COMENTARIOS - CASOS PRACTICOS (Artículo 312 NCPP)

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DIFERENCIAS ENTRE LAS EXCEPCIONES DE FALTA DE ACCIÓN Y LA PREJUDICIAL Y LA YA INEXISTENTE FALTA DE TIPICIDAD O MATERIA JUSTICIABLE.-

Regularmente se tiende a confundir las excepciones de falta de acción y de prejudicialidad, ambas reguladas por la Ley 1970 de forma precisa y específica y la cuestión previa y de especial pronunciamiento de falta de tipicidad y/o materia justiciable establecida en el anterior Código de Procedimiento Penal en su art. 186, por lo que es preciso puntualizar las sustanciales diferencias entre ellas.

Empezaremos por la última, por la cuestión previa y de especial pronunciamiento de falta de tipicidad y/o materia justiciable afectaba de modo directo a la existencia del delito objeto del proceso penal, calificado en el auto inicial de la instrucción o en el auto de procesamiento, es decir, anticipa el debate sobre la existencia del hecho, propio del debate o plenario, por la naturaleza específica de esa excepción que subalternizaba el debate sobre la comprobación del hecho, no resulta compatible con el actual sistema procesal penal.

Su confusión con la excepción de falta de acción, se refiere más a una confusión semántica entre el término tipicidad y acción, cuando se tratan de dos institutos diferentes.

En conclusión el nuevo sistema no establece la falta de tipicidad como una excepción, por que no afecta la acción sino a la existencia o no de la acción punible, del delito mismo.

Ya en lo que se refiere a las diferencias más notorias entre una Cuestión Prejudicial y una Cuestión de Falta de Acción, podemos afirmar desde la perspectiva de las formas de resolución judicial al planteamiento de estas, que si es declarado probado o procedente el planteamiento de la falta de acción se anula el proceso ya que el acto de promoción de la justicia penal resulta inadmisible; en cambio, si se declara fundado el planteamiento de la excepción prejudicial se suspende el proceso penal hasta que el asunto sea resuelto en la vía extra penal.

Si bien ambas atacan a la acción, la falta de acción afecta sólo al aspecto formal de la promoción de la causa penal. En suma, ésta tiende a que se dé cumplimiento a determinado requisito de procedibilidad y la prejudicial está orientada a remitir el hecho investigado a la vía extra penal a fin de que se establezca la existencia o no de alguno o varios elementos constitutivos del tipo penal calificado en la imputación formal o la acusación pública o privada.

Otra diferencia que apunta más a la naturaleza sustancial que procesal de la cuestión prejudicial tiene que ver con que la norma penal material al describir las diferentes conductas delictivas incluye en algunos tipos penales, además de los elementos normativos y descriptivos relaciones jurídicas propias de otras ramas del derecho esta circunstancia o las características propias del hecho objeto del juicio plantean la necesidad de someter el caso a un filtro en aplicación del principio de última ratio del sistema penal, entonces la determinación de la pertinencia o impertinencia de la aplicación del derecho penal material en esos casos sale a un ámbito procesal extrapenal. Así corresponderá a un órgano público distinto del penal pronunciarse sobre la existencia o no de uno algunos de los elementos constitutivos del delito, sobre la base de esa determinación del órgano extrapenal el proceso penal continuará o se resolverá. "Todas estas consideraciones nos conducen a afirmar que la Cuestión Prejudicial es un medio de defensa técnico que hace viable, en el ámbito jurisdiccional y en el proceso penal, la aplicación del Derecho penal como última ratio".

'' GARCIA DEL RÍO, Flavio,"Cuestión Previa, Cuestión Prejudicial y Excepciones", pág. 34


Extractado de “Guía de Actuaciones Para la Aplicación del Nuevo Código de Procedimiento Penal”. Alberto J. MORALES VARGAS. 1ª Edición; La Paz - 2004. Derechos Reservados GTZ – Proyecto de Apoyo a la Reforma Procesal Penal


EXCEPCIÓN DE FALTA DE ACCIÓN.-

Si deben verificarse determinados requisitos a cumplirse para la iniciación (de la acción penal), su ausencia o falta de observancia los convierte en obstáculos, que pueden ser planteados por la vía incidental de la excepción de falta de acción.

La excepción de falta de acción precede cuando no concurre o se omite un requisito de procedibilidad previsto en la ley. Es una condición para la iniciación de la acción penal y por tal motivo constituye un obstáculo que afecta a la prosecución del proceso penal por observarse la falta del cumplimiento de requisitos en el ejercicio de la acción penal, a su inicio o a su promoción. Esta cuestión previa en su calidad de presupuesto procesal, no impide que una vez resuelta subsanándose la omisión o el defecto en el que se ha incurrido el proceso penal pueda reiniciarse válidamente.

Giovanni Leone se refiere a estas cuestiones previas como condiciones de procedibilidad, según él, son aquellas causas que condicionan el ejercicio de la acción.

En todos los casos la acción penal debe de cumplir ciertas reglas, tanto para su iniciación como para el desarrollo del proceso.

Los requisitos de procedibilidad son presupuestos indispensables para la iniciativa del proceso penal, sin cuyo cumplimiento no es posible el legal ejercicio de la acción penal y por ende tampoco es posible la prosecución del proceso penal.

El incumplimiento de los requisitos de procedibilidad, al promoverse la acción penal, hace que ésta sea nula al juez o tribunal de Sentencia examinar el mérito de la causa, es decir, de la acusación. Sin el cumplimiento de los requisitos de procedibilidad, se está frente a una falta de acción, por lo tanto no se puede desarrollar válidamente el proceso penal.

Los casos en los que se deben cumplir los requisitos de procedibilidad para la correcta promoción de la acción penal son:

a) Acción privada: en los delitos perseguibles mediante querella y acusación particular del ofendido,

b) Delitos a instancia de parte, que siendo de acción penal pública requieren autorización del ofendido para proceder.

Desde otra perspectiva, como requisitos de procedibilidad se pueden citar:

a) Legitimidad procesal para ejercitar la acción penal.

Se presenta en los casos en que se requiere querella de parte. Es el caso específico de los delitos de acción privada.

b) Requisito formal para proseguir la investigación e iniciar la acción.- Es el caso de los delitos denominados a instancia de parte, categoría de delitos introducida por la reforma procesal penal, en la que siendo de acción pública los delitos la fiscalía no puede promover la acción en tanto la víctima ofendida por este tipo de delitos no presente denuncia o querella, es decir, inste la promoción de la justicia penal.

c) Requisitos por razón de la función.- Se exigen cuando se trata de investigar a los altos funcionarios del Estado a los que la Constitución otorga un privilegio procesal.

En todos los casos de ejercicio de la acción penal, a parte de estos requisitos enunciados para la promoción de la acción penal, se deben velar por el cumplimiento de otros que no la afecten por violación de derechos y garantías de las partes o que tienen que ver con las exigencias del cumplimiento de plazos y verificación de notificaciones personales.

Es el caso, por ejemplo, de que el Ministerio Público interpone acusación pública sin imputación formal previa o que habiendo dictado resolución de imputación formal en Etapa Preparatoria no se notificó el imputado de forma personal con la imputación o que entre la notificación con la imputación formal y la formalización de la acusación pública existe un plazo tan corto de desarrollo de la etapa preparatoria que no le permite al imputado ejercer su defensa en esa etapa procesal. Igualmente, puede incurrir en falta de acción la víctima que pretenda actuar como parte sin haber presentado querella, o que plantee en etapa de juicio acusación particular o privada sin haberse querellado en la etapa preparatoria.

Varios autores sostienen que la falta de acción importa una falta de procedibilidad y que una vez detectada la omisión de una condición de procedibilidad corresponde anular lo actuado y tenerse por no presentada la imputación y, en su caso la acusación pública formalizada del Fiscal o la actuación de la víctima que pretende actuar como querellante o acusador particular.

En primer lugar, el fiscal no puede promover la acción penal sin cumplir con todas las condiciones de procedibilidad. Si a pesar de la falta de éstas, el Fiscal imputa o acusa, corresponde al órgano jurisdiccional controlar la actuación del Fiscal, debido a que su pretensión punitiva no cumple con los requisitos legales de procedibilidad, que pueden resultar en típicos (expresamente nominados en la ley procesal) o atípicos o innominados.

Si el juez o tribunal verifica el incumplimiento de los requisitos de procedibilidad podrá, según el caso, anular obrados ordenando se cumpla con lo extrañado o no admitir el acto que el fiscal o la víctima pretende promover, en tanto no se cumpla con los requisitos legales de procedibilidad.

No sólo el Ministerio Público está autorizado para el ejercicio de la acción penal, también la víctima lo está, en consecuencia la víctima para ser parte en el proceso debe cumplir con los requisitos de querella y acusación particular que la norma exige,

El Código de Procedimiento Penal regula del modo siguiente, esta excepción destacando sus efectos: Artículo 312.- (Falta de acción). Cuando se declare probada la excepción de falta de acción, se archivarán las actuaciones hasta que se la promueva legalmente o desaparezca el impedimenta legal. Si el proceso penal depende de cualquier forma de antejuicio, el fiscal requerirá al juez de la instrucción que inste su trámite ante la autoridad que corresponda, sin perjuicio y de conservación de prueba.

Esta disposición regirá también cuando se requiera la conformidad de un gobierno extranjero y su trámite se instará por la vía diplomática.

La decisión sólo excluirá del proceso al imputado a quien beneficie.

Es decir que, si la cuestión previa de falta de acción es declarada fundada y/o procedente, se anula el proceso, pero si se subsana la omisión se puede volver a promover la acción penal.

Por ello es que la doctrina considera que los efectos principales de la excepción de falta de acción declarada procedente son dos; el primer efecto de carácter anulatorio y el segundo efecto de carácter extensivo.

Si el efecto o efectos son de carácter anulatorio y una vez que la falta de acción es declarada procedente, es decir que el órgano judicial competente asume convicción de que la acción penal fue mal promovida por el incumplimiento de alguna condición de procedibilidad, no hay otra alternativa más que anular lo actuado con posterioridad a ella. Sin embargo, si aún no ha prescrito el derecho a ejercitar la acción penal, su titular podrá ejercitarla nuevamente, luego que el requisito de procedibilidad omitido se haya cumplido.

La falta de acción declarada procedente no resuelve sobre el fondo del asunto, sino simplemente resuelve un aspecto esencial de índole procesal, que afecta la consistencia de la relación procesal penal. Se trata, en buena cuenta, de una resolución que elimina un vicio procesal a fin de que el proceso pueda reencausarse regularmente si fuere el caso.

En el caso del efecto de carácter extensivo, la resolución que declara fundada esta cuestión previa extiende sus efectos a todos aquellos que se encuentren indebidamente comprendidos en una denuncia o procedimiento que se ha iniciado incumplimiento requisitos de procedibilidad.


Extractado de “Guía de Actuaciones Para la Aplicación del Nuevo Código de Procedimiento Penal”. Alberto J. MORALES VARGAS. 1ª Edición; La Paz - 2004. Derechos Reservados GTZ – Proyecto de Apoyo a la Reforma Procesal Penal