COMENTARIOS - CASOS PRACTICOS (Artículo 133 NCPP)

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¿Qué justificaciones pueden darse en relación al principio de celeridad?

El juicio penal constituye siempre una afectación grave para la persona acusada, motivo por el cual debe llevarse a cabo en los plazos más breves posibles. Por otra parte, el establecimiento de un juicio oral, público, contradictorio y continuo requiere del principio de celeridad, ya que un juicio con esas características debe ser realizado rápidamente.

El principio de celeridad favorece también la producción de la prueba, ya que los distintos medios de prueba disponibles normalmente pierden "calidad" con el transcurso del tiempo.

Es de destacar que una de las garantías establecidas en favor del imputado es justamente la de ser juzgado en un plazo razonable; este principio es, justamente, una forma de contribuir al cumplimiento de esa garantía.

¿Qué normas legales hacen referencia a la celeridad en la tramitación de los juicios?

El Art. 116 par. 10 de la CPE establece que la celeridad en los juicios es una condición esencial de la administración de justicia.

El Art. 1 num. 13 de la Ley de Organización Judicial (Ley 1455) establece que "La justicia debe ser rápida y oportuna en la tramitación y resolución de las causas".

El Nuevo Código de Procedimiento Penal contiene varias normas relacionadas al principio de celeridad:

El Art. 130 establece que los plazos son improrrogables y perentorios.

El Art. 133 establece que la duración máxima del proceso es de tres años.

El Art. 334 determina la continuidad del juicio, asegurando así la celeridad de los juicios. Por ello únicamente se podrán suspender la audiencia por un plazo máximo de diez días (Art. 336).

La Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José) establece el derecho de cada persona a ser juzgada dentro de un plazo razonable, y de tener recursos expeditos disponibles que la protejan contra abusos del poder estatal. El Artículo 7 parr. 5 establece que "Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un Juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable..."; el Artículo 8 parr. 1. determina que: "Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un Juez o Tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella.."; y finalmente el Artículo 25 parr. 1 de dicho instrumento internacional establece que "Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales".



Extractado de “El Nuevo Código de Procedimiento Penal. De la Teoría a la Práctica”. Cecilia POMAREDA de ROSENAUER y Jörg Alfred STIPPEL. 1ª Edición; Plural Editores. La Paz - 2001. Derechos Reservados GTZ – Proyecto de Apoyo a la Reforma Procesal Penal


EL DEBIDO PROCESO.-
Esta garantía tal cual ahora la conocemos, fue introducida por la Constitución de los Estados Unidos a través de la V Enmienda (l79l). Progresivamente fue evolucionando y de ser considerada una garantía de mera legalidad, como simple reserva de ley, pasó a configurarse como garantía de justicia.
En la Constitución Política boliviana este principio se encuentra plasmado en los artículos 14 y 16. En el Nuevo Código de Procedimiento Penal de manera concreta en los artículos I y 2, y de forma general en todo el procedimiento.
De esta garantía genérica se han desglosado las siguientes garantías específicas:

    a) Derecho a ser adecuadamente emplazado y a gozar de un tiempo razonable para preparar la defensa; b) Derecho a ser juzgado por un juez imparcial;
    c) Derecho a la tramitación oral de la causa y a la publicidad;
    d) Derecho a la prueba, que importa derecho a las solicitudes probatorias, a la participación en la actuación probatoria, a investigar sobre la prueba antes del juicio y a la carga de la prueba por la acusación; y
    e) Derecho a ser juzgado sobre la base del mérito del proceso.

El debido proceso comprende numerosas instituciones relacionadas tanto con las partes como con la jurisdicción que han de preservar la certeza en el proceso. Busca rodear al proceso de las garantías mínimas que amparan y protegen a todo ciudadano que se encuentra sometido a un proceso penal, equilibrando la situación de el frente a todo el Poder punitivo del Estado, más aún cuando se habla de un verdadero estado de derecho.
Según el autor Luigi Ferrajoli, éstas pueden ser resumidas en cuatro axiomas:

    1. Nulla culpa sine indicio.
    2. Nullum indicium sine accusatione.
    3. Nulla accusatione sine probatione.
    4. Nulla probatio sine defensum.

La característica de virtualidad de esta garantía permite con respecto a los Convenios Internacionales, integrar garantías concretas que están recogidas o reconocidas de forma expresa en el Nuevo Código de Procedimiento Penal, como por ejemplo las siguientes:

    a) La garantía de la no-incriminación. Art. 6 NCPP.
    b) El derecho de un juez imparcial. Art. 3 NCPP.
    c) El derecho a ser juzgado dentro de un plazo pronto y oportuno. Art. 133 NCPP.
    d) Derecho de utilizar los medios de prueba que considere necesarios y sean obtenidos legalmente. Art. 13 NCPP.
Extractado de “Guía de Actuaciones Para la Aplicación del Nuevo Código de Procedimiento Penal”. Alberto J. MORALES VARGAS. 1ª Edición; La Paz - 2004. Derechos Reservados GTZ – Proyecto de Apoyo a la Reforma Procesal Penal


DERECHO A SER JUZGADO SIN DILACIONES INDEBIDAS.-

El derecho que tiene todo ciudadano a ser juzgado o a que se resuelva el conflicto o su pretensión en un plazo razonable, sin dilaciones indebidas.

Es un derecho fundamental de naturaleza reaccional que se dirige a los órganos judiciales, creando en ellos la obligación de actuar en un plazo razonable. La lenta reacción judicial, sin justificación, origina y propicia una causa o motivo en cierto sentido de despenalización porque el reproche judicial viene ya viciado por extemporáneo.

Este derecho no se identifica con el mero incumplimiento de los plazos procesales, importa la utilización de un concepto jurídico indeterminado que necesita ser dotado de un contenido concreto. Su vulneración se produce siempre como consecuencia de una omisión que realiza un órgano jurisdiccional sobre aquella obligación constitucional de resolver dentro de los plazos previstos las pretensiones que se formulen.

Este derecho vulnerado exige de parte de la autoridad judicial su inmediato establecimiento, vale decir, la emisión de la resolución cuya tardanza o demora injustificada se pone de manifiesto. Sin embargo la opción que va teniendo cada vez más consistencia, es aquella que postula declarar, junto a la vulneración del derecho al plazo razonable, la reducción de la pena.

La violación de este principio ha sido una de las principales causas que han incidido en la retardación de justicia, al respecto y siendo un eje rector de la reforma procesal penal la lucha contra la retardación de justicia, el nuevo Código regula en todo un Título, los Arts. 133 al 135, los mecanismos de control de la retardación de justicia.


Extractado de “Guía de Actuaciones Para la Aplicación del Nuevo Código de Procedimiento Penal”. Alberto J. MORALES VARGAS. 1ª Edición; La Paz - 2004. Derechos Reservados GTZ – Proyecto de Apoyo a la Reforma Procesal Penal


PRINCIPIO DE CELERIDAD EN EL JUZGAMIENTO.-

Este viene a ser un principio ideal, que persigue toda administración de justicia, a fin de que el juzgamiento se desarrolle normalmente y culmine en forma pronta y oportuna. Entonces, desde que se da la apertura del Juicio Oral hasta que concluya se ha de emplear un tiempo prudente. Se reconoce la exigencia de un Juicio Oral breve y sin dilaciones, coadyuvando con los principios procesales de economía, concentración y simplificación procesal.

El Nuevo Código de Procedimiento Penal establece plazos concretos para la conclusión de las etapas preparatoria y del Juicio oral, en este sentido el art. 133 establece (Duración máxima del proceso) Todo proceso tendrá una duración máxima de tres años, contados desde el primer acto del procedimiento salvo el caso de rebeldía. Además que el art. 135 impone sanciones disciplinarias y penales a los funcionarios negligentes que incurran en la retardación de justicia.

Con relación a la extinción de la acción en la etapa preparatoria el art. 134 del NCPP indica que la etapa preparatoria deberá finalizar en el plazo máximo de seis meses de iniciado el proceso y si este es muy complejo por ejemplo los delitos cometidos por organizaciones criminales el fiscal podrá solicitar al juez de la instrucción la ampliación de la etapa preparatoria hasta un plazo máximo de dieciocho meses.

El tratadista MIXAN MASS, cuando habla de este principio se refiere: "....podemos señalar entre otros factores fundamentales de la celeridad en el Juicio Oral: a) iniciar la audiencia conociendo previa y exhaustivamente el contenido del proceso judicial, b) concentrando la atención durante la sesión de audiencia, c) aplicar correctamente la continuidad y concentración de audiencia, y d) no desnaturalizar el interrogatorio.

Principio que con el Nuevo Código de Procedimiento Penal y la aplicación del juicio oral más el plazo racional que se prevé para la duración de la etapa preparatoria, la celeridad debe dejar de ser un postulado teórico para constituirse en un principio realizable incluso desde la etapa de las investigaciones hasta la tramitación del último recurso.

Asimismo los Arts. 133 al 136 que efectivizan un adecuado control a la retardación de justicia garantizan celeridad en el juzgamiento.


Extractado de “Guía de Actuaciones Para la Aplicación del Nuevo Código de Procedimiento Penal”. Alberto J. MORALES VARGAS. 1ª Edición; La Paz - 2004. Derechos Reservados GTZ – Proyecto de Apoyo a la Reforma Procesal Penal