter Fernando Villarroel Noriega formuló incidente de extinción de la acción penal ante el Presidente del Tribunal Segundo de Sentencia en lo Penal, dando lugar a la Resolución de 7 de agosto de 2002 (que no figura en el expediente de amparo), por la que se anuló obrados hasta que el Juez Cautelar conmine al Fiscal de Distrito para que presente acusación.

Contra esa determinación apelaron el Ministerio Público y la parte querellante. El recurrente contestó dicho recurso ordinario (fs. 2 a 4), manifestando que el Presidente del Tribunal de Sentencia fue inducido a error y pasó por alto que el Juez Octavo de Instrucción en lo Penal cumplió con la obligación de conminar al Fiscal de Distrito para que presente acusación, pero no lo hizo, motivo por el que no existe en el expediente acusación fiscal, y la de los querellantes no puede ser considerada por no haberse presentado oportunamente. Asimismo, el recurrente en ese escrito, expresó que "existen otras cuestiones que en oportunidad de la audiencia no pudieron ser expuestas" (sic), señalando, entre otros aspectos, la falta de notificación con la imputación formal y con la ampliación de la querella.

II.6.Mediante Auto de Vista de 15 de marzo de 2003 (fs. 1), los Vocales demandados resolvieron la apelación formulada por el Fiscal y la parte querellante, la declararon procedente y ordenaron se prosiga con el juicio oral, bajo el fundamento de que el Tribunal de Sentencia dictó la Resolución objeto de alzada por error, ya que se acreditó la existencia de conminatoria al Fiscal de Distrito para que presente acusación, después de emitida esa decisión.

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

En el presente amparo el recurrente arguye que los Vocales recurridos han dictado el Auto de Vista de 15 de marzo de 2003, por el que declararon procedente la apelación interpuesta por el Fiscal y los querellantes contra la decisión del Tribunal de Sentencia de anular obrados, sin tomar en cuenta que como sindicado no fue notificado con la imputación formal ni con la ampliación de la querella, que no existe acusación presentada en forma oportuna sobre la que se asiente el juicio oral, y que se dio un tiempo muy breve entre la imputación y la remisión del expediente al Tribunal de Sentencia, todo lo que ha lesionado sus derechos a la seguridad jurídica, a la defensa y la garantía del debido proceso. En ese sentido, corresponde, en revisión, analizar si en la especie se debe otorgar la tutela pretendida.

III.1. El amparo constitucional ha sido instituido como un recurso extraordinario que otorga protección contra los actos ilegales y las omisiones indebidas de autoridades o particulares que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir derechos y garantías fundamentales de la persona, reconocidos por la Constitución y las Leyes, siempre que no existiera otro recurso legal para dicha protección.
III.2.En la especie, conforme los antecedentes remitidos al Tribunal Constitucional, se evidencia que no se ha notificado conforme a ley al recurrente con la imputación formal, sin embargo, no se puede soslayar el hecho de que el actor no observó ni impugnó las irregularidades anotadas y ahora demandadas, o sea que no formuló reclamo alguno sobre los actos ilegales que denuncia, cuando bien podía haber planteado un incidente por defecto absoluto, en el marco del art. 169-3) CPP, pero no lo hizo, resultando insuficiente que haya reclamado los extremos que acusa en su memorial de amparo, al contestar la apelación presentada por el Fiscal y la parte querellante contra el Auto de anulación de obrados del Tribunal de Sentencia, puesto que, a más, el Tribunal de alzada debe abocarse a considerar y resolver únicamente los puntos apelados y no los que haya traído a colación la parte adversa en su respuesta a la apelación.

Por consiguiente -a diferencia de las situaciones que dieron lugar a la emisión de las SSCC 1036/2002-R, 1262/2002-R, 1481/2002-R, para citar algunas, en las que se encuentran diferencias fácticas de fondo con el presente asunto- en este caso, el actor no ha agotado la vía que la ley le ofrece dentro del juicio oral, para reclamar las ilegalidades que denuncia, suscitando el referido incidente o a través de una excepción, que según la ley son de trámite rápido y expedito, no pudiendo pretender que el amparo constitucional se convierta en un recurso sustitutivo de los medios legales ordinarios para demandar el respeto de los derechos conculcados.

Es ese sentido se ha pronunciado este Tribunal en sus SSCC 166/2003-R, 509/2003-R, 534/2003-R.

III.3.Al no haberse notificado al sindicado con la imputación formal no han comenzado a computarse los seis meses que el art. 134 CPP señala para el cumplimiento de la etapa preparatoria, debiendo el recurrente reclamar ese aspecto -como se dijo- dentro del proceso penal, al constituir un defecto absoluto porque lesiona sus derechos fundamentales como imputado. Conviene recordar que, como lo ha dejado claro la jurisprudencia constitucional, la extinción de la acción penal no opera de hecho, por el solo transcurso del término indicado, sino de derecho, a través del pronunciamiento judicial correspondiente (SSCC 764/2002-R, 854/2002-R, 895/2002-R).

De todo lo expuesto, se concluye que la Corte de amparo, al haber declarado procedente el recurso, no ha valorado correctamente los datos del proceso, las normas legales ni los principios constitucionales aplicables al mismo.

POR TANTO: El Tribunal Constitucional, en virtud de la jurisdicción que ejerce por mandato de los arts. 19-IV, 120-7ª) CPE, 7.8ª) y 102-V LTC, con los fundamentos expuestos:

1ºREVOCA la Sentencia cursante a fs. 34, pronunciada el 23 de abril de 2003 por la Sala Civil Primera de la Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz; y,
2º DECLARA IMPROCEDENTE el recurso interpuesto por Wálter Fernando Villarroel Noriega.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional

No interviene el Magistrado Dr. Felipe Tredinnick Abasto por estar con licencia.

Fdo. Dr. René Baldivieso Guzmán
PRESIDENTE

Fdo. Dr. Willman Ruperto Durán Ribera
DECANO

Fdo. Dra. Elizabeth Iñiguez de Salinas
MAGISTRADA

Fdo. Dr. José Antonio Rivera Santivañez MAGISTRADO