SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1092/2005-R
Sucre, 12 de septiembre de 2005

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Expediente: 2005-11061-23-RAC
Distrito: Santa Cruz
Magistrado Relator: Dr. Willman Ruperto Durán Ribera

En revisión la Sentencia de 10 de febrero de 2005 pronunciada por la Sala Civil Primera de la Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, cursante de fs. 113 a 114, dentro del recurso de amparo constitucional interpuesto por Julio Cesar Rojas Mendieta en representación de María Gabriela Coronel Kempff; contra Walter Pérez Lora, Juez Sexto de Instrucción en lo Penal; Jacinto Morón Sánchez, Teresa Lourdes Ardaya P. y Teresa Vera de Gil, Vocales de la Sala Penal Primera; Edgar Molina Aponte, Beatriz Sandoval Capobianco y Adhemar Fernández Ripalda, Vocales de la Sala Penal Segunda de la misma Corte, alegando la vulneración de sus derechos a la seguridad jurídica, a la propiedad privada, a la defensa, así como a la garantía del debido proceso, consagrados en los arts. 7 incs. a) e i), 16.II y IV de la Constitución Política del Estado (CPE).

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido del recurso

I.1.1. Hechos que motivan el recurso

En la demanda presentada el 10 de noviembre de 2004, cursante de fs. 53 a 56, subsanada por memorial de 24 del mismo mes y año (fs. 61), el recurrente asevera que dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público por delitos incursos en la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas (L1008), el 4 de diciembre de 2002 se imputó formalmente a Juan Carlos Guzmán García y se requirió la incautación del vehículo marca Mercedes Benz, tipo microbús, color azul combinado, modelo 1998, chasis 9BM688133VB149843 con placa de control SBL-041 en la creencia de ser de propiedad del imputado, medida que fue dispuesta por el recurrido Juez Sexto de Instrucción en lo Penal quien ordenó su entrega a la Dirección de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados.

Enterada su representada de la medida, con la documentación que acredita su derecho propietario sobre el vehículo y su adquisición a través de préstamos hipotecarios, al amparo del art. 255 del Código de procedimiento penal (CPP), formuló incidente de devolución del vehículo, que fue rechazado por el juez demandado por Auto de 19 de agosto de 2003 con el argumento de que la documentación presentada no cumplía los alcances del art. 1311 del Código civil (CC), además de hacer cita al art. 135 del Código Nacional de Tránsito (CNT) que se refiere al registro de personas, así como al art. 372 de su reglamento sin tomar en cuenta que el vehículo fue adquirido mediante importación y no por transferencia, que fue adquirido con anterioridad a la orden de incautación, que desconocía los hechos ilícitos a los que se dedicaba el imputado y por lo tanto no era sujeto procesal y sin percatarse que el único documento exigible de acuerdo al art. 121 del CNT era el carnét de propiedad. Esta decisión fue ratificada por la Sala Penal Primera mediante Auto 133.

En mérito a que el Tribunal Segundo de Sentencia no había dictado sentencia dentro del proceso, aportando nuevas pruebas sobre el origen lícito del vehículo, nuevamente se apersonó ante el recurrido Juez cautelar para solicitar la desincautación, petición que sin previa apertura de término probatorio, también fue rechazada por Auto de 3 de abril de 2004 con el argumento de que había intentado anteriormente el incidente y que el 22 de octubre de 2003 el Tribunal de Sentencia había pronunciado sentencia condenatoria contra el imputado, estando el proceso en casación; en ese entendido, apeló la decisión que fue confirmada por la Sala Penal Segunda.

Agrega que tanto el Juez Cautelar como el Tribunal de alzada no tomaron en cuenta que el Tribunal Segundo de Sentencia al dictar la sentencia de 22 de octubre de 2003 y la Sala Penal Segunda al resolver su apelación, no dispusieron la confiscación ni la devolución del vehículo porque el Ministerio Público en la acusación y en el desarrollo del juicio no solicitó la confiscación del vehículo, por lo que al no existir otro medio legal es que interpone el presente recurso.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

El actor estima que se han vulnerado los derechos de su representada a la seguridad jurídica, a la propiedad privada, a la defensa, así como a la garantía del debido proceso, consagrados en los arts. 7 incs. a) e i), 16.II y IV de la CPE.

I.1.3. Autoridades recurridas y petitorio

De acuerdo a lo expuesto, interpone recurso de amparo contra Walter Pérez Lora, Juez Sexto de Instrucción en lo Penal; Jacinto Morón Sánchez, Teresa Lourdes Ardaya P. y Teresa Vera de Gil, Vocales de la Sala Penal Primera; Edgar Molina Aponte, Beatriz Sandoval Capobianco y Adhemar Fernández Ripalda, Vocales de la Sala Penal Segunda de la misma Corte, solicitando su procedencia, por ende, se restituyan los derechos agraviados con la desincautación y devolución del vehículo de propiedad de su representada.

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de amparo constitucional

Efectuada la audiencia el 10 de febrero de 2005, sin la presencia del representante del Ministerio Público, conforme consta en el acta de fs. 110 a 113, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación del recurso

El recurrente reiteró extremos contenidos en su demanda.

En uso de la réplica manifestó que el Juez recurrido hace el cómputo de los seis meses desde el primero incidente y no así desde el segundo pues el Auto de Vista es del 12 de febrero de 2004 y el decreto de cúmplase de mayo de 2004 siendo planteado el recurso el 19 de noviembre de 2004, por lo que se encuentra dentro de término.

I.2.2. Informe de las autoridades recurridas

El recurrido Juez Cautelar informó que el 5 de diciembre de 2002 dentro de un proceso por el delito de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas ordenó la incautación del vehículo en cuestión y por Auto de 19 de agosto de 2003 ratificó la medida porque la documentación presentada por el actor consistía en fotocopias simples que no cumplían los requisitos exigidos por el art. 1311 del CC, apelada la Resolución mereció el Auto de Vista de 9 de octubre de 2003 que declaró improcedente el recurso de apelación. Añadió que cuando se planteó el incidente, el Ministerio Público presentó su acusación y remitió antecedentes al tribunal correspondiente que el 22 de octubre de 2003 pronunció sentencia condenatoria contra el imputado, la misma que fue apelada y conocida en segunda instancia por la Sala Penal Segunda de la Corte Superior. Señaló que el presente recurso fue interpuesto fuera del plazo de seis meses sin tener en cuenta el principio de inmediatez, por lo que no correspondía realizar un análisis detallado, solicitando en definitiva la improcedencia del recurso.

Los Vocales recurridos pese a su legal citación (fs. 77, 87) no comparecieron ni prestaron el respectivo informe.

I.2.3. Resolución

La Sentencia de 10 de febrero de 2005, cursante de fs. 113 a 114, declaró procedente el recurso, sin costas, multa ni responsabilidad, por ende dispuso la devolución del vehículo una vez dictada la Sentencia Constitucional por el Tribunal Superior, con los siguientes argumentos:

a)Las autoridades recurridas no conculcaron ningún precepto constitucional, ni lesionaron los derechos y garantías de la representada del actor, pues las resoluciones dictadas se ajustan a las disposiciones legales y los tribunales de justicia al haber dispuesto la incautación del vehículo procedieron legal y correctamente.
b)El rechazo a la solicitud de devolución presentada por la parte actora se encuentra encuadrada a la ley, pues la interesada no acreditó documentalmente su derecho propietario a través del carné respectivo al ser el único documento público que acredita ese extremo; sin embargo, en la audiencia de amparo la parte recurrente presentó ese documento acreditando el derecho propietario invocado.

II. CONCLUSIONES

Luego del análisis de antecedentes, se establecen las conclusiones siguientes:

II.1. El 17 de julio de 2003 (fs. 14-15), dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Juan Carlos Guzmán García por delitos incursos en la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas, el actor solicitó la desincautación y devolución del vehículo en cuestión. Por decreto de 30 de julio de 2003 (fs. 21) se dispuso traslado al Ministerio Publico, y por memorial de 15 de agosto del mismo año (fs. 22), el actor solicitó Resolución.

II.2. Por Auto de 19 de agosto de 2003, el recurrido juez de Instrucción ratificó la incautación ordenada por Auto de 5 de diciembre de 2002, con los siguientes argumentos: a) las fotocopias simples presentadas no cumplen con los requisitos legales exigidos por el art. 1311 del CC por lo que no está acreditado el derecho propietario, pues no se adjunta su inscripción ni el carné de propiedad en original; b) no se acredita el pago de impuestos fiscales respecto a la transferencia del vehículo. El 25 de agosto de 2003 (fs. 25-26) el actor apeló esa determinación.

II.3. Por Auto de Vista de 9 de octubre de 2003 (29-30), los recurridos miembros de la Sala Penal Primera de la Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, declararon improcedente el recurso de apelación, porque: a) la documentación presentada no demuestra inicialmente el derecho propietario invocado, pues no cumple con los requisitos exigidos por el art. 135 del CNT; b) dicha documentación no cumple con los requisitos de legalidad por ser fotocopias simples sin valor legal alguno; c) la parte apelante no presentó el carné de propiedad; siendo notificada la representada del actor con esta determinación el 21 de octubre de 2003 (fs. 31).

II.4. Por Sentencia de 22 de octubre de 2003 (fs. 34-37), el Tribunal de Sentencia Segundo de la Capital , declaró a Juan Carlos Guzmán García autor del delito de transporte de sustancias controladas en grado de tentativa, sin pronunciarse respecto al vehículo incautado; sentencia que por Auto de Vista de 12 de febrero de 2004 (fs. 40-41) fue modificada en cuanto a la tipificación de la conducta y la sanción, sin que ésta decisión judicial haya definido la situación del vehículo.

II.5. El 31 de marzo de 2004 (fs. 43), el actor a tiempo de subsanar un error involuntario, ratificó su pedido de devolución del vehículo.

II.6 Por Auto de 3 de abril de 2004 (fs. 44), el Juez recurrido rechazó la solicitud de desincautación presentada por el actor con los siguientes fundamentos: a) la etapa preparatoria concluyó, habiendo el Tribunal Segundo de Sentencia dictado sentencia 33/2003 de 22 de octubre; b) no se puede plantear nuevamente un incidente sobre un asunto ya resuelto. El 14 de abril de 2004 (fs. 42, 47) el actor apeló la decisión, sin reclamar la falta de apertura de término probatorio.

II.7. Por Auto de Vista de 10 de mayo de 2004 (fs. 51), los recurridos Vocales de la Sala Penal Segunda declararon improcedente el recurso de apelación, con el fundamento de tratarse de un segundo incidente y haber sido promovido extemporáneamente al encontrarse el proceso con sentencia de primera instancia y Auto de Vista, por lo que el derecho del propietario precluyó.

II.8. De acuerdo al acta de audiencia de amparo (fs. 113), la parte recurrente presentó el certificado de registro de propiedad del vehículo en cuestión expedido el 7 de noviembre de 2003 (fs. 106).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El actor afirma que las autoridades recurridas violaron los derechos de su representada a la seguridad jurídica, a la propiedad privada, a la defensa, así como al debido proceso, pues el Juez recurrido rechazó una primera solicitud de devolución de su vehículo incautado sin tomar en cuenta que fue adquirido mediante importación, con anterioridad a la orden de incautación y en desconocimiento de los hechos ilícitos que motivan el proceso penal, decisión que en apelación fue confirmada por los codemandados Vocales de la Sala Penal Primera. De otra parte, el mismo Juez de Instrucción, sin abrir término probatorio, rechazó una segunda solicitud con el argumento de haber intentado el incidente con anterioridad y que dentro del proceso penal se pronunció sentencia, determinación que apelada fue confirmada por los corecurridos Vocales de la Sala Penal Segunda. Corresponde considerar si en la especie es viable otorgar la tutela pretendida.

III.1. Con relación a la determinación asumida por el Juez recurrido de Instrucción mediante Auto de 19 de agosto de 2003, por la cual rechazó la primera solicitud del actor para la devolución del vehículo que fuera incautado, y al Auto de Vista de 9 de octubre de 2003 pronunciado por los corecurridos Vocales de la Sala Penal Primera, que declaró improcedente el recurso de apelación incidental formulado por la parte recurrente, es menester señalar que la presente acción no cumple con la inmediatez que el recurso exige para acceder a la tutela que brinda el art. 19 de la CPE ; tomando en cuenta que el 21 de octubre de 2003, la actora asumió conocimiento del referido Auto de Vista, decisión judicial que importó la conclusión del primer incidente, estableciéndose que los presuntos actos ilegales se produjeron hace más de seis meses, teniendo en cuenta que la jurisprudencia constitucional ha establecido ese término como máximo para interponer el amparo, computable a partir del conocimiento del acto ilegal u omisión indebida o del agotamiento de los medios administrativos u ordinarios previstos en la ley, criterio que asumido por este Tribunal a partir de la SC 1442/2002-R, de 25 de noviembre, que determinó explícitamente el plazo de seis meses de caducidad para la interposición del recurso de amparo contados a partir del acto o Resolución ilegal, entendimiento sustentado “básicamente en el principio de preclusión de los derechos para accionar, pues por principio general del derecho ningún actor procesal puede pretender que el órgano jurisdiccional esté a su disposición en forma indefinida, sino que sólo podrá estarlo dentro de un tiempo razonable, pues también es importante señalar que si en ese tiempo el agraviado no presenta ningún reclamo implica que no tiene interés alguno en que sus derechos y garantías le sean restituidos” (SC 1157/2003-R, de 15 de agosto), circunstancia que determina la imposibilidad de analizar las resoluciones dictadas en el primer incidente de devolución del vehículo incautado formulado por el actor.

III.2. Respecto al segundo incidente ratificado por memorial de 31 de marzo de 2004 que también pretendió la devolución del vehículo que fuera incautado por el Juez de Instrucción corresponde hacer referencia a determinadas disposiciones contenidas en el Código de Procedimiento Penal.

En ese entendido, el art. 54.7) del CPP establece que los jueces de instrucción serán competentes para: “ Conocer y resolver sobre la incautación de bienes y sus incidentes”. Esta disposición es concordante con el art. 255.I que señala: “Durante el proceso, hasta antes de dictarse sentencia, los propietarios de bienes incautados podrán promover incidente ante el juez de la instrucción que ordenó la incautación (...)”. (Las negrillas son nuestras).

A su vez, el art. 260.I del CPP señala: “El juez o tribunal, al momento de dictar sentencia resolverá el destino de los bienes incautados que no fueron objeto de devolución con motivo del incidente sustanciado ante el juez de la instrucción”(las negrillas son nuestras). Por su parte el art. 365 del CPP al hacer referencia al contenido de la sentencia condenatoria establece en su párrafo quinto que: “La sentencia decidirá también sobre las costas y sobre la entrega de objetos secuestrados a quien el tribunal entienda con mejor derecho a poseerlos. Decidirá sobre el decomiso, la confiscación y la destrucción previstos en la ley”.

De las disposiciones legales citadas precedentemente se tiene que la facultad del Juez de instrucción para tramitar y resolver incidentes respecto a bienes incautados subsiste hasta antes del pronunciamiento de la sentencia, lo que resulta obvio si se tiene en cuenta que “la incautación implica el apoderamiento de los instrumentos y efectos del delito, ordenado judicialmente, a fin de asegurar los resultados de un juicio o bien para darles el destino lícito correspondiente ..” (SC 513/03-R, de 16 de abril), medida que no es indefinida, pues la definición sobre la situación jurídica del bien incautado corresponde privativamente al Juez o Tribunal que le corresponda emitir la sentencia en la que dispondrá, según sea el caso, el decomiso, la confiscación, la destrucción o la devolución del bien incautado.

III.3. En la problemática planteada, se evidencia de los antecedentes que informan el cuaderno procesal, que en el proceso penal seguido contra Juan Carlos Guzmán García por la presunta comisión de delitos incursos en la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas -dentro del cual se dispuso la incautación del vehículo cuya devolución pretende el actor-, el 22 de octubre de 2003 el Tribunal de Sentencia Segundo de la Capital , dictó sentencia sin pronunciarse respecto al vehículo incautado; decisión que por Auto de Vista de 12 de febrero de 2004 fue modificada en cuanto a la tipificación de la conducta y la sanción, sin que el tribunal ad quem se haya pronunciado respecto al vehículo incautado.

El 31 de marzo de 2004, el actor a tiempo de subsanar un error involuntario, ratificó su pedido de devolución del vehículo, que fue rechazado por el Juez de Instrucción recurrido por Auto de 3 de abril de 2004 con el argumento que el Tribunal Segundo de Sentencia dictó sentencia y que no se podía plantear nuevamente un incidente sobre un asunto ya resuelto. Esta decisión apelada, mereció el Auto de Vista de 10 de mayo de 2004 dictado por los recurridos Vocales de la Sala Penal Segunda que declararon improcedente el recurso de apelación, con el fundamento de que se trataba de un segundo incidente y que había sido promovido extemporáneamente al encontrarse el proceso con Sentencia de primera instancia y Auto de Vista, por lo que el derecho del propietario había precluído.

En consideración a la antecedentes fácticos descritos precedentemente, se concluye que el segundo incidente de devolución del vehículo incautado fue presentado por el actor ante el recurrido Juez de Instrucción en forma posterior al pronunciamiento de sentencia por parte del Tribunal que asumió conocimiento de la etapa del juicio, es decir cuando la referida autoridad recurrida había perdido competencia para tramitar y resolver el incidente planteado conforme el análisis efectuado en el punto III.2. de la presente Resolución respecto a los arts. 54.7, 255.I, 260.I y 365 párrafo quinto del CPP, en cuyo mérito dicho juez al rechazar la segunda solicitud de devolución del bien no incurrió en ningún acto ilegal que vulnere los derechos de la representada del actor. Siguiendo el mismo razonamiento, se establece que los co-demandados Vocales de la Sala Penal Segunda al emitir el Auto de Vista de 10 de mayo de 2004 y declarar improcedente el recurso de apelación presentada por el recurrente respecto a la decisión asumida por el juez a quo, tampoco incurriendo en alguna ilegalidad que amerite la tutela prevista por el art. 19 de la CPE , sin soslayar que la supuesta falta de apertura de término probatorio en la sustanciación y Resolución del incidente, no fue reclamado por el actor dentro del proceso, no pudiendo pretender suplir su negligencia a través del presente recurso, teniendo en cuenta su carácter subsidiario.

III.4. Por último, respecto a la decisión asumida por el Tribunal de amparo, si bien la parte recurrente durante la audiencia de amparo presentó el carnét de propiedad del vehículo y que su incautación no puede subsistir indefinidamente, es un tema que debe ser resuelto previa valoración de dicho documento por la justicia ordinaria a través del Tribunal que emitió la Sentencia de acuerdo al art. 44 in fine del CPP, tomando en cuenta que el bien fue incautado en la fase investigativa, que el juez de instrucción que ejerció el control jurisdiccional perdió competencia, que la definición de la problemática planteada no implica una revisión de la sentencia pronunciada y que no puede dejarse en incertidumbre el destino del bien, a cuyo efecto la parte actora deberá formular el respectivo incidente, ante la autoridad competente (Tribunal de Sentencia).

De lo precedentemente analizado se concluye que el Juez de amparo al haber declarado procedente el recurso, no ha realizado una correcta aplicación del art. 19 de la CPE.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional, en virtud de la jurisdicción que ejerce por mandato de los arts. 19.IV y 120.7ª de la CPE y los arts. 7 inc. 8) y 102.V de la Ley LTC , en revisión, resuelve:

1º REVOCAR la Sentencia de 10 de febrero de 2005 pronunciada por la Sala Civil Primera de la Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, cursante de fs. 113 a 114, y, en consecuencia;

2º DENEGAR el amparo solicitado.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional

No intervienen las magistradas, Dra. Elizabeth Iñiguez de Salinas y Dra. Martha Rojas Álvarez, por encontrarse ambas con licencia.

Fdo. Dr. Willman Ruperto Durán Ribera
PRESIDENTE

Fdo. Dr. José Antonio Rivera Santivañez
MAGISTRADO

Fdo. Dr. Artemio Arias Romano
MAGISTRADO

Fdo. Dr. Walter Raña Arana
MAGISTRADO

Fdo. Dra. Silvia Salame Farjat
MAGISTRADA